París, FRANCIA.– Un nuevo informe mundial de la UNESCO sobre la tecnología en la educación pone de relieve que se carece de gobernanza y reglamentación adecuadas. Se insta a los países a que establezcan sus propias condiciones para el diseño y el uso de la tecnología en la educación, de modo que nunca sustituya a la enseñanza presencial y dirigida por docentes, y apoye el objetivo compartido de una educación de calidad para todos.
“La revolución digital contiene un potencial inconmensurable pero, al igual que se ha advertido sobre cómo debe regularse en la sociedad, debe prestarse una atención similar a su uso en la educación. Se debe emplear para mejorar las experiencias de aprendizaje y para el bienestar de estudiantes y docentes, no en su detrimento”, advierte Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO. “Hay que anteponer las necesidades del estudiantado y apoyar a la docencia. Las conexiones en línea no sustituyen a la interacción humana.”
Titulado “Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en los términos de quién?”, el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de 2023 se lanza hoy en un evento en Montevideo, Uruguay, organizado por la UNESCO, el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la Fundación Ceibal con la participación de 18 ministros de educación de todo el mundo. El informe propone cuatro cuestiones sobre las que las y los encargados de la formulación de políticas y las partes interesadas en la educación deberían reflexionar a medida que se despliegan las tecnologías en la enseñanza:
El uso de la tecnología puede mejorar ciertas formas de aprendizaje en algunos contextos. El informe cita evidencia que demuestra que los beneficios del aprendizaje desaparecen si la tecnología se utiliza en exceso o en ausencia de un docente calificado. Por ejemplo, en Perú, cuando se distribuyeron más de un millón de computadoras portátiles sin que fueran incorporadas a la pedagogía, el aprendizaje no mejoró. El informe advierte que los teléfonos inteligentes en las escuelas han demostrado ser una distracción para el aprendizaje, sin embargo, menos de una cuarta parte de los países a nivel mundial prohíbe el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas. Sólo Colombia y Guatemala lo hacen en América Latina y el Caribe.
“Debemos aprender de nuestros errores pasados al utilizar la tecnología en la educación para no repetirlos en el futuro,” afirmó Manos Antoninis, Director del Informe. “Debemos enseñar a las y los niños a vivir tanto con la tecnología como sin ella; a tomar lo que necesiten de la abundancia de información, pero a ignorar lo que no es necesario; a dejar que la tecnología apoye, pero nunca suplante, las interacciones humanas en la enseñanza y el aprendizaje.”
Demuestra que la tecnología no tiene por qué ser nueva para ser eficaz. Las clases televisadas en Brasil a través de su iniciativa Telecurso han llegado a 1,6 millones de estudiantes, mientras que las clases transmitidas en tiempo real por docentes formados llegaron a más de 30.000 estudiantes en el estado de Amazonas entre 2007 y 2022. En México, las clases televisadas combinadas con apoyo en el aula ayudaron a aumentar la matriculación en la escuela secundaria en un 18% entre 1970 y 2020.
Las desigualdades de aprendizaje entre estudiantes aumentan cuando la enseñanza es exclusivamente a distancia y los contenidos en línea no siempre son apropiados para el contexto. Un estudio de las colecciones de recursos educativos abiertos reveló que casi el 90% de los repositorios en línea de enseñanza superior se crearon en Europa o en Norteamérica; el 92% del material de la biblioteca mundial Open Educational Resources Commons se publica en inglés. En Brasil, cerca de la mitad de las revistas de acceso abierto favorecen las propuestas en inglés.
El informe subraya que el derecho a la educación es cada vez más sinónimo de derecho a una conectividad significativa y, sin embargo, la mitad de las escuelas primarias de América Latina aún no tienen conexión a Internet.
