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Santo Domingo.-La Justicia dominicana deberá arribar s garantizar un trato digno a todas las personas que requieran su servicio, como forma para eliminar la discriminación que pueda afectar un ejercicio pleno que reconozca los derechos que garantiza el ordenamiento jurìdico del país.
Asó lo consideró la presidente del Tribunal Superior de Tierra del Este, Catalina Ferreras Cuevas, en su discurso para celebrar el Día del Poder Justicial.
«Hemos de arribar a la idea de que, el Trato Digno conlleva la total ausencia de discriminación, así como la consideración a través de ajustes razonables de las posibles circunstancias materiales, personales o sociales que dificultan el ejercicio de los derechos fundamentales, lo cual requiere la toma de medidas compensatorias para su restablecimiento, así como la consideración y el respeto por los derechos e integridad que se debe a toda persona·, sostuvo.
La magistrada Ferrera Cuevas resaltó la importancia del acceso a la justicia para las personas en condiciones de vulnerabilidad, «a la vez que llamamos la atención sobre la nueva Guía de Trato Digno y su Protocolo, para este colectivo».
Resaltó que la Constitución de la República Dominicana consagra en sus artículos 7, 8 y 38, que la Dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos, constituyéndose en el primer valor o principio que el Estado está llamado a garantizar.
«La dignidad humana es una función esencial en la que se fundamenta la Constitución y el Estado social y democrático de derecho, por tanto, el reconocimiento superior de la dignidad humana como principio fundante de nuestro ordenamiento constitucional, exige un trato especial para el individuo, de forma tal, que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial, el rol del juez y de la justicia en general», detalló.
La presidenta del Tribunal Superior de Tierra de la región Este sostuvo que muchas personas vulnerables se encuentran con dificultades para ejercitar con plenitud en el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico por » la edad, la discapacidad, las minorías, las diversidades étnicas, culturales, la victimización, la migración, la condición de refugio y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orientación sexual e identidad de género y la privación de libertad».
Sin embargo, reconoció «que superar la discriminación estructural en el acceso a la justicia dominicana representa una gran complejidad ya que requiere actualización normativa, políticas públicas, y presupuesto, entre otras; pero la más importante de todas es el cambio actitudinal de los servidores judiciales, a sabiendas de que las personas en condiciones de vulnerabilidad no son las que deben adaptarse al sistema, sino el sistema para ellas».
