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Nacionales 
  • Por: La Redacción
  • lunes 10 julio, 2023

Ex coronel del ejército RD demanda al presidente Luis Abinader por desacatar sentencia

ABOGADOS DICEN HAY MAS DESACATOS JUDICIALES

Santo Domingo, RD.-Un ex coronel del Ejército de la República Dominicana interpuso una demanda en responsabilidad solidaria en concepto de daño patrimonial, por 50 millones de pesos contra el presidente de la República, Luis Abanador Corona y el Estado Dominicano, por incumplimiento de una decisión judicial definitiva que ordenó su reintegro en el cargo y el pago de los salarios dejados de cobrar, y que fue opinada favorablemente para su cumplimiento, por el Ministro de entonces Máximo William Muñoz Delgado.

En el recurso fue incoado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el ex oficial del Ejército, Ariel Concepción, representados por los abogados Manuel Sierra e Ybo Rene Sánchez Díaz, quienes alegan que con su omisión, el Presidente Abinader Corona y el Estado, violan la Constitución de la República en su artículo 148 y las leyes 41/08, 247-2012, 107/13 y la 13-07, en sus artículos, respectivamente, 90-91, 12-17 y 57-60, sin desmedro de algunos precedentes del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el Tribunal Constitucional (TC-RD), al no ejecutar la sentencia Número 432-2013, del 21 de diciembre del año 2013.

Según el auto del TSA, en el mismo se ordenó emplazar al jefe del Estado, al Estado como persona moral responsable y al Procurador General Administrativo para que, en el plazo de 30 días, produzcan sus escritos de defensas sobre el fondo del recurso contencioso administrativo, ejercido por el ex oficial.

En la demanda el ex oficial alega que, desde el 2013, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Teniente General, Máximo Muñoz Delgado, basado en las opiniones jurídicas del

 Los cuerpos jurídicos del Ejercito de la República y el Ministerio de las FF.AA  número 240-2014, envió el oficio 25468 de fecha 25 de agosto del año 2014, al presidente de turno,  Danilo Medina Sánchez, solicitándole el reintegro del ex coronel, debido a que la sentencia era definitiva, debido a que con su cancelación sin decreto le fueron violado sus derechos fundamentales y por ende, en cumplimiento de la sentencia, dicho ministro solicitaba al jefe del estado dieran cumplimiento a la sentencia del TSA, misma que a la fecha está siendo grosera, temeraria y abusivamente desacatada por el actual presidente Luis Abinader Corona.

En su demanda afirman los abogados del oficial, que procurando la ejecución de la misma, intimaron y pusieron varias veces en mota al tanto al presidente de la República mediante actos de alguacil, y que a la fecha continúa el desacato, a pesar de que el mandatario,  juró ante la biblia y la constitución cumplir y hacer cumplir las leyes y las decisiones emanadas de los tribunales del País, sin embargo, esta y sigue haciendo lo contrario, tal como recientemente lo manifestó el presidente el TC, doctor Milton Ray Guevara en un discurso a la comunidad jurídica.

Sostienen los abogados en una nota difundida en los medios de comunicación,  que ante el desacato de la sentencia  de parte del Ejecutivo, Ariel Concepción, no le quedó otra vía que interponer una demanda en daños y perjuicio patrimonial a los fines de que el actual Presidente cese en su desacato, y se apegue al respeto y la independencia de la justicia cumpliendo con la ley y el fallo de la sentencia, ya que la misma es una decisión que alcanzó la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, tal como lo admitió en un oficio el ex ministro Muñoz Delgado en los oficios números 240-2014 y 25468 de fecha 25 de agosto del año 2014, los cuales envió al presidente de entonces Danilo Medina Sánchez.

En tal sentido, el TSA ordenó emplazar mediante acto de alguacil, al Ejecutivo y al propio Estado como persona responsable, para que realicen defensa al fondo.

