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La norma comprenderá las contrataciones que concluyen el próximo 31 de diciembre, aunque habrá excepciones.
El presidente de Argentina, Javier Milei, firmará una disposición para no renovar las contrataciones de empleados públicos que se hayan efectuado este 2023, según adelantó este viernes la agencia Noticias Argentinas que tuvo acceso al borrador de la medida.
La norma comprenderá las contrataciones realizadas en el marco de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que se hayan hecho durante este año, y de toda otra modalidad de contratación que concluya el próximo 31 de diciembre.
Entretanto, la medida no afecta al personal que haya desempeñado funciones en el sector público antes del pasado 1 de enero, pero haya cambiado su modalidad de contratación este año. También quedan excluidos aquellos empleados que el titular de cada jurisdicción considere indispensables para el funcionamiento de la división.
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De acuerdo con la agencia, la administración del Gobierno federal dispone de casi 500.000 empleados. No obstante, si se consideran los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de universidades y organismos autónomos, esta cifra se eleva a casi cuatro millones.
El polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) también implica una serie de reformas en materia laboral que ya han sido rechazadas por las organizaciones sindicales. Una de ellas autoriza a las empresas a realizar despidos discriminatorios por motivos de "etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial", mediante el pago de una indemnización.
Se trata del artículo 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), que fue incorporado por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por Milei en la noche del miércoles.
El mencionado artículo establece un agravamiento indemnizatorio de 50 % en caso de despido motivado por un acto discriminatorio. Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta 100 %, siempre que quien invoque la causal pueda probar el caso en la Justicia laboral.
