SANTO DOMINGO, RD. El proyecto de la tercera línea del metro de Santo Domingo, que conectaría a Los Alcarrizos con el kilómetro nueve de la autopista Duarte, confronta una procesión de conflictos y denuncias sobre supuestas irregularidades que amenazan el éxito de esta importante obra.
Primero fue una denuncia de que la Oficina de Reordenamiento del Transporte (OPRET) sobrevaloró costos de viviendas y terrenos expropiados que envolvieron un monto de RD$ 775.5 millones en el proceso de desalojo para la construcción de la línea 2-B del Metro de Santo Domingo, que afectó fondos públicos por RD$ más 106. 3 millones, según una auditoría de la Cámara de Cuentas que examinó el periodo 2013-2017 de la gestión de Diandino Peña.
Los auditores analizaron los expedientes de 722 personas indemnizadas por sus viviendas afectadas durante la construcción la construcción del Metro, en los cuales detectaron que la entidad pagó RD$ 775,504,797; cifra que supera las evaluaciones realizadas por la Comisión de Comunicación de Expropiaciones y Afecciones de la Opret, que fue de solo RD$ 169,273,877.
Los documentos indican que existe una diferencia entre lo evaluado y el monto pagado por la Opret de RD $606,330,944 en perjuicios de la entidad y del Estado dominicano.
Diandino Peña, personas del círculo íntimo de Leonel Fernández y posteriormente Danilo Medina, fue interrogado en más de una ocasión por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por supuestos manejos irregulares de fondos públicos. Fue destituido de la Opret en mayo de 2017.
Las sobrevaluaciones de viviendas fueron tan evidentes, según el informe del órgano de control externo, que cita varios casos como el de la señora Amalia Esther Pérez Florentino, a quien las autoridades de la Opret pagaron la suma de RD$1,650,000 por su vivienda, sin embargo, la Comisión establece que su costo real es de RD$560,118, lo que marca una diferencia de RD$1,089,819.
Asimismo, se cita el caso de Ysidra Dinorah Mercedes que recibió una indemnización por su vivienda de RD$ 2,300,000, cuando la tasación indica que su precio en ese momento era de RD$937,497, resultando afectado el Estado dominicano con la suma de RD$ 1,362,503.
Otro hecho documentado en la auditoría de la CCRD, es la suma pagada a la señora Cara Zabala Santiago, quien “recibió” el monto de RD$ 2,500,000 por su propiedad, pero la Comisión la evaluó en RD$ 916,463, una sobrevaluación en su costo de RD$1,583,537.
Fueron en total 722 transacciones de compras por expropiaciones de viviendas y terrenos, y en todas, de acuerdo con la Investigación Especial, se detectaron pagos superiores al costo real de las propiedades, que, en algunos casos, se triplicaron sus precios.
En el Informe definitivo se hallaron también otros desembolsos irregulares por la suma de RD $27 millones 551,733, emitidos por la entidad a dueños de 229 viviendas desalojadas y reubicadas en casas de alquiler, sin los debidos documentos justificativos o contratos firmados entre los propietarios y los inquilinos.
También otra persona, Esmerlin de la Cruz, en cuyos terrenos se construye parte de la línea tres C del Metro Santo Domingo, reclama a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, el pago por una edificación que comenzaron a demoler que no estaba dentro de la obra.
Denunció que su edificio lo intentaron destruir para coger las varillas.
Los trabajos de extensión del Metro Santo Domingo, avanzan.
Y todavía persisten algunas situaciones para la construcción de ese sistema de transporte.
En ese sentido, el señor Esmerlin de la Cruz denuncia que después de vender una porción de su terreno para dar paso a la obra, los ingenieros destruyeron parte de un edificio de su propiedad que estaba en construcción.
Asegura que no fue la única afectación que le provocaron.
Afirma que su interés no es perturbar la obra, sino que las autoridades puedan resarcir los daños provocados en su propiedad, ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Duarte.
Otros propietarios de los predios en que se construye la nueva fase del sistema vial están la misma situación y han denunciado la ocupación de porciones de terrenos sin tomarlos en cuenta para resarcirlos económicamente.
