Keymer Ávila: “La tercera parte de los homicidios en Venezuela es cometida por el propio Estado”

El director del Monitor del Uso de la Fuerza Letal indicó a Infobae que más de 15.400 personas murieron por la intervención de los cuerpos de seguridad del chavismo desde 2016

VENEZUELA.– El Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MULFVEN) se define como un esfuerzo interdisciplinario que aporta información detallada, investigaciones y análisis sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, con especial énfasis en las muertes generadas por su intervención. Si bien está en línea desde agosto, es el resultado de muchos años de trabajo.

En diálogo con Infobae, su director, Keymer Ávila, quien es investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y profesor de Criminología de la misma casa de estudios, narró en qué consiste el trabajo del monitor, cuáles son sus objetivos, cuántas personas lo integran, cómo es su metodología y cuáles fueron los hallazgos que más lo sorprendieron, entre otros temas. “Hasta ahora, hemos registrado más de 14.500 casos de muertes por intervención de los cuerpos de seguridad desde 2016”, detalló.

— La primera pregunta que quiero hacerle es por el trabajo del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN). Está en línea desde agosto pero tengo entendido que es el resultado de muchos años de trabajo. ¿Qué objetivos tiene y cómo se les ocurrió plasmarlo?

— Es así, el MUFLVEN es consecuencia de un trabajo que tiene ya ocho años. Es la compilación, transformación y evolución de nuestra línea de investigación sobre sistemas penales, que llevamos desde hace más tiempo en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, y que ha contado con el apoyo institucional de la REACIN (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia)

Desde nuestra labor de investigación hemos generado diversas publicaciones de distinta naturaleza y formatos, entre las que destacan 13 artículos académicos publicados en revistas arbitradas, ocho informes técnicos y cuatro capítulos de libro; así como numerosas presentaciones, conferencias y decenas de artículos de análisis de coyuntura y entrevistas, dentro y fuera del país, que contribuyen a la reflexión crítica y al debate público sobre la violencia policial en Venezuela. Hasta ahora, hemos registrado más de 14.500 casos de muertes por intervención de la fuerza pública.

Pero todo esto era insuficiente, eso se queda solo en determinados sectores y circuitos. Necesitábamos ir más allá de los investigadores, estudiantes y periodistas, los formatos utilizados eran solo para nichos, para grupos reducidos, y la idea era que toda esta información pudiera llegarle a los más diversos sectores. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo principal con toda esta producción de conocimiento, reflexiones, datos, informaciones y análisis es posicionar un discurso crítico en el debate público en torno a la naturalización y justificación de las muertes por intervención de la fuerza pública, en especial en un país como Venezuela, en donde una tercera parte de los homicidios son cometidos por el propio Estado.

Es así que observamos que los formatos expuestos de artículos, entrevistas, presentaciones, no permiten exponer ampliamente la riqueza, variedad y detalle de todos los datos, informaciones y reflexiones que teníamos. De allí la necesidad de crear otros formatos para poder exponer, compartir y aprovechar, de manera más general, pero a su vez más detallada, estos hallazgos e informaciones. Esta iniciativa cobra especial relevancia en el contexto venezolano donde la opacidad sobre la información es la regla, en especial en las áreas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y la violación a los derechos humanos.

— El monitor se presenta como los resultados mostrados de manera comprensiva, organizada e interactiva. Un abordaje alejado del sensacionalismo, los prejuicios y el discurso oficial. ¿Vieron la necesidad de ponerlo en marcha justamente para ser una voz distinta a la oficial?

— Estamos tratando de llenar varios vacíos. El primero es el de la academia. La crisis venezolana tiene a las universidades en la ruina, quienes nos dedicamos a las labores académicas y de investigación lo hacemos prácticamente por cuenta propia, lo que es en sí mismo una odisea difícil de sostener. Es por ello que el trabajo que hacemos siempre debe ser visto como una actividad académica y de investigación, esa es nuestra naturaleza y nuestro espacio.

El segundo es el silencio oficial. Una de las características en distintas áreas de la vida pública es la ausencia de datos y de cifras verificables sobre el desempeño estatal. Si esto ocurre incluso con áreas eminentemente sociales y económicas, cuando se trata de seguridad ciudadana, delitos y el derecho a la vida, el silencio y la opacidad es aún mayor. En los pocos casos en los que se consigue alguna información, ésta es casuística, fragmentaria y poco confiable. No obstante, en nuestros análisis siempre priorizamos en la información oficial; además, al menos una vez al año, solicitamos formalmente información a las instituciones correspondientes, con independencia de que no dan respuesta, no dejamos de insistir en ello.

