En distintos países se han revelado choques entre instituciones que comprometen la gobernabilidad e incapacidades de la clase política para atender las demandas sociales.
América Latina parece escribirse en clave de efervescencia y cambio político. En la contabilidad regional de 2023 se incluyen asuntos como un intento de golpe de Estado en Brasil, la reanudación del diálogo entre el Gobierno de Venezuela y el ala más extremista de la oposición, y el boicot jurídico contra el presidente electo de Guatemala.
A la lista pueden añadirse los difíciles avances de la 'paz total' en Colombia, el fracaso del segundo intento por sancionar una nueva Constitución en Chile y el triunfo del ultraderechista Javier Milei en Argentina.
Aunque se trata de situaciones no necesariamente equiparables entre sí ni en intensidad ni en impacto, en ellas se identifica un rasgo común: la aparición de límites y conflictos institucionales en las democracias liberales, que impiden la gestión eficaz de los disensos políticos y sociales.
Argentina apostó este año por un cambio radical. El cansancio derivado de una crisis económica de larga duración, abrió el compás para que el economista ultraliberal Javier Milei, una figura que apenas dos años atrás figuraba como invitado en tertulias televisivas, se convirtiera en presidente del país, con poco más del 55 % de los sufragios.
Milei prometió un programa de choque que incluye la eliminación de los controles estatales sobre la actividad empresarial, privatizaciones, liberalización de precios y despidos masivos, respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FIM), con quien la nación suramericana adquirió en 2018 una deuda de 44.000 millones de dólares.
Los primeros pasos de este plan se anunciaron el pasado 20 de diciembre con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que fueron seguidos con la llamada 'ley ómnibus', una iniciativa que abarca más de 300 reformas sobre la legislación vigente, de cara a garantizar la libertad económica.
El DNU causó rechazo entre sectores sindicales y ciudadanos comunes, que organizaron protestas y han interpuesto recursos judiciales que persigue la declaratoria de inconstitucionalidad de la propuesta presidencial.
Mientras, el Ejecutivo ha respondido con una estricta normativa que, para sus detractores, criminaliza los derechos a la protesta y a la asociación, al sustentarse restricciones, controles policiales, denuncias y otros mecanismos de tinte persecutorio hacia los organizadores, a los que se presenta como aprovechadores de los beneficios otorgados por el Estado.
Este tablero apenas ha comenzado a moverse. Tanto el DNU como la 'ley ómnibus' deben pasar por las dos cámaras del Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría. En anticipo de un eventual rechazo, Milei ya anunció que sometería a referéndum el llamado 'decretazo'.
El domingo 8 de enero, apenas una semana después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva jurara para un tercer mandato, seguidores de su antecesor, Jair Bolsonaro (2019-2022), irrumpieron en la sede de los poderes públicos en Brasilia en un intento de asaltar el Gobierno.
La turba enardecida causó destrozos y evocó a la opinión pública lo ocurrido un par de años atrás en EE.UU., cuando partidarios del expresidente Donald Trump asaltaron la sede del Capitolio bajo el supuesto de que se había perpetrado un fraude electoral para otorar la victoria a Joe Biden.
El evento salpicó directamente a Bolsonaro, al que se sindicó de haber presentado ante diversos liderazgos de las Fuerzas Armadas, de cuyas filas proviene, un plan golpista contra Lula, según las declaraciones que ofreció el teniente coronel Mauro Cid a las autoridades, a cambio de beneficios procesales.
Del mismo modo, la comisión interparlamentaria encargada de investigar la tentativa sediciosa le responsabilizó directamente de los hechos y pidió su enjuiciamiento por acción criminal, al considerar que "fue el autor, ya sea intelectual o moral, de los ataques perpetrados contra las instituciones".
Aunque el intento de desplazar por la fuerza a Lula recibió la condena unánime de los Gobiernos del mundo y las instituciones brasileñas se aprestaron a investigar a fondo los hechos y a sancionar severamente a los responsables, lo ocurrido en enero de 2023 reveló que, en el paroxismo, el fuerte movimiento conservador que existe en el gigante suramericano puede adoptar formas decididamente antidemocráticas que gozan de respaldo –por ahora, no mayoritario– dentro del Estado.
En el último año, se ha producido en Guatemala un despliegue institucional sin precedentes para impedir el ascenso al poder del progresista Bernardo Arévalo de León, quien resultó ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto.
Las acciones han implicado la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, tolda de Arévalo, así como la promoción de numerosas causas por parte del Ministerio Público en contra de dirigentes de esa formación política e inclusive un intento de anular las elecciones.
