Barahona, RD.- La Coalición Enriquillo, conjunto de organizaciones sociales, religiosas, campesinas, comunitarias y profesiones de la Región Enriquillo, así como el comité de protección de comunidades afectadas por la construcción de la presa Monte Grande, culpan al gobierno de no cumplir su promesa de reubicarlos ante el desalojo para dar paso a la ejecución del importante proyecto.
Leonardo Mercedes, vocero de la Coalición, afirmó que el compromiso que hizo el Estado dominicano a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), de que las familias desalojadas serían indemnizadas por los daños, que serían reasentados para su sustento económico, pero a la fecha “nada de eso se cumple”.
Santo Esteban, presidente del comité de protección y defensa de desalojados por la presa de Monte Grande, dijo que muchos de los productores se quedaron sin tierra y que el gobierno actual viola tres contratos que, según él, tienen con ellos.
“Ellos pretenden inaugurar la presa sin antes preparar la tierra para reubicarnos en el proyecto agrícola”, dijo Esteban.
Marcia Méndez, quien también pertenece al comité de protección de comunidades afectadas, relató las vicisitