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Santo Domingo RD–El Coronel Huáscar Miguel de Peña Lizardo, retirado forzoso de la Marina de Guerra en 2013 tras la incautación de 300 kilos de cocaína, anunció a través de un video en la plataforma “Voz independiente" en YouTube, el sometimiento del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona de no cumplir varias sentencias emanadas del Tribunal Constitucional a su favor
En el video, explica que sus abogados han presentado una demanda en el Tribunal Superior Administrativo por daños y perjuicios relacionados con el incumplimiento de estas sentencias.
En las motivaciones de la sentencia, el Constitucional estableció que la Armada Dominicana no demostró que el militar perjudicado cumpla con los requisitos previstos en la Ley 873-78, Orgánica de las Fuerzas Armadas, por lo que consideró que su retiro forzoso fue dispuesto en violación de la normativa vigente en ese momento. Explica que, conforme a esa ley, el retiro forzoso procede cuando el militar haya permanecido durante 40 años de servicio y que para los capitanes de navío, es facultativo a la edad de 58 años, en virtud del artículo 232 de esa ley.
“Me querían tildar que tenía problemas mentales lo que me obligó abandonar el país y desde hace varios años resido en Estados Unidos, junto a mi hija, que la forcé a irse primero para protegerla, tuve que trabajar como electricista y otros oficios desvinculados del área militar en la que me forme tanto en la República Dominicana como en otras naciones, donde hize cursos, entre ellos Israel y Colombia" indico Peña.
También menciona que el actual comandante general de la armada, Vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, está incluido en la demanda.
Recordando el carácter democrático del país, De Peña enfatiza que los ciudadanos no deben ser perseguidos por buscar justicia, no obstante, desde 2013, ha luchado legalmente por su reintegro, respaldado por una sentencia del Tribunal Constitucional en 2014 que ordenó su retorno como Capitán de Navío.
El coronel retirado, que reside en Estados Unidos desde hace varios años, ha enfrentado persecuciones, intentos de soborno y amenazas por su lucha contra la corrupción militar vinculada al narcotráfico.
Afirmo que su objetivo no es volver a la actividad militar, sino lograr su reivindicación moral y una pensión digna acorde con su rango. La sentencia del Constitucional estableció que su retiro forzoso en 2013 violó la normativa vigente en ese momento y no cumplió con los requisitos legales.
