Reclaman retardo de SCJ en fallo de recusación a jueces de Corte Penal del DN en caso Costa Dorada
Los abogados de las familias Mayol y Serrano también solicitaron la inhibición de juez de la SCJ María Garabito, que afirman es tía de una de las acusadas en el proceso.
Los abogados de las empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S. R. L., Grand Cays Corporation y Okra Company Ltd., partes querellantes del proceso penal relativo al fraude societario de la compañía Costa Dorada, solicitaron este martes, con carácter de urgencia, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante escrito depositado en la secretaría general de esa alta corte, que se decida a la mayor brevedad la recusación presentada por la defensa del abogado Rafael Olegario Helena Regalado contra el pleno de los jueces que integran la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que se encuentran apoderados del conocimiento de los recursos de apelación presentados por el ministerio público y por las mencionadas empresas en contra decisiones incidentales del juez de la audiencia preliminar que excluyó a las partes querellantes, a una imputada y la mayor parte de los elementos de prueba de la acusación.
En la instancia de solicitud de fallo, firmada por sus abogados, los licenciados Juan Tomás Vargas Decamps, Manuel Sierra Pérez, Ignacio A. Miranda Cubilette, Addy Manuel Tapia De la Cruz y la doctora Laura Acosta Lora, las querellantes se quejan del retardo de la Suprema Corte de Justicia en decidir sobre la recusación de los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Afirman que que la ley fija un plazo máximo de 3 días para que sea fallado el incidente de recusación y que en este caso han transcurrido 6 semanas y todavía no hay una decisión: “el plazo máximo fijado por la ley para decidir la recusación ha transcurrido 10 veces”.
Plantean también que la recusación, y la forma en que ha sido tramitada, constituye una táctica para retrasar el conocimiento de los recursos de apelación del ministerio público y de las partes querellantes – acusadoras particulares – actoras civiles contra las referidas decisiones incidentales del juez de la audiencia preliminar. Afirman también que el propósito de la recusación y de su tramitación es dilatar eternamente el conocimiento de los recursos de apelación contra decisiones del juez de la audiencia preliminar que mutilaron el proceso e intentar que sea conocido el juicio en base a un auto de apertura que mutiló el proceso, excluyendo a las partes querellantes, excluyendo parte de los hechos de la acusación, excluyendo a una de las acusadas y a la tercera demandada civil, excluyendo elementos de prueba importantes.
La recusación contra los jueces que integran la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los magistrados Doris Josefina Pujols Ortiz, Carmen Mancebo, Ramona Rodríguez López, Rafael Báez García y Daisy Indhira Montás, fue presentada por el licenciado Rodolfo Felipe Rodríguez, abogado de la defensa de Rafael Olegario Helena Regalado el día 1° de agosto.
El abogado Helena Regalado ha sido acusado de ser responsable, junto con la ingeniera Ailec Paloma Soto Garabito y la abogada Judith Franchesca Aguasvivas Báez y la empresa Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L., de falsificar más de un centenar de contratos de venta de acciones, actas de asambleas y otros documentos corporativos, relativos a la compañía Costa Dorada, S. A. y el posterior registro de esa documentación falsa en la Cámara de Comercio de Santo Domingo con el objeto de aparecer como los socios y directivos de Costa Dorada y de esta manera despojar a los verdaderos socios de la empresa y apropiarse de un terreno de más de 6 millones de metros cuadrados en zona costera, en la Bahía de Las Calderas (conocida también como Bahía de Salinas), cuya parte sur colinda con la Playa Los Corbanitos, que constituye el principal activo de Costa Dorada.
En el mismo documento, las empresas querellantes solicitaron que la magistrada María Garabito Ramírez, juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se inhiba de participar en las discusiones y decisiones relativas al caso, alegando un grado de parentesco con una de las imputadas, la señora Ailec Paloma Soto Garabito, de quien se dice es sobrina de la magistrada Garabito.
