Demandan Cooperativa San José por daños y perjuicios

La Cooperativa San José SRL, fue demandada ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia se La Altagracia, por la suma de 940 mil pesos por concepto de servicios prestados y no pagados, y al pago de 10 millones de pesos por reparación de daños y perjuicios tanto morales como económicos ocasionados al señor Fernando Arturo concepción Vélez.

Concepción Vélez expuso que la demanda en contra de la entidad y de los señores; José Abelardo Estévez presidente, Juan Carlos Jaquez, gerente general, fue entablada para exigir el pago de sus servicios brindados y como facilitador.

Detalló que la demanda puesta en fecha del día 20 del mes de junio de este 2023, debido a que el 30 de septiembre del pasado año 2022, es decir hace un año, se presentó a la Cooperativa San José ante los directivos anteriormente citados en su calidad de facilitador donde dio a conocer sus trabajos como experto en el área de consultoría y asesoría a empresas y negocios como centro de educación y cultura.

Sostuvo que fue contactado por el director de la cooperativa, autorizándole realizar un taller a la citada entidad, para lo cual lo diseñó, mostró y entregó a los ejecutivos de la cooperativa y pactaron un precio por 500 mil pesos, además, que el demandante sería el facilitador por una duración de cuatro meses para un total de 400 horas de clases valoradas en 20 dólares cada una.

Fernando Arturo concepción Vélez expresó su descontento con la Cooperativa San José, ya que luego de lo su esfuerzo diseñando el taller, el gerente general no dio ningún tipo de respuesta a sus mensajes, pero que están impartiendo el taller.

Informó que durante tres meses solicitó de manera amigable por distintas vías que cumplan con lo acordado a lo que se han negado rotundamente, que es a reconocer el monto del proyecto diseñado y que ejecutaron, mismo por el cual percibieron ganancias cuantiosas.

En la demanda también se exige que se imponga a los ejecutivos anteriormente citados un pago de 10 mil pesos diarios por días, dejándolos de pagar después de notificada la sentencia a intervenir.