A pesar de la urgencia por estrechar lazos, una combinación entre objetivos contrapuestos, reticencias de Bruselas y tensiones políticas, hacen dudar del éxito del encuentro.
En los dos lados del Atlántico hay alta expectativa por la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), pautada para los días 17 y 18 de julio en Bruselas, Bélgica.
El encuentro, que será el primero de alto nivel desde 2015, pretende relanzar las relaciones birregionales en un contexto que resulta particularmente imperioso para el bloque europeo, enfrascado recuperar posiciones perdidas en la última década frente a otros actores, especialmente China.
De su parte, América Latina y el Caribe intenta abrirse paso en las altas esferas internacionales como un bloque unificado, con voz propia y al margen de diatribas entre potencias globales.
Aunque durante el último semestre la UE se ha embarcado en una ofensiva diplomática en la región latinoamericana y caribeña, y ha manifestado abiertamente su interés en estrechar los lazos y dar pasos concretos hacia la integración, las cosas no parecen estar marchando como se esperaba.
Antes bien, los más recientes informes dan cuenta de importantes escollos cuya solución no parece ni simple ni rápida, pero que de todos modos es imperativo atender, pues no hacerlo comprometería sensiblemente el éxito del encuentro y de los planes de la UE.
La causa última de los desencuentros parece residir en que, a despecho de Bruselas, los países de la Celac no están dispuestos a ser tratados como un interlocutor de segundo orden ni a subordinar su agenda a las prioridades de los países europeos en ningún ámbito.
El Acuerdo Comercial entre el Mercosur y la UE figura como uno de los puntos más visibles de la disputa en la relación birregional, porque arrastra dos décadas de negociaciones que no se han traducido en un cierre satisfactorio.
El pacto, que ha sido definido como prioritario por las dos partes, atraviesa una nueva crisis, tras los señalamientos de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Alberto Fernández (Argentina) sobre aspectos de fondo en las pretensiones de la UE que supondrían desventajas para los países suramericanos.
"Estoy loco por realizar el acuerdo con la UE, pero no es posible: el protocolo adicional hecho por la UE no permite que se haga el acuerdo", dijo Lula en una reciente visita a París. Aludía a las demandas de Francia, que suponen la modificación del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible para incorporar nuevas regulaciones ambientales, so pena de recibir sanciones.
De su parte, Fernández responsabilizó a la UE de los retrasos en la firma del acuerdo, por imponer en 2019 prácticas que, a su juicio, son "desiguales", "proteccionistas" y van en desmedro del sector alimentos, un rubro estratégico de exportación dentro del Mercosur.
Así las cosas, aunque Da Silva prometió usar su presidencia 'pro témpore' –vence en diciembre de 2023– para revisar integralmente las condiciones del pacto y concluir con éxito el proceso, todavía hay un trecho por andar que no depende de los deseos suramericanos sino de decisiones en la UE.
Otro punto de tensión entre la UE y la Celac lo constituye el conflicto en Ucrania, pues mientras el primer bloque ha respaldado militar, diplomática y financieramente a Kiev, el segundo ha decidido mantenerse neutral.
En particular, varias naciones –incluyendo México, Colombia y Brasil– se han negado a enviar armas al frente, aún cuando EE.UU. se los ha pedido públicamente, al tiempo que la Celac ha abogado unánimemente por una solución pacífica y satisfactoria para las partes implicadas, con independencia del nivel del relacionamiento de algunas naciones con Rusia.
No obstante, Bruselas quiso aprovechar que acogerá la cumbre entre líderes de los dos continentes para promover una agenda favorable a los intereses ucranianos, lo que causó rechazo entre las delegaciones latinoamericanas y caribeñas.
Según reseñara el portal Euroactiv, el pasado junio, la UE envió a la Celac una propuesta de declaración final que incluía pasajes de respaldo a Ucrania basados en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, la tentativa fue rechazada y devuelta con una contrapropuesta en la que se especificaba que los dos bloques apostarían por "soluciones diplomáticas serias y constructivas al conflicto actual en Europa", a través de "medios pacíficos" que garanticen la soberanía, la seguridad de los implicados y abonen a la "paz regional e internacional".
