Santo Domingo. -La Fundación Institucionalidad y Justicia consideró este domingo, Día del Poder Judicial, que entre los retos que tiene la Justicia dominicana para este 2024 es lograr un sistema donde la impunidad se reduzca a niveles mínimos.
También consideró necesario la racionalización de la persecución penal, que debe conducir a la persecución estratégica de los crímenes, tomando en cuenta el grado de afectación al bien jurídico protegido y priorizar soluciones no punitivas.
Sostuvo que será esencial que se vele por una atención especializada a las víctimas, sin dejar de lado la garantía del debido proceso a los imputados.
Finjus valoró como positivo el proceso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el cual consideró tuvo un nuevo impulso a finales del 2020, con el anuncio del Poder Ejecutivo de su intención de promover un vasto plan de reformas, que incluyen la actualización del marco jurídico del sistema de compras y contrataciones públicas y el régimen de consecuencias contra la corrupción y de los órganos de control interno y externo del Estado.
Afirmó que el sistema de justicia atraviesa por cambios sustanciales que buscan dar respuestas a los nuevos problemas generados por la criminalidad trasnacional y el aumento de la conflictividad social.
Sin embargo, manifestó que lo anterior implica crear mecanismos que aseguren la autonomía reforzada de los órganos hasta el logro de una persecución penal más estratégica.
“La acción coordinada en todas las áreas que mandan las leyes debe estar guiada por el respeto debido a los derechos de los imputados y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a la justicia, la atención a las víctimas y la entrega de cada servicio por el que se responde a la ciudadanía”, recoge el documento de la Finjus.
Significó que el 2023 fue un año donde se pusieron en práctica relevantes normativas para el avance de la aplicación de la legislación dominicana. Por parte del Poder Judicial, como la implementación de la Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación, evidenciando un progreso significativo en la actualización y el fortalecimiento de los marcos legales.
