Ante el desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional, las cuales han sido violadas por varias instituciones del Estado, una jueza de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional asumió el fondo y otorgó un plazo de 15 días a la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, para que cumpla con el deposito correspondiente del escrito justificativo en la liquidación de astreinte por más de 524 millones en favor del abogado Ramón Emilio Concepción, por incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional.
La magistrada Nidia Victoria Jorge Taveras, que conoce el reclamo del incumplimiento a una sentencia que tiene ya el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, hizo la petición para abocarse a conocer el fondo del proceso, al mismo tiempo rechazó el pedimento que buscaba el aplazamiento de la audiencia y conminó a la entidad recaudadora a concluir con el fondo.
Así mismo la magistrada otorgó, además, 10 días para la réplica y contrarréplica frente al caso.
El monto tan elevado que deberá pagar la DGII al ex funcionario se debe a que han transcurrido 5,241 días con un astreinte de cien mil pesos cada día que impuesto interno incumple con la sentencia de la Segunda Sala Civil y Comercial que acogió un recurso de amparo interpuesto por Concepción y decidió que el reclamante, quien es también alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, está exento de pago de impuestos en la transferencias de bienes inmuebles, adquiridos como pago de honorarios.
Refiriéndose al caso el reclamante abogado Ramon Concepción calificó como una "lástima" que el Ministerio Público, que está obligado por mandato constitucional hacer ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional, acudió a la audiencia pidiendo un aplazamiento a pesar de que las instituciones estaban debidamente citadas.
El beneficiado con la sentencia en contra de la Dirección de Impuestos Internos, afirmó que esa institución de impuestos figura en la relación que el Tribunal Constitucional remitió al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, entre las del gobierno que incumplen las decisiones del más alto tribunal.
El Tribunal Constitucional declinó ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, única y exclusivamente para su liquidación, "sin embargo, ahora trata de revisar una sentencia del más alto tribunal", según el abogado.
La sentencia es la número 0358/09 que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, más el aspecto vinculante que tienen todas las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional.