Nuestros registros siempre van a estar muy por debajo de la cifra oficial -cuando esta existe- y de lo que realmente sucede. Cuando hemos logrado contrastar lo que nosotros hacemos con los datos oficiales hemos visto que nuestros datos son apenas un subregistro de un tercio de los casos. Así que, cuando el MUFLVEN da una cifra, realmente ese número pudiera multiplicarse por dos o por tres. Es por ello que no pretendemos ni podemos sustituir a la información oficial.

En todo caso la idea es que los datos, informaciones, análisis y reflexiones que generamos puedan ser insumos para los distintos actores interesados en estos temas: académicos, estudiantes, activistas, víctimas, funcionarios, tomadores de decisiones, ciudadanos comunes, entre otros.El Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela cifró en más de 14.500 las personas que murieron por intervención de los cuerpos de seguridad desde 2016 (MUFLVEN)

— En la página web afirman que conjugan los conocimientos de la investigación y docencia universitarias, el derecho, la sociología, la estadística y el periodismo. ¿Cuántas personas integran el monitor y cómo es la forma de trabajo?

— Somos un equipo pequeño conformado principalmente por voluntarios. La idea es crecer, institucionalizar y hacer sostenible lo que hacemos. Somos pocos, pero hacemos el trabajo como si fuésemos muchos. En el equipo base estamos dos abogados, un estudiante de derecho, un sociólogo, un estadístico y un diseñador web.

El proceso principal y transversal es la investigación, para ello se llevan varias actividades, tales como seguimiento diario de casos de muertes por intervención de la fuerza pública registrados en los medios de comunicación a nivel nacional; seguimiento de políticas y discursos oficiales; asesoría y acompañamiento de familiares de víctimas de jóvenes ejecutados por la policía; sistematización y análisis de las informaciones recogidas; elaboración de artículos e informes; participación en grupos nacionales e internacionales de investigación; y difusión de resultados, entre otras.

Con la experiencia del portal también hemos aprendido a tener equipos ad hoc para llevar algunas tareas. Por ejemplo, para la elaboración de las historias de la sección “Vidas en la Memoria”, coordinamos una alianza virtuosa con organizaciones de víctimas como las Madres Poderosas y La Vida de Nos, con quienes hemos tenido una experiencia extraordinaria de trabajo. En este proceso el equipo puede llegar, dependiendo de la cantidad de historias, hasta más de 20 personas, entre familiares de víctimas, abogados, escritores, editores y diseñadores.

— Más allá de los datos “duros”, por decirlo de alguna manera, vi que hacen mucho hincapié en las historias de vida de las víctimas. Por ejemplo: “Le debió comprar ropa para su funeral” o “Una fosa prestada sin lápida”. ¿El objetivo es mostrar que detrás de los datos hay historias reales?

— Sí, veamos. Según las últimas cifras oficiales disponibles entre 2016 y 2018 en Venezuela murieron por intervención de la fuerza pública 16.280 personas. Estamos hablando de más de cinco mil personas al año. Unos 15 jóvenes murieron diariamente a manos de la policía. Para el año 2018 esto representaba una tasa de 16,6 muertes por intervención de la fuerza pública por cada 100.000 habitantes, una cifra superior a la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo.

En términos generales, según esta misma información oficial, el porcentaje que ocupan estas muertes dentro de los homicidios en Venezuela es también cada vez mayor: en 2010 era apenas de un 4%, y ocho años después llega a 33%. Es decir, uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil, según fuentes oficiales, este tipo de casos apenas ocupan entre el 9% y el 11% de sus homicidios. Entre 2017 y 2018, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil 9.920 muertes y Venezuela 10.285.

En síntesis, el caso de Venezuela en esta materia cuando se compara con sus propios datos históricos, así como con los países vecinos, se muestra como un fenómeno de suma gravedad. Son datos terribles, el “dato duro”, como dices, es brutal. Sin embargo, llega el momento que el dato se banaliza, que no le dice nada a la gente.

