En un fallo considerado como histórico, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a los exjefes de la DINA Juan Hernán Morales y Pedro Octavio Espinoza y otros 35 acusados.
La justicia de Chile condenó a 37 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de la dictadura, por el secuestro y asesinato en 1976 de la segunda directiva del Partido Comunista de Chile (PCCh) en una operación conocida como Calle Conferencia II, informaron fuentes judiciales.
En un fallo considerado como histórico, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a los exjefes de la DINA Juan Hernán Morales y Pedro Octavio Espinoza a 20 años de prisión como coautores de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda y Lincoyán Yalú Berríos.
Los dos exoficiales represores también fueron sancionados a otros 15 años de cárcel por el secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro, Héctor Véliz y Waldo Ulises Pizarro. Asimismo, otros 35 imputados recibieron condenas de entre 15 y dos años de privación de libertad por delitos de lesa humanidad, informó el Poder Judicial chileno.
A fines de 1976, la Brigada Lautaro, acantonada en el campamento Simón Bolívar, llevó a cabo una operación de contrainsurgencia con el objetivo de liquidar a los miembros de la segunda dirección clandestina del Partido Comunista de Chile, durante el gobierno de facto del general Augusto Pinochet.
Nelson Caucoto, el abogado querellante en el caso, aplaudió el fallo que cierra un juicio sobre violaciones de los derechos humanos y ofrece justicia a los familiares de las víctimas en su lucha por la verdad y contra la impunidad, a 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular.
“Este caso, denominado Conferencia II, permitió que se descubriera el cuartel de exterminio de la DINA en calle Simón Bolívar, del cual nunca nadie salió vivo y nadie escapó de la brutalidad de la tortura”, destacó Caucoto, para quien el mensaje de cero impunidad de los tribunales chilenos es un llamado a no repetir estos crímenes.
La diputada Lorena Pizarro, hija de uno de los detenidos desaparecidos, lamentó que la justicia haya demorado 47 años después de los sucesos, dejando que muchos de los exuniformados fallecieran sin castigo y muchos familiares también murieran sin encontrar la justicia que merecían.
No obstante, apuntó en sus redes sociales, el proceso puso en evidencia la agresividad de la dictadura y sus agentes, algo muy oportuno en momentos en que algunas figuras políticas chilenas niegan la existencia de un régimen que torturó, mató y provocó la desaparición forzada de aquellos que pensaban de una forma diferente.
