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AZUA, RD. -Tras externar su preocupación por los niveles de contaminación del humo expulsado la barcaza instalada en aguas del Puerto Viejo en esta provincia comunitarios y ambientalistas urgieron al ministerio de Medio Ambiente hacer un descenso a la zona y medir la calidad del aire a la salida de cada chimenea.
“Desde hace unos días las chimeneas de una barcaza de generación de energía eléctrica ubicada en aguas del Puerto Viejo de Azua, a unos metros de la costa sur de República Dominicana, han comenzado a funcionar y a expulsar humo, observado con preocupación por los habitantes de la zona”, señaló un dirigente comunitario que pidió la intervención del presidente de la República.
Uno de los ambientalistas de la zona precisó que aunque el humo no es negro es apreciable aun cuando todo luce indicar que no están encendidos todos los motores que son alrededor de 20.
Advirtió que “ante el impase creado con la comunidad y ambientalistas y los cuestionamientos surgidos, Medio Ambiente está en la obligación y el deber de hacer un descenso a la zona, hacer mediciones de la calidad del aire a la salida de cada chimenea, medir la temperatura del agua de enfriamiento descargada al mar y reunirse con la comunidad para escuchar sus reclamos y quejas”.
Desde el encendido de la unidad eléctrica flotante algunas de sus chimeneas expulsan humo, observado con preocupación por los habitantes de la zona.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concedió a la empresa Karadeniz Powerhip licencia para operar allí, una zona de amortiguamiento donde convergen tres áreas protegidas- el Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño, el Parque Nacional Sierra Martín García y el Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo.
Según un informe de la Fundación Friedrich Ebert, esa licencia obvia “los serios daños ambientales, económicos y sociales” que generará la actividad, “dando la espalda a los intereses de la gente de la zona”, que vive de la pesca y la agricultura.
La concesión del permiso contraviene leyes como la Constitución, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (2012), la de Pesca y Acuicultura, el Reglamento de Evaluación Ambiental o la normativa para el manejo de las zonas de amortiguamiento de las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La estructura utiliza uno de los combustibles más contaminantes y peligrosos que existen, el Búnker 6. Una gota contaminaría unos 4.000 litros de agua, causando envenenamiento y otros trastornos, afirma la Fundación.
Aunque podría usarse gas natural, se utiliza Búnker 6 por cuestiones meramente económicas, señaló el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Euren Cuevas, que representa a las comunidades afectadas por la instalación de las barcazas, especialmente la población de Los Negros de Azua.
“El gas natural ahora mismo está por las nubes y ellos van a buscar lo más barato, no les importa la salud del pueblo, no les importa la biodiversidad, el medio ambiente. Ellos lo que quieren es ganar dinero».
La actividad del sistema genera óxidos de nitrógeno y azufre que causan problemas respiratorios y agravan los existentes, así como las enfermedades cardiovasculares. Además, el ruido y las vibraciones pueden provocar pérdida de audición, interrupción del sueño y deterioro del rendimiento cognitivo en niños.
Las barcazas descargan el agua caliente usada para enfriar las turbinas, reduciendo el crecimiento, desarrollo y reproducción de la fauna y flora acuáticas al subir la temperatura.
Con estos argumentos, más de 40 instituciones y organizaciones comunitarias presentaron en enero un recurso contencioso administrativo demandando la nulidad de licencia ambiental, algo que no ha impedido la entrada en funcionamiento de la estructura.
El dirigente comunitario Juan Adalberto Beltré, de la Unión Antibarcaza, explicó que la instalación les vino impuesta “violando todo tipo de reglamento legal”, sin socializarlo con los habitantes de la zona, y cuando la comunidad reaccionó “trajeron los militares y agredieron a bombazos” a la población, dejando a personas “con lesiones permanentes».