En parte porque las víctimas son los nadies, los jóvenes racializados de los barrios, que no son sujetos ni para el gobierno, la oposición, ni para muchos sectores de la sociedad civil; éstos, lamentablemente, son sólo sus circunstanciales y efímeros objetivos según la coyuntura.Un manifestante frente a las fuerzas de seguridad de Venezuela en el puente Simón Bolívar, en la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela, visto desde Cúcuta, Colombia, el 23 de febrero de 2019 (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

Pero: ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían en el momento de su muerte? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Todos estos casos son realmente enfrentamientos? ¿Qué vidas fueron borradas por la intervención de la fuerza pública?

La labor de investigación y la difusión de nuestros hallazgos nos llevó al contacto directo con las madres, hermanas, cónyuges, que han sobrevivido a la pérdida de sus familiares en circunstancias de uso excesivo, arbitrario e ilegal de la fuerza letal por parte de funcionarios estatales. Mujeres que, así como tienen la necesidad de justicia y reparación, tienen también muy presente las historias de sus familiares asesinados, en la mayoría de los casos por el sólo hecho de ser joven, moreno, vivir en un barrio, a veces solo por estar en el momento y lugar equivocados.

Estas mujeres nos han enseñado mucho más que todas las teorías y métodos. En el MUFLVEN no son objetos de estudio, son compañeras, son maestras, son unas luchadoras incansables. Solo al hacer acompañamiento y estudio directo de los casos de sus familiares, pudimos aproximarnos desde abajo y directamente a la inconmensurabilidad de lo que estamos viviendo con la violencia policial de carácter letal en el país.

¿Y cómo abordar lo inconmensurable? El artículo y los espacios académicos, con sus formatos y límites, no son suficientes, se quedan cortos. Las víctimas de las intervenciones policiales se cuentan por miles al año, todo pareciera terminar con una cifra, con un número. Cifras que pueden servir de indicadores para detectar patrones, políticas, actuaciones sistemáticas, proporcionalidad, abusos, etcétera. Y esta es una parte fundamental de nuestro trabajo, pero tras la cantidad de datos hay vidas concretas, seres humanos a quienes las circunstancias sociales y personales colocaron en una situación de vulnerabilidad mortal. En cada unidad que compone esa cifra, hay un drama humano enorme, tragedias, vidas que se borran como si nada, sin consecuencias para los responsables. Esto es parte de lo que estas valerosas y dignas madres nos han enseñado en su lucha cotidiana, que está atravesada por la compleja crisis socioeconómica del país.

Contar la historia de sus familiares, mostrar quiénes eran, qué hacían, contar los hechos en los que se los arrebataron, es también parte de la búsqueda de justicia y reparación: no solo necesitan las acciones institucionales correspondientes, también quieren limpiar la memoria y el nombre de sus seres queridos. Estamos hablando de personas que el Estado presentó como delincuentes que murieron al enfrentarse con armas de fuego a los cuerpos de seguridad. Cuando la realidad es que, en la mayoría de estos casos, nada de eso ocurrió, si no que murieron luego de ser detenidos, sin portar ningún arma ni mediar ningún enfrentamiento y, en gran medida, en ocasiones sin tener ningún vínculo delictivo. Lo que aún en ese último supuesto no justificaría su asesinato, si no su detención y procesamiento penal correspondiente.

La desigualdad mediática entre el Estado y las víctimas de ejecuciones es enorme. La posibilidad de hacer valer su voz, de contar lo sucedido, de mostrar los hechos tal cual los vivieron, es considerablemente inferior a la de los victimarios. Dar espacio para que esto se exprese, darles voz, es parte del compromiso que nosotros como monitor tenemos con la defensa del derecho a la vida.

— Más de 14.500 personas murieron en Venezuela por intervención de la fuerza pública entre el 1 de enero de 2016 y la fecha actual. En la página web se puede consultar por fecha, estado, municipio, nombre y apellido de la víctima, sexo, cuerpo de seguridad actuante, etcétera. ¿Cuál es el cuerpo de seguridad con mayor cantidad de víctimas y en qué estado ocurrieron más muertes?

— Es importante advertir, nuevamente, que nuestras cifras son apenas un subregistro, el número real puede ser mucho mayor. Cuando damos una cifra está muy por debajo de lo que realmente ha sucedido, esto nunca debe de perderse de vista.

