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Amy Goodman y Denis Moynihan
La lucha por la igualdad de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales se ha estado librando desde hace más de un siglo. A pesar de los importantes logros conseguidos, al iniciar este mes del Orgullo LGBTQ+ esa lucha está lamentablemente lejos de finalizar. En estos días, enormes columnas de humo, originadas por los incendios forestales que se están propagando vertiginosamente al norte de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, se extienden sobre la costa este del país, oscureciendo los cielos y obligando a las personas a permanecer en sus hogares. Paralelamente a este fenómeno, una epidemia de discriminación y odio contra la históricamente marginada comunidad LGBTQ+ también se ha propagado por todo el territorio estadounidense, impulsada por demagogos, políticos cínicos y personas intolerantes. Gobiernos estatales y locales de Estados Unidos están aprobando leyes represivas, prohibiendo libros y criminalizando a las personas LGBTQ+.
Esta avalancha de leyes, que a menudo son acompañadas de actos de intimidación y violencia, llevó a la Campaña de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés), la organización más grande del país en defensa de los derechos de las personas LGBTQ+, a emitir el siguiente anuncio:
“Hemos emitido oficialmente, por primera vez, una declaración de estado de emergencia para las personas LGBTQ+ en Estados Unidos, debido al aumento peligroso y sin precedentes de ataques legislativos contra la comunidad LGBTQ+ que se han desplegado en diversas asambleas legislativas estatales del país este año. Solamente en lo que va de 2023, más de 75 proyectos de ley contra los derechos de las personas LGBTQ+ se han convertido en ley. Esa cifra supera en más del doble la registrada el año pasado, que fue el peor año para ese colectivo en términos de legislación, desde que se tiene constancia”.
La presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, Kelley Robinson, dijo a Democracy Now!:
“En este momento, en el que la gente está viajando por todo el país y tomando decisiones acerca de dónde mudarse o a qué escuelas asistir, es nuestra responsabilidad informar sobre dos aspectos fundamentales. En primer lugar, acerca de la inminente crisis de salud y seguridad a la que se enfrenta nuestra comunidad. Y, en segundo lugar, sobre la compleja y diversa variedad de protecciones disponibles para nosotros y nuestras familias en el país, las cuales varían según el estado en el que nos encontremos”.
La Campaña de Derechos Humanos realiza un seguimiento de estos proyectos de ley contra las personas LGBTQ+. En lo que va del año, se han presentado más de 520 proyectos de ley que tienen como blanco a esta comunidad; 75 de ellos ya han sido aprobados y han generado importantes impactos negativos. Estas leyes criminalizan la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas trans menores de edad, prohíben la enseñanza de temas relacionados con la comunidad LGBTQ+ en las escuelas, impiden que las personas transgénero utilicen baños que coincidan con sus identidades de género, censuran libros, y promueven otras medidas discriminatorias y perjudiciales para las personas LGBTQ+.
En la entrevista que mantuvo con Democracy Now!, Robinson agregó: “Una minoría ruidosa […] está sembrando odio y miedo contra nuestra comunidad porque no está dispuesta a resolver los verdaderos problemas. Si realmente se preocuparan por la seguridad de los menores, estas personas deberían estar impulsando legislaciones para prevenir la violencia con armas de fuego, que es la principal causa de muerte de nuestros niños y niñas”.
Esta avanzada legislativa contra los derechos de la comunidad LGBTQ+ ocurre en paralelo con el período de presentación de candidaturas para las primarias republicanas de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, que recientemente anunció su candidatura presidencial, ha promovido diversas leyes que atentan contra los derechos de la comunidad LGBTQ+. Entre estas legislaciones se encuentra la conocida como “No digas gay”, que prohíbe a los docentes abordar temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en sus clases. Otra de las legislaciones prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para menores de edad. Otros candidatos del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 están siguiendo su ejemplo.
La exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, también aspirante a la presidencia por el Partido Republicano, sugirió que oponerse a los derechos de las personas trans es una premisa feminista.
En un foro público recientemente organizado por la cadena de noticias CNN, Haley expresó: “El hecho de que personas biológicamente asignadas como varones estén participando en equipos deportivos femeninos es el [verdadero] problema de las mujeres de nuestro tiempo. […] ¿Cómo se supone que vamos a acostumbrar a nuestras niñas al hecho de que personas biológicamente asignadas como varones estén presentes en sus vestuarios?”.
En la conversación con Democracy Now!, la presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, Kelley Robinson, respondió: “Esto es teatro político. Están haciendo esto para complacer a las bases republicanas que siguen a Trump en estos estados. […] El 70% de los estadounidenses apoya a la comunidad LGBTQ+ y cree que las legislaturas deberían defender nuestros valores. Una de cada cinco personas de la Generación Z se identifica como miembro de la comunidad LGBTQ+, lo que equivale a 20 millones de adultos estadounidenses. Este no es un tema periférico”.
El movimiento cristiano evangélico ha estado activamente involucrado durante mucho tiempo en la oposición y crítica hacia la comunidad LGBTQ+. Importantes telepredicadores evangelistas como Pat Robertson, quien murió esta semana a la edad de 93 años, y organizaciones como Focus on the Family y Alliance to Defend Freedom han incentivado actos de intolerancia y represión no solo en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo.
Uganda se ha colocado en la vanguardia de esta corriente de criminalización de la homosexualidad que tiene su epicentro en Estados unidos. En mayo, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, promulgó una ley anti-LGBTQ+ que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con cadena perpetua o, en algunos casos, con la pena de muerte. Como resultado, muchos ugandeses de la comunidad LGBTQ+ se han escondido o han huido del país.
Frank Mugisha, un activista ugandés en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, dijo a Democracy Now!: “La homofobia y la transfobia que observamos hacia las personas queer y trans en Uganda tienen sus raíces en Occidente. En gran medida, estas son promovidas por extremistas evangélicos estadounidenses”. Mugisha teme que se implanten leyes similares en países vecinos, como Tanzania y Kenia.
La declaración del estado de emergencia emitida por la Campaña de Derechos Humanos no tiene precedentes, pero no se trata solo de una advertencia. La declaración concluye con un llamado a la acción, que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, deberían tener presente durante este mes del Orgullo y siempre:
“Nuestra comunidad está en peligro, pero no dejaremos de luchar, ni ahora ni nunca”.
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