La ciudadanía ha respondido con masivas protestas callejeras, cierres de caminos y paros generales, para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, mientras que Gobiernos de la región –incluido EE.UU.– y organismos multilaterales y foros políticos de diverso signo ideológico, han condenado los intentos de los órganos de justicia por socavar la voluntad popular expresada en las urnas.
Está previsto que Arévalo asuma la presidencia el próximo 14 de enero, pero aunque él ha asegurado que el "golpe" de Estado institucional ya fue "bloqueado", los eventos constituyen una nueva muestra del uso de las instituciones judiciales para atentar contra la democracia.
Luego de casi un año de suspensión, el Gobierno de Venezuela y el sector extremista de la oposición aglutinado en la Plataforma Unitaria retomaron los diálogos en Barbados, en interés de discutir las condiciones para las elecciones presidenciales de 2024.
Si bien en el encuentro del pasado 17 de octubre se firmaron dos acuerdos, uno de garantías electorales y otro de defensa del territorio de la Guayana Esequiba, en litigio con la República Cooperativa de Guyana, lo que dejó claro cuál era el nivel de las negociaciones fue el inédito levantamiento de sanciones petroleras y mineras impuestas por EE.UU. hace más de un lustro.
Asimismo, las partes definieron una hoja de ruta para la habilitación de políticos sancionados por la Contraloría General de la nación suramericana, al tiempo que Washington y Caracas acordaron un intercambio de prisioneros, lo que condujo a la liberación del diplomático Alex Saab, retenido irregularmente desde 2020 bajo cargos de lavado de activos nunca comprobados.
Con respecto a la libertad de Saab, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó el rol del emir de Catar por haber sido "un facilitador brillante, de exquisita diplomacia" en las negociaciones directas con la Casa Blanca, al tiempo que Doha apuntó que se trata de un "esfuerzo de mediación más amplio destinado a abordar las cuestiones pendientes entre ambos países".
Lo anterior da cuenta de un cambio de rumbo en la política del Gobierno estadounidense hacia Venezuela derivado del fracaso de la política de "máxima presión" adelantada por la Administración Trump y, al mismo tiempo, relega a una posición secundaria al ala radical de la oposición local.
Si bien puede considerarse que el alivio de las restricciones tendrá efectos beneficiosos sobre la economía venezolana, también ha dejado de manifiesto la incapacidad de un sector político dentro de Venezuela para convertirse en una alternativa real al chavismo, si no cuenta con el auspicio de EE.UU.
En 2023, la política de 'paz total' que adelanta el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue sometida a varias pruebas de fuego que pusieron en cuestión la eficacia de la estrategia para poner fin a las más de seis décadas de conflicto armado en el país suramericano.
Si bien se han producido avances en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz puso el formato en crisis, al obligar a la discusión sobre las retenciones con fines económicos que realiza el grupo: mientras que el Ejecutivo y buena parte de la sociedad condenan la práctica, la organización guerrillera la defiende, alegando que no tienen otra manera de financiar sus operaciones.
Del mismo modo, aunque Bogotá pudo concretar un formato de negociaciones de paz con el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en este caso los progresos han sido magros, aunque las partes insisten en que no abandonarán el proceso.
Frente a las presiones, Petro optó por remover de su cargo al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, y designar en su lugar a Otty Patiño, hasta entonces líder de la delegación gubernamental en los diálogos con el ELN, quien a su vez fue reemplazado por la también exintegrante de la guerrilla M-19, Vera Grabe.
En adenda, tanto Defensoría del Pueblo de Colombia como Naciones Unidas han alertado sobre la persistencia de prácticas como las masacres y el asesinato selectivo de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pese a los esfuerzos del Gobierno para frenarlas.
En Chile fracasó el segundo intento por sancionar una Constitución que permitiera dejar atrás la de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), enmendada varias veces desde el retorno de la democracia.
Tras una primera derrota en septiembre de 2022, cuando la mayoría rechazó una propuesta de amplios tintes progresistas, la ciudadanía apostó por elegir un Consejo Constitucional dominado por una mayoría derechista y ultraderechista, que produjo un texto de carta magna incapaz de reflejar las demandas ciudadanas expresadas en el estallido social de 2019.
En esta pugna, el Gobierno del presidente Gabriel Boric resultó debilitado en sus posibilidades de impulsar las reformas que prometió durante la campaña electoral, en mucho atadas a cambios progresistas con rango constitucional, así como por escándalos de corrupción en el seno de su Administración.
Aunque el caso chileno difiere considerablemente de los choques y falencias institucionales para responder a las exigencias de la ciudadanía presentes en otros eventos regionales, sí representa una expresión clara de la incapacidad de las clases políticas para ofrecer las respuestas y viabilizar los cambios que la población reclama.
