Involucran abogados y jueces en entramados mafiosos. El Senado crea una comisión especial para investigar fraudes inmobiliarios. Diputado de Puerto Plata exige Procuraduría actúe
SANTO DOMINGO.- La historia de bahía de las Águilas, en Pedernales, y de Punta Rucia, en Puerto Plata, ahora se está repitiendo en Baní, donde un entramado mafioso pretende adueñarse de los terrenos de una prestigiosa familia de empresarios, que adquirió sus terrenos en 1967. Así lo ha reiterado el senador Iván Silva, de la provincia de La Romana, quien denunció que la estafa de terrenos en el país ocurre con la complicidad de instituciones sumamente importantes del Estado.
El legislador puso como ejemplo, que el entramado mafioso utiliza a instituciones como la Junta Central Electoral, para diseñar y crear cédulas de personas inexistentes y de otras que ya han muerto. Dice que utilizan, igualmente, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, para hacer declaraciones y acciones de compañías, tejiendo una maraña para apropiarse de un inmueble, que se vea que se adquirió “de manera completamente legal cuando todo es fraudulento".
Pidieron a las Inspectorías de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Público que actúen y sometan a la justicia a todo el que resulte responsable sin ocultar ni proteger a nadie. Los integrantes de esa mafia, de acuerdo a los legisladores son abogados, notarios, agrimensores, alguaciles, policías y militares y personas que laboran en diferentes instituciones del estado.
Silva dijo que esos entramados son muy famosos, mencionado que son los mismos que se han hecho en playa Baní, Punta Rucia, en Puerto Plata, y Bahía de las Águilas. Ahora se habla de que lo mismo estaría ocurriendo en playa Bucanyé, en Pedernales y piden no ser pasivos con estas bandas que afectan la seguridad jurídica y hacen un llamado a los jueces a no ser cómplices de estos entramados.
El senador Silva señaló que esa gente, esa refiriéndose a los mafiosos, hace creer que esa propiedad se la vendieron a una compañía, y esa compañía a otra compañía, y todas, en realidad, son de los mismos dueños, por su parte el diputado de Puerto Plata dijo que en Punta Rucia así mismo pasó con una compañía de carpeta llamada Franasyl,S.R.L que es la que disfraza el fraude.
Esas compañías, dijo, reportan que pagaron impuestos, que cuando el afectado va a Impuestos Internos, resulta que no han pagado ningún impuesto. Dijo que el caso que denunció en el Senado, afecta dos familias prestigiosas, Hilary Mayor (de La Romana) y Serrano (de Baní). Hilary Mayor, por ejemplo, compró una propiedad al Banco Agrícola el 13 de julio de 1967.
La parcela 21, del Distrito Catastral No. 5, con una superficie de más de 6 millones de metros cuadrados, localizada en la bahía de las Calderas, en Baní, provincia Peravia. Y ahora aparece una supuesta compañía que trata de despojar a la familia Hilari Mayor de sus terrenos, compañía creada, según denunció el legislador, a base de cédulas de personas muertas, cédulas de personas que no existen, falsificaciones de acciones, documentos apócrifos y títulos espurios, así como registros mercantiles y actas de asambleas falsas.
Punta Rucia
El entramado mafioso que trata de apoderarse de los terrenos del fenecido empresario alemán, Carlos López Wsten, también ha logrado falsificar una serie de documentos, para fabricar una falsa determinación de herederos.
Empero, para esos mafiosos la situación se le ha puesto difícil, ya que los herederos de López Westen han depositado en tribunales dominicanos los documentos legítimos sobre la propiedad del fenecido empresario alemán y reclaman la imprescriptibilidad de sus derechos de propiedad ya que contra ellos se cometió un fraude.
Diputado exige Procuraduría actúe
El diputado de la provincia de Puerto Plata, Ramón Alberto Dorrejo, reiteró su denuncia de los atropellos y abusos de que son víctimas ciudadanos de la comunidad de Punta Rucia, en el distrito municipal de Estero Hondo, municipio La Isabela.
En ese lugar, declaró que gente de poder, que ni siquiera buscan una orden de desalojo, sino con la fuerza, hacen desalojos a personas y alejan la inversión extranjera de la zona. El legislador puso el ejemplo de una señora, refiriéndose a la ciudadana estadounidense Ananella Anabella Starnes, que fue salvajemente golpeada en Punta Rucia. Dijo que ha hecho la denuncia, tanto en la Cámara de Diputados como en la Procuraduría General de la República.
En ese sentido, el diputado Ramón Alberto Dorrejo declaró que es tiempo de que la Procuraduría General de la República le ponga atención a esa situación antes que suceda una desgracia y tengan que ir a recoger los muertos.
Señaló que tiene conocimiento de que la Procuraduría concluyó las investigaciones del fraude que tenía que hacer y tiene sus resultados de que se trata de un entramado criminal igual que cualquier otro caso.
“Lo único que le estamos pidiendo (a la Procuraduría General de la República) es que, por favor, actúen”, subrayó. Dijo, igualmente, que todo lo que arrojó la investigación de la Procuraduría es grave “y que, aunque en este gobierno se dice que no hay vacas sagradas, aunque sean tutumpotes la lentitud están haciendo eso, que, por favor, procedan ese caso para tranquilidad de esas comunidades”.
Dijo que en Punta Rucia se hizo una determinación de herederos falsa, y que el verdadero propietario de esos terrenos, Carlos López Westen (fallecido empresario alemán), dejó a sus hijos como herederos y no a 3 falsos hermanos como dice la falsa resolución. Sostuvo que no se puede permitir que en Puerto Plata, las cosas malas se dejen así, porque eso aleja la inversión y frena el desarrollo.
El diputado Ramón Alberto Dorrejo dijo que esa situación, no sólo ocurre en Puerto Plata, sino en otras partes del país, a nivel nacional, porque es una mafia que involucra a la Dirección Inmobiliaria y al Tribunal de Tierra. Por esa razón cree que la Procuraduría General de la República no puede echar a un lado lo que está ocurriendo, porque afecta el patrimonio de muchos ciudadanos.