De manera tradicional, por décadas, el cuerpo de seguridad más letal del país ha sido el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), su hegemonía en ese sitial solo se ha visto disputada a partir del año 2019 por la PNB (Policía Nacional Bolivariana), luego de las prácticas de su división FAES (Fuerzas de Acciones Especiales). Estos dos cuerpos nacionales abarcan aproximadamente el 60% de los casos de muertes por intervención de la fuerza pública en el país, seguido de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), principalmente representada en la GNB (Guardia Nacional Bolivariana).

En cuanto a los estados con mayor cantidad de casos, este es un fenómeno principalmente urbano, que se da mayoritariamente en las principales ciudades del eje norte costero del país. Los estados que ocupan los porcentajes más altos de casos son Miranda, Zulia, Distrito Capital y Aragua. Estos cuatro estados suman casi el 60% de los casos en todo el país y suelen también presentar las tasas más altas.

— Ustedes dicen que los hallazgos contenidos en varios de los textos publicados demuestran que las matrices de opinión más comunes como explicación del fenómeno parten de prejuicios o intereses creados. ¿Cuáles fueron los hallazgos que más los sorprendieron?

— El perfil de las víctimas de la violencia policial es el mismo en todos nuestros países latinoamericanos y caribeños: joven, racializado y pobre. Venezuela no es la excepción, nuestra particularidad son las magnitudes, extensión y permanencia de esta situación. Pero no es suficiente denunciarlo, esto debe comprobarse. Es por ello que a partir del año 2018 no solo recogemos datos sobre la edad y el sexo de la víctima, si no también sobre su color de piel. En efecto, el 99% de las víctimas son hombres, morenos (76%) que viven en las periferias de las ciudades.

Pero más allá de corroborar el perfil de las víctimas que se encuentran estigmatizadas en el discurso oficial y mediático, también analizamos la violencia letal que padece la policía. Conocer los riesgos y vulnerabilidad de los funcionarios nos parece fundamental para dar cuenta del uso de la fuerza letal que ellos ejercen. Esa línea de trabajo de la victimización de los funcionarios policiales nos ha permitido contrastar la violencia que ellos padecen con la que ellos generan, y así construir índices de abuso de la fuerza. ¿Y cuáles son nuestros hallazgos?

La mayoría de los policías víctimas de homicidio no se encontraban en ejercicio de sus funciones, que al menos un tercio de sus victimarios son otros funcionarios, y que solo en casos excepcionales sus muertes son producto de enfrentamientos. Esto, junto a las evidencias del seguimiento de los miles de casos de muertes producto de la intervención policial, desmiente el discurso oficial que presenta a estos casos como enfrentamientos.

Los datos sirven para develar y desmitificar el discurso dominante que busca legitimar y naturalizar estas muertes.

Ahora en el acompañamiento que le hacemos a los familiares de víctimas con sus procesos judiciales, nos ha sorprendido la casi absoluta impunidad y los simulacros de investigación -y en algunos casos excepcionales de juicios-, donde los funcionarios no solamente permanecen en libertad y en funciones, además los ascienden y gozan de protección estatal.La sección “Vidas en la Memoria” (MUFLVEN)

— Por último, ¿abren la convocatoria para que familiares de víctimas que no se animan puedan brindar su testimonio?

— Sí, el MUFLVEN está abierto a todos los que quieran colaborar con él. Esta colaboración va desde labores de investigación, escritura, diseño, pasando por la información sobre casos de muertes por intervención de la fuerza pública, hasta donaciones para poder sostener nuestro trabajo.

El trabajo conjunto con los familiares de víctimas es fundamental. En nuestra web tenemos un espacio para que puedan cargar toda la información. También pueden contactarnos directamente a través de nuestro correo o por mensaje privado en cualquiera de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook o Linkedin. Y no se trata de solo dar información, es hacer puentes con otras víctimas para que se organicen y apoyen en la búsqueda de justicia, así como para tratar de orientarlas y asesorarlas con herramientas mínimas en materia jurídico-institucional. Se trata fundamentalmente de aprender de ellas y en conjunto contar sus historias y avanzar en la construcción de memoria, verdad y justicia, como ha sucedido históricamente en Latinoamérica con otras experiencias de uso arbitrario de la fuerza.