La fiscalizadora fue investigada por el acuerdo penal abreviado con que benefició a los imputados de la muerte de la abogada Anibel González y la señora Juana Domínguez, ambas asesinadas por sus exparejas después de que fueron puestos en libertad bajo los cuestionados procesos.
La fiscal fue acusada por el Ministerio Público de supuestas irregularidades en el transcurso del proceso judicial seguido contra Yasmil Oscar Fernández, quien luego de obtener su libertad mediante un acuerdo, homologado por un juez, le ocasionó la muerte a su expareja Anibel González y luego se suicidó, en un hecho ocurrido en San Pedro Macorís el 2019.
Hernández Morales fue quien al igual que en el caso de la asesinada abogada firmó el acuerdo mediante el cual Johan Manuel Ramírez fue puesto en libertad al año y medio de haber intentado matar de 11 puñaladas a Juana Domínguez Salas, a quien luego mató.