Posteriormente, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, confirmó en una entrevista con medios españoles que varios miembros la Celac se habían opuesto a su participación en la cumbre birregional con la UE, a la que había sido invitado por el actual presidente del bloque, Pedro Sánchez.
A la fecha, luce evidente que será prácticamente imposible consensuar una posición que englobe dos posturas tan antagónicas como las que imperan en torno a la cuestión ucraniana, aunque ciertamente el escenario puede prestarse para que el bloque latinoamericano y caribeño presente una iniciativa de paz integral, que recoja las preocupaciones e impulsos avanzados por algunos de sus Estados miembros desde que iniciaron las hostilidades.
La lista de temas de interés común entre la UE y la Celac incluye los asuntos medioambientales, pues la región latinoamericana y caribeña acoge los bosques tropicales más grandes del planeta, importantes reservas de agua dulce y numerosas especies animales y vegetales, que resultan de gran valor en el contexto del cambio climático.
Por otro lado, si bien es cierto que EE.UU. avanza estrategias de militarización en la Amazonía con el propósito declarado de proteger el pulmón vegetal, junto a naciones como Brasil o Colombia, también se trabaja regionalmente para poner freno a la tala y detener la minería y otras prácticas ilícitas por medio de la presencia activa de los Estados en parajes remotos.
A este respecto, el próximo agosto se celebrará en Belém do Pará (Brasil) una cumbre de países amazónicos para buscar "soluciones compartidas" a los problemas comunes, aunque ya se han definido algunas metas, como eliminar la desforestación para el año 2030.
Este asunto es una de las banderas del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien, por otro lado, fue seleccionado por unanimidad como presidente 'pro témpore' de la Celac en 2025.
En paralelo viajan las metas de descarbonización progresiva y producción de energías limpias que permitan reemplazar al combustible fósil a mediano y largo plazo en los países de la UE.
La región latinoamericana y caribeña dispone, como ninguna otra zona del mundo, de los dos tipos de recursos: hidrocarburos y fuentes energéticas alternas, por lo que está claramente en la mira de Bruselas de cara a la transición, que según los expertos, demorará al menos cinco décadas en concretarse.
Dentro de esta línea se inscriben la explotación del litio e hidrógeno verde, dos de los temas que abordó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a mediados del pasado junio, en su visita oficial a Santiago de Chile.
"Chile es un suministrador de litio muy importante para el resto del mundo, incluido Europa. La demanda de litio crecerá significativamente porque estamos trabajando para descarbonizar la economía", apuntó entonces Von der Leyen.
Chile, Argentina y Bolivia conforman el llamado "triángulo del litio", que alberga el 60 % de las reservas del mineral, pero carecen de una política común de explotación, lo que dificulta la adopción de posiciones compartidas en el marco de citas como la venidera cumbre UE-Celac y abre el compás para que se privilegien asociaciones bilaterales antes que birregionales.
Las fricciones entre la UE y la Celac también se extienden al plano político. Los Gobiernos de Cuba y Venezuela denunciaron que Bruselas exhibe una conducta opaca y "manipuladora", que pone en "serio riesgo" el éxito de la cita común, según declaraciones ofrecidas por el canciller cubano, Bruno Rodríguez que fueron secundadas por las autoridades venezolanas.
A esto se suma que, en data reciente, Caracas rechazó aireadamente y calificó de "retórica colonialista" los pronunciamientos atribuidos al alto representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, en relación con la inhabilitación de la opositora María Corina Machado por actos de corrupción.
Este 12 de julio, la Eurocámara pidió sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios por la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos, una decisión que fue protestada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que la tachó de "injerencista" y difamatoria.
Del mismo modo, Parlamento Europeo votó al día siguiente una resolución condenatoria por las inhabilitaciones políticas en Venezuela. Desde la Asamblea Nacional se respondió con una resolución de rechazo a la injerencia y se advirtió que, en lo sucesivo, no se cursarán invitaciones a la Misión de Observación Electoral del bloque por intromisión en los asuntos internos del país.
