El tráfico de armas, por ejemplo, por los rifles semiautomáticos de 5,56 mm se pagan entre 5.000 y 8.000 dólares, mientras que una pistola de 9 mm puede costar entre 1.500 y 3.000 dólares y el cartucho de munición de 3 a 5 dólares.
«La inseguridad, el vacío institucional y la debilidad de los controles fronterizos favorecen los intereses de los criminales, en particular de los narcotraficantes, que intensifican sus operaciones», denuncian los expertos.
Alertan de que además la crisis haitiana repercute en la actividad delictiva en la región, ya que la demanda y circulación de armas de fuego ilegales en el país más pobre de América alimenta el tráfico en República Dominicana y Jamaica.
Se estima que las armas de fuego en circulación en Haití alcanzaban en 2022 las 600.000, frente a las 291.000 de 2018, la gran mayoría de ellas de posesión ilegal.
Hay una constante demanda de armas de fuego y municiones tanto por parte de bandas como de civiles y se paga por ellas precios muy elevados, lo que ha hecho que surjan numerosas pequeñas redes transnacionales (el llamado «tráfico hormiga»), debido al lucrativo negocio que supone el tráfico de armas.
Por ejemplo, por los rifles semiautomáticos de 5,56 mm se pagan entre 5.000 y 8.000 dólares, mientras que una pistola de 9 mm puede costar entre 1.500 y 3.000 dólares y el cartucho de munición de 3 a 5 dólares.
«El tráfico de armas y municiones hacia Haití es uno de los principales motores de la expansión del control territorial por parte de las bandas y de los niveles extremos de violencia armada en el país y representa una amenaza para la estabilidad regional», advierte el documento.
Ante esta situación, el Grupo de Expertos considera que detener el flujo de armas y municiones debe ser una prioridad para las autoridades haitianas y, en conjunto, para los Estados de la región y subraya que las disposiciones del embargo de armas selectivo deben aplicarse de forma urgente y estricta.
El narcotráfico ha encontrado también terreno fértil en Haití, dado el bajo número de incautaciones, en especial por «la implicación de ciertos actores económicos y políticos corruptos del país, que se apoyan en las autoridades encargadas del control de las fronteras, las fuerzas del orden y ciertos miembros del sistema judicial», denuncian los expertos.
Algunos empresarios y políticos, agregan, colocan a sus compinches en puestos claves de autoridad y se aprovechan de los numerosos «puntos ciegos» que existen en el país, lo que les permite mover droga sin demasiadas interferencias, incluso en connivencia con las bandas.
Pese a su limitada capacidad operativa, la Oficina haitiana de Lucha contra el Tráfico de Estupefacientes decomisó unos 104,7 kilos de marihuana y 5,4 de cocaína en el primer semestre de 2023 y un examen de las incautaciones reveló que existen múltiples rutas de la droga en Haití, desde la costa sur (Baie des Flamands, Les Cayes, Ile-à-Vache y Plaisance-du-Sud) al norte (Cap-Haïtien, Port-de-Paix y Artibonite), el centro (Hinche y Mirebalais) y el oeste (Plaisance y Bon-Repos), aunque el sur es el principal punto de entrada.
El informe también se refiere al tráfico de migrantes, convertido en «un lucrativo negocio facilitado por una serie de actores en Haití y en el extranjero como contrabandistas, funcionarios corruptos encargados de expedir pasaportes y visados, funcionarios de inmigración, agencias de viajes, operadores de vuelos chárter y constructores de embarcaciones».
El Grupo de Expertos visitó México, República Dominicana y Estados Unidos para conocer el impacto de la crisis haitiana en los migrantes y refugiados. En Haití, en concreto en Port-de-Paix, vio los lugares donde se construyen las embarcaciones que transportan a los migrantes, unos barcos que cuestan entre 25.000 y 50.000 dólares y suelen ir sobrecargados con un centenar de personas.
Estas personas pagan entre 1.000 y 3.000 dólares por un viaje a Estados Unidos que, si todo va bien y no hay percances, puede durar una semana.
Los expertos subrayan que «los migrantes haitianos en la región sufren discriminación y xenofobia debido a su etnia, idioma y condición de indocumentados». Además, la falta de sistemas de apoyo los coloca en condiciones extremadamente difíciles y los hace más vulnerables a la explotación laboral y las organizaciones criminales