La Red Socioambiental denuncia gobierno busca privatizar el agua, se niega a firmar el Pacto

La lucha por la preservación y gestión adecuada del recurso hídrico en la República Dominicana ha tomado un giro decisivo, con la determinación de la Red Socioambiental Nacional de no suscribir el Pacto por el Agua, denunciando una serie de acciones y tendencias
gubernamentales que, en su opinión, apuntan a la privatización del vital recurso y al desprecio
de principios democráticos fundamentales.

En una declaración valiente y contundente, la Red Socioambiental Nacional ha revelado sus
motivos para rechazar la firma del Pacto por el Agua, un proceso en el cual diversas
organizaciones sociales y ambientales habían participado activamente, con la esperanza de
garantizar el acceso al agua como un derecho humano básico y su gestión pública.

Sin embargo, la Red ha expresado su profunda preocupación por las acciones y medidas tomadas por el gobierno que, según ellos, señalan una agenda privatizadora.

Uno de los puntos críticos planteados por la Red es la actitud del gobierno hacia la Mesa del
Agua, acusándolo de desprecio y falta de respeto hacia este espacio de diálogo y concertación.

Alegan que el gobierno ha continuado políticas que concesionan cuencas hídricas a intereses
extranjeros y ha firmado acuerdos cuestionables, como el Convenio con la empresa israelí
Mekorot, sin la debida transparencia y consulta pública y violando la constitución y el mismo
Pacto Dominicano por el Agua.

Además, la Red Socioambiental Nacional ha denunciado la falta de transparencia en relación
con la inversión requerida para implementar las medidas propuestas en el Pacto por el Agua. A
pesar de presentar una cifra de inversión necesaria, se ha cuestionado la ausencia de un
Estudio Técnico-Económico sólido que respalde dicha cifra, así como la omisión de evaluaciones adicionales de entidades científicas reconocidas que puedan validar la inversión proyectada.

La Red Socioambiental Nacional también ha resaltado ambigüedades gubernamentales que
sugieren una inclinación hacia la privatización del agua, incluyendo propuestas de leyes que han surgido en el pasado, vinculadas a la concesión y la inversión en asociaciones público-privadas.

La red ha argumentado que estas medidas contradicen los principios fundamentales de acceso
equitativo al agua y gestión pública, en franca contradicción con la Constitución del país.

Otro aspecto que genera inquietud es la aprobación de leyes que podrían allanar el camino
para la privatización del agua y otros recursos públicos, como la Ley de Ordenamiento
Territorial y la Ley sobre Fideicomiso Público. La Red Socioambiental Nacional ha denunciado la rapidez con la que estas leyes se han aprobado y la falta de consulta adecuada, lo que
considera un menoscabo a la participación democrática y a los derechos de la población.

La falta de discusión y validación adecuadas del Pacto por el Agua también ha sido motivo de
preocupación. La Red ha argumentado que la mayoría de las instituciones sociales y
ambientales no están familiarizadas con el contenido del pacto y que no se ha sometido a
discusión entre los miembros del Consejo Económico y Social, lo que plantea interrogantes
sobre su legitimidad y representatividad.

En este contexto, la Red Socioambiental Nacional ha emitido un llamado urgente a todas las
organizaciones ambientales y sociales, especialmente a las que participaron en la Mesa del
Agua, para unirse en un frente común en contra de la firma del Pacto por el Agua bajo la
administración actual. Su posición es clara: el agua es un derecho humano fundamental, un
patrimonio nacional estratégico y un bien común que no debe ser gestionado por manos
privadas.

La Red Socioambiental Nacional ha tomado una posición firme en defensa del agua como un
recurso vital y ha rechazado categóricamente el Pacto por el Agua debido a lo que consideran
tendencias privatizadoras y falta de transparencia por parte del gobierno. Su llamado a la
unidad y la acción conjunta resalta la importancia de preservar el agua como un bien público
fundamental en beneficio de toda la población dominicana.