El caos del transporte tiene que ser tratado como un problema de Estado. Ha sido el clientelismo político de todos los gobiernos dominicanos, lo que ha llevado a la anarquía el transporte público de pasajeros. Por demás, los conductores privados no respetan las leyes.
El llamado concho se comenzó a deteriorar desde los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, cuando los sindicatos con una mezcolanza entre propietarios e izquierdistas, comenzaron a transitar por la senda del transporte colectivo. No se acabó con los carros del concho, pero tampoco el servicio en autobuses estuvo garantizado.
Los ayuntamientos del Gran Santo Domingo construyen aceras a un costo multimillonario, pero no toman las previsiones para impedir que los vehículos se estacionen en el paseo, obligando a los peatones a tirarse a las calles, siendo víctimas de diversos accidentes.
Es un crimen, que en las zonas residenciales, al igual que en los barrios populares, las aceras sean ocupadas por los vehículos, y que sea imposible caminar seguro a un niño, una persona de la tercera edad, una embarazada, o un ciudadano cualquiera,
La voluntad de acción política, de sanción a los violadores, es la que se debe imponer. Hay que perseguir a los que manejan sin licencia, y las escuelas de choferes tienen que ser revisadas, y se les debe obligar a que cumplan con las leyes del tránsito, y analizar el entrenamiento que ofrecen. Muchas de estas escuelas abrieron mercado en épocas en que las licencias de choferes o conductores se vendían a la libre.
El moto-concho es la principal acción desordenada en el ya de por si convulsionado tránsito. Los accidentes en motores mantienen los hospitales traumatológicos trabajando a tiempo completo. En ocasiones accidentados sin seguro ni recursos económicos propios, tienen que ser auxiliados por el gobierno.
Los grupos de motoconchistas en ocasiones están integrados por desempleados, vagos que hacen una labor ocasional y hasta eventuales delincuentes. Cualquiera se para en una esquina y establece una parada para los vehículos de dos ruedas.
A los imprudentes, se les debe aplicar todo el peso de la ley,. La policía y los tribunales de Tránsito deben y tienen que trabajar coordinados. La violación de una luz roja, es un hecho casi criminal.
La colocación de semáforos inteligentes y de cámaras, es una buena medida de prevención, y de seguimiento de los violadores, pero es un simple complemento: la acción vertical tiene que venir de las autoridades llamadas a imponer la ley. ¡Ay!, se me acabó la tinta