El mayor alcance de la enseñanza a distancia durante los cierres de escuelas relacionados con COVID-19 se registró en América Latina y el Caribe (91%), y el programa Ceibal en Casa de Uruguay se lanzó inmediatamente después de que se anunciara el cierre de las escuelas. Sin embargo, la conectividad a Internet en el hogar es muy desigual. En Costa Rica, el porcentaje de niños de 3 a 17 años con acceso a Internet en casa es de aproximadamente el 100% para los más ricos y de cerca del 40% para los más pobres. En Chile, el porcentaje es del 100% para los más ricos y cerca del 70% para los más pobres. El Informe pide a todos los países que establezcan puntos de referencia sobre la conexión de las escuelas a Internet de aquí a 2030 y que sigan centrándose en los más marginados.
Los países están cambiando sus políticas para ayudar a mejorar el acceso a la tecnología. En el pasado, a escala mundial, el 30% de los países tenían políticas para proporcionar una computadora portátil o una tableta a cada estudiante, porcentaje que ascendía al 61% en América Latina y el Caribe, pero que ahora se ha reducido al 15%. Como alternativa, los países están empezando a conceder subvenciones o deducciones para que los estudiantes compren dispositivos. En Costa Rica, el programa Hogares Conectados ofrece un subsidio al 60% de los hogares más pobres para cubrir una parte del costo de Internet, lo que contribuyó a reducir los hogares sin conexión del 41% en 2016 al 13% en 2019.
Ahora más que nunca se requiere evidencia fiable, rigurosa e imparcial sobre el valor añadido de la tecnología en el aprendizaje, pero no se dispone de ella. La mayoría de la evidencia procede de Estados Unidos, donde What Works Clearinghouse señaló que menos del 2% de las intervenciones educativas evaluadas tenían “evidencia fuerte o moderada de efectividad”. Cuando la evidencia sólo se obtiene de las propias empresas de tecnología, existe el riesgo de que esté sesgada.
Muchos países ignoran los costos a largo plazo de las adquisiciones de tecnología y el mercado de EdTech se está expandiendo mientras las necesidades básicas de educación siguen sin satisfacerse. El costo de pasar al aprendizaje digital básico en los países de ingresos bajos y de conectar todas las escuelas a Internet en los países de ingresos medio-bajos añadiría un 50% a su actual déficit de financiación para la consecución de las metas nacionales del ODS 4. Una plena transformación digital de la educación con conectividad a Internet en las escuelas y los hogares costaría más de mil millones de dólares al día sólo para funcionar en los países más pobres, y 140.000 millones al año en los países de ingresos medios-altos.
El vertiginoso ritmo de evolución de la tecnología obliga a los sistemas de educación a adaptarse. La alfabetización digital y el pensamiento crítico son cada vez más importantes, sobre todo dado el crecimiento de la IA generativa. Datos adicionales adjuntos al informe indican que este movimiento de adaptación ya ha iniciado: el 43% de los países de la región han definido las competencias que quieren desarrollar para el futuro. Mientras tanto, sólo 11 de los 51 gobiernos encuestados a nivel mundial tienen currículos sobre la IA.
Además de estas competencias, no hay que pasar por alto la alfabetización básica, ya que también es fundamental para la aplicación digital: las y los estudiantes con mejores habilidades de lectura tienen muchas menos probabilidades de ser engañados por correos electrónicos de phishing. Además, el personal docente también necesita una formación adecuada, y sin embargo menos de una tercera parte de los países de América Latina y el Caribe cuentan actualmente con normas para desarrollar sus competencias en TIC. Hay aún menos programas de formación docente que cubren la ciberseguridad, a pesar de que a nivel mundial el 5% de los ataques de ransomware tienen como objetivo la educación.
Actualmente, Perú es el único país de la región que cuenta con una ley que garantiza la privacidad de los datos de los niños en la educación. Un análisis reveló que el 89% de 163 productos de tecnología educativa podían sondear a los niños. Además, 39 de los 42 gobiernos que impartieron educación en línea durante la pandemia fomentaron usos que “ponían en riesgo o vulneraban” los derechos de las y los niños.
