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Nacionales 
  • Por: La Redacción
  • miércoles 17 enero, 2024

Ambientalistas denuncian intento de fraude contra el Estado reclamado indemnización por tierras del Parque Nacional Sierra de Bahoruco apropiadas por el gobierno

Santo Domingo.-La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunció este miércoles sobre un fraude millonario contra el Estado y el patrimonio público, mediante reclamos ante los tribunales del pago de indemnizaciones por la supuesta expropiación de terrenos en áreas protegidas.

En rueda de prensa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la organización dedensora de áreas protegidas, explicó que los reclamos los están haciendo empresas y personas valiéndodse de documentos que no corresponden a títulos de propiedad depurados.

Relató que los reclamantes, entre los cuales cita a la razón social “DC International SRL” y su representante Tomás Rosendo Dantes-Castillo Soto, demandan un pago del Estado por miles de millones de pesos por suouestas apropiaciones de al menos el 70% del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

Dijo que en “demandas en justiprecio” ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ya han logra dos sentencias sobre terrenos que realmente son propiedad del Estado, una por 590 millones de pesos (núm. 0030-04-2023-SSEN-00088, dictada el 16 de febrero de 2023) y otra por 676 millones de pesos (núm. 0030-02-2023 SSEN-00343, dictada el 30 de junio de 2023).

“Es decir que, mediante maniobras jurídicas cuestionables pretenden el cobro de indemnizaciones reclamadas al Estado dominicano por la supuesta expropiación de un inmueble, en este caso, ante la declaratoria de un área protegida”, iindica.

La coalición resalta que aunque la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (núm. 202-04) contempla la justa compensación de propietarios legítimos previos a su declaratoria de utilidad pública, en esta modalidad que involucra a escandalosas cifras de miles de millones de pesos, los reclamos se están haciendo sobre porciones de terreno sin un derecho de propiedad depurado.

Advirtió que hay al menos otras siete demandas en justiprecio que han sido interpuestas en los tribunales, encausando al Estado dominicano a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por dos personas que alegan ser los propietarios de casi el 70% de los 1,100 kilómetros cuadrados que conforman el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las provincias de Pedernales e Independencia.

Declaró que decidió tomar acción en el tema ante la sospecha de que estas sentencias han sido obtenidas a base documentación de procedencia cuestionable y de que los jueces del tribunal actuante cometieron inobservancias elementales, como el hecho de que las leyes ambientales son muy claras sobre los procesos de expropiación cuando se trata de terrenos en áreas protegidas.

“Algunas agrupaciones miembros de nuestra Coalición han decido recurrir en tercería ante el Tribunal Superior Administrativo, en procura de impedir que el Estado dominicano resulte estafado por cifras tan escandalosas, lo cual sentaría un precedente funesto y una jurisprudencia que podría poner en riesgo una buena parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

Reconoció que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio Público, a través de diligencias de la propia Procuraduría General de la República, han encaminado las acciones legales necesarias para enfrentar este monumental intento de estafa.

“Sin embargo entendemos oportuno y necesario que tanto estas instituciones como los organismos de control del sistema de justicia, profundicen la investigación y de encontrar indicios de irregularidades procesen penalmente a los responsables de este esquema, presumiblemente mafioso, que ya tiene varios precedentes en el pasado reciente y que necesariamente deberían llevar a las sanciones penales que disponga la Ley”, indicaron los denunciantes.

Sostuvo que uno de los involucrados intentó conseguir el pago por parte del Estado dominicano en el año 2009 por supuestos derechos adquiridos en el Parque Nacional Cotubanamá, lo cual fue debidamente rechazado por los jueces actuantes en aquella oportunidad, quienes anularon saneamientos irregulares realizados en el referido Parque.

A nombre de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, integrada por organizaciones ambientales de la República Dominicana, firman la delacaración de prensa la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Comisión Ambiental de la UASD, Cúa Conservation Agency, la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Grupo Jaragua, Guaikía Ambiente, la Sociedad Ecológica del Cibao.

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