Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, se ha declarado este jueves en bancarrota, días después de que un jurado le ordenara pagar 148 millones de dólares a dos empleadas electorales de Georgia a las que el también exabogado personal de Donald Trump acusó infundadamente de cometer fraude en las elecciones de 2020.
La solicitud, presentada en el tribunal de bancarrota de Estados Unidos en Nueva York, presenta un balance de su fortuna de entre uno y diez millones de dólares en activos y de casi 153 millones de dólares en deudas existentes o potenciales, entre ellas, cientos de miles de dólares en obligaciones fiscales, dinero que debe a sus abogados y muchos millones de dólares en posibles sentencias judiciales en los juicios contra él. En el expediente sometido al capítulo 11, el que arbitra las quiebras en EE UU, la mayor deuda pendiente es la de los 148 millones de dólares de la sanción por daños y perjuicios.
Durante meses, el exalcalde de Nueva York ha experimentado, según el recurso, una falta de liquidez derivada de los gastos ocasionados por su defensa en un amplio frente legal, derivado de apoyo a Trump en los intentos de anular en los tribunales los resultados de las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden. En septiembre, su exabogado, Robert Costello, le demandó por unos 1,4 millones de dólares en facturas impagadas, alegando que Giuliani incumplió su acuerdo al no pagar las facturas íntegra y puntualmente. Giuliani ha pedido que el caso sea desestimado, alegando que nunca recibió las minutas en cuestión. El caso está pendiente.
Pero el veredicto de un jurado la semana pasada, ordenándole pagar 148 millones de dólares a las extrabajadoras electorales de Georgia Ruby Freeman y Shaye Moss, le ha empujado a declararse en quiebra, un día después de que el juez ordenase la ejecución inmediata de la sentencia, un pago millonario que, afirma, no puede satisfacer. Declararse en quiebra -un procedimiento muy habitual de empresas y particulares inmersos en procesos legales- no implica sin embargo la cancelación del pago, ya que ley de quiebras no permite la disolución de deudas que procedan de un “daño intencionado y malicioso” infligido a otra persona, en este caso, las dos extrabajadoras electorales.
Ted Goodman, asesor político y portavoz de Giuliani, ha explicado en un comunicado que la solicitud de quiebra “no debería ser una sorpresa para nadie”, pese a la riqueza personal de Giuliani. “Nadie puede pensar razonablemente que el alcalde Giuliani podría pagar una sanción tan elevada”, ha dicho Goodman, señalando que la declaración de quiebra le daría “la oportunidad y el tiempo para presentar una apelación, al tiempo que proporcionaría transparencia a sus finanzas bajo la supervisión del tribunal de quiebras, para garantizar que todos los acreedores sean tratados de manera equitativa y justa durante todo el proceso.”
El caso Giuliani es una importante derivada del proceso contra Donald Trump por sus intentos de revertir el resultado electoral en Georgia, con presiones al gobernador de ese Estado y otros altos funcionarios para que hallaran los votos necesarios -poco menos de 12.000 sufragios- para dar la vuelta al marcador e imponerse a Biden, que le ganó por esa escasa diferencia. El intento de pucherazo valió en agosto al candidato republicano a la reelección en 2024 -si el Tribunal Supremo no lo impide, tras la prohibición del Supremo de Colorado- su cuarta imputación en cuatro meses. Junto con Trump, han sido formalmente acusados 18 de sus asesores por un total de 41 cargos, en el caso más detallado de los cuatro que pesan sobre el expresidente. Además de Giuliani, otro de los imputados es el exjefe de Gabinete de Trump, Mark Meadows.