Asimismo, el ex oficial también, puso en mora al actual Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional para que en un plazo de 15 días para que ejecuten la sentencia en los salarios no pagados ordenados en la sentencia del 2013, pero estos tampoco han respetado el principio sagrado de la Constitución, ya que al parecer en el Ministerio la señora Candy Díaz Morfa, se erige en ley batuta y constitución violando lo dispuesto en varias sentencias, ella no cree en eso.

Atreves[b1]  de sus abogados Sierra y Sánchez Díaz, el suspendido coronel, lamentó por otro lado que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, también recientemente envió al Ministro Díaz Morfa, un oficio sobre la sentencia, pero  que con el mismo no se ha hecho nada ya que el consultor jurídico del Ministerio en complicidad con la Generala Candy Díaz Morfa, se niegan a obedecer el oficio no. 0617-2023, que les remitió el Dr. Antoliano Peralta, desobedecido a pesar de que les dice que deben cumplir lo ordenado por el TSA, ya que es definitiva.

Afirman en su nota de prensa dichos abogados de la defensa que, esa acción de ambas partes, es abusiva y constituye un desacato a una decisión de un órgano judicial, en violación al artículo 148 de la Constitución y el artículo 57 al 60 de la Ley 107-13, 90 y 91 ley 41-07, que estatuyen la obligatoriedad de ejecutar las decisiones judiciales definitivas y responsabilidades patrimoniales de los funcionarios públicos, de lo que no escapa el Presidente de la Republica.

Los juristas lamentaron que a pesar de que el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, se quejó acerba y publicamente en el discurso rendido ante el País, sobre que el Gobierno Central y las Fuerzas Armadas son las instituciones más incumplidoras de las sentencias, este presidente que ha propugnado por la independencia de la justicia, no acate las decisiones emanadas de los tribunales, siguen los desacatos deportivamente.

Los litigantes hicieron acopio de las declaraciones de Ray Guerava, quien dijo: “ En el Tribunal Constitucional  reposa un total de 92 sentencias pendientes de ejecución, por parte de autoridades públicas y privadas. Resulta difícil de entender que, de esa cantidad, 58 casos de inejecución corresponden a instituciones del gobierno central, quienes deben dar el ejemplo”.

Los representantes legales de Fernández Concepción pidieron al TSA acoger en todas sus partes la demanda en responsabilidad solidaria por 50 millones de pesos, como reparación de los daños y perjuicios ocasionados al exmilitar, quien fue cancelado en el gobierno de Danilo Medina alegadamente sin ninguna justificación.

El exoficial también ha sido beneficiado con otras dos decisiones judiciales definitivas desacatadas, que han alcanzado la autoridad dela cosa irrevocablemente juzgada y que el Ministerio de las FFAA, pretende seguir omitiendo cumplir,

Finalmente se recuerda que los penalistas, Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez, llevaron sobre sus hombros la defensa de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno(PRM), que fueron sometidos en el pasado gobierno, desde luego, cuando estaban en la posición y a sumieron la defensa del presidente del  Sector  Agropecuario del PRM, Leonardo Faña, así como  del expresidente de esa organización,  ingeniero Ramón Albuerquerque, del director de la Unidad de Prensa de la Presidencia, Daniel García Árchibal y el  del director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), general Ramón Antonio Guzmán Peralta, entre otros.

PEPE GOICO, TAMBIEN DEMANDO POR ANTE EL TSA, AL PRESIDENTE ABINADER, AL ESTADO Y A 14 GENERALES DEL ESTADO MAYOR DE LAS FFAA, INCLUYENDO A SU ACTUAL MINISTRO CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA, POR 100 MILLONES DE PESOS, POR DESACATO.

Manuel Sierra también se le vincula proximidad con el expresidente de la República, Hipólito Mejía, y ser la defensa de uno de sus principales colaboradores, el coronel Pedro Julio Goico Guerrero, mejor conocido como Pepe Goico, quien también demandó al Presidente de la República,  al Estado Dominicano y al  Ministerio de Defensa por 100 millones de pesos, por inejecución de una sentencia que, al igual que  en el caso anterior,  adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y cuya audiencia está en proceso de conocimiento también por desacato de sentencia.

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