La República Dominicana, un país que frente a los foros internacionales es sinónimo de excelente destino turístico, a pesar de esto sufre de un mal que las autoridades no han podido controlar, el desorden en el tránsito vehicular, la falta de educación vial y civismo, dando lugar a una incongruencia entre un gran destino turístico y una población sin educación; culpa de una minoría que no comprende que hay derechos y deberes.
Se trata de un flagelo que es consecuencia de la falta de civismo, columna vertebral del crecimiento de cualquier país o cultura. En nuestro país se premia las violaciones de tránsito vehicular; ¿porque afirmamos esto? Simplemente, porque al momento de una colisión entre motoristas y un vehículo de cuatro ruedas en casi un 89% de los casos son favorecidos con un pago indemnizatorio a la póliza y al propietario del vehículo sin importar quien fue el causante del daño, sin tomare en cuenta de que manera transitaba, si en vía contraria, sin respetar las vías de tránsito, sin licencia y peor aún sin importar el daño que puede causar al otro conductor.
Resulta paradójico que, a pesar de tener la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece en sus artículos del 75 al 79 las exigencias para conducir motocicletas; si analizamos esta ley de modo general, no se identifica en ningún artículo exenciones o tratamientos especiales para aquellos que cometen infracciones de tránsito, todo lo contrario, establece de modo general en el articulo 304 las agravantes que conllevan a una conducción incorrecta.
Sería interesante señalar que la constitución en su artículo 39 establece el Derecho a la igualdad, el cual en su inciso 1 establece ‘‘que la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos y dominicanas, entre quienes no debe existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o sus virtudes’’ o ¿será que es una virtud transitar en motocicleta y tener el privilegio de faltar a la ley de movilidad?
Cuando nuestra sociedad entienda que la libertad no significa libertinaje, que la leyes igual es para todos y que las normas deben ser respetadas por cada uno, tendremos un mejor país y una mejor sociedad; haciendo énfasis en las palabras del Tribunal Constitucional Colombiano ‘‘El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley”, convirtiéndose en el funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad’’ (Corte Constitucional, sentencia C-086 del 24 de febrero de 2016). Esta sentencia ha sido replicada, en múltiples casos por nuestros altos tribunales, lo que implica su reconocimiento tácito del papel de los jueces frente a la sociedad.
Será posible que en pleno siglo XXI, donde nos ufanamos de ser un país con una constitución de las más modernas, que reconoce un Estado Social y Democrático de Derecho, una constitución que no solamente aborda un esquema de un ordenamiento político, sino que recoge un conjunto de derechos fundamentales y garantías constitucionales, las cuales nos permiten abordar cualquier situación no solamente desde el plano normativo, sino desde el plano interpretativo de los principios jurídicos que contiene nuestro catalogo constitucional, no se respete los mandamos constitucionales y normativos.
Qué dirán aquellos que nos visitan y que no pueden transitar con plena libertad, por miedo a conducir dentro de un desorden y un caos, dirían ellos ¿Será que no existe ley? O ¿Será que todavía el país vive en un atraso de educación vial y social? A todas estas preguntas, simplemente, tiene una respuesta ‘‘sancionar y no premiar a aquellos que no cumplen con la ley’’; cabe resaltar que las autoridades y cada dominicano tiene un papel social que debemos retomar y no es más que el civismo y el respeto al derecho ajeno.
De esta reflexión en lo que concierne a este pequeño escrito, entendemos que, si no se premiara a los infractores de la Ley de tránsito y seguridad vial, ocuparíamos otro lugar como destino turístico que no solamente se reconozca la amabilidad del dominicano, sino su civismo y su respeto al prójimo.
