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Santo Domingo.-A la jueza de la Suprema Corte de Justicia Vanesa Elizabeth Acosta Peralta, le corresponderá decidir si mantiene o revoca el archivo definitivo del proceso penal seguido al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez Sánchez, dispuesto por el Ministerio Público por entender que en la investigación no encontraron indicios de acoso sexual, como denunciaran las abogadas Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino.
Las querellantes elevaron, a través de sus abogados, un recurso de objeción a la decisión del Ministerio Público ante la magistrada Acosta Peralta en virtud de que había sido designada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia como jueza especial de instrucción de la Jurisdición Privilegiada del tribunal de alzada.
El archivo de la querella contra Ramírez Sánchez fue decidido por los procuradores adjuntos Fernando Quezada García e Isis de la Cruz, quienes había sido designados por la procuradora general de la República Mirian Germán para hicieran la investigación de rigor.
La abogadas, que laboran en el área jurídica de la Cámara de Cuentas, alegan que los hechos de acoso sexual ocurrieron durante los meses noviembre y diciembre del 2021, tiempo en el que el organismo estaba inmerso en una serie de auditorías que eran requeridas por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), lo que conllevó a largas jornadas laborales.
Además consideran, a través del recurso de objeción, que la decisión de los procuradores adjunto Quezada García y De la Cruz es manifiestamente infundada.
Narran los hechos
Al conllevar las auditorías largas jornadas laborales, indican los abogados de Correa Jiménez y García Paulino, el presidente de la Cámara de Cuentas aprovechó para pedir el número telefónico de una de las querellantes, utilizando la excusa de que quería estar “al tanto de los avances del trabajo”.
La solicitud de apelación detalla que una vez obtenido el número, el presidente Ramírez Sánchez empezó una serie de preguntas y comentarios de tipo personal, que incomodaron a Virginia Ofelia Correa Jiménez.
En cuanto a Bella Massiel García Paulino, dice el documento que Janel Andrés Ramírez, a través de su seguridad, trató de comunicarse con ella, luego de que ésta, en conjunto con Virginia Correa Jiménez, se negaran a comer con él en una de las jornadas antes detalladas.
El documento indica que Bella García Paulino pensaba que Janel Andrés Ramírez Sánchez quería comunicarse con ella por un tema de índole laboral, pero luego este le escribió tratando de tener algún tipo de acercamiento personal con ella, resaltando sus cualidades físicas.
Los abogados de estas empleadas de la Cámara de Cuentas alegan que el Ministerio Público omitió una serie de pruebas que incriminaban a Janel Andrés Ramírez, como un audio de más de 45 minutos, con relación a una reunión en diciembre del 2021 en que el presidente del organismo auditor, acosaba a sus empleadas.
Por esta razón piden que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordene al Ministerio Público ampliar la investigación sobre la denuncia presentada por Virginia Ofelia Correa Jimñenez y Bella Massiel García Paulino, ambas abogadas de la Dirección Jurídica de la Cámara de Cuentas.
La semana pasada, el Ministerio Público informó que luego de una exhaustiva investigación que incluyó múltiples interrogatorios, entrevistas, experticias forenses, análisis de evidencias, entre otras diligencias investigativas, se procedió a archivar de manera definitiva el proceso seguido al señor Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, bajo la premisa de que, según las informaciones y evidencias analizadas, no se configura el tipo penal de acoso sexual, establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano.
La información la dio a conocer la institución a través de un comunicado de prensa, el cual detalla que la instrucción del proceso estuvo a cargo de los magistrados Fernando Quezada e Isis De La Cruz, procuradores adjuntos de la Procuradora General de la República.
El documento de prensa explica que la investigación estuvo motivada en una querella interpuesta por dos empleadas de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en fecha 29 de septiembre del año 2022.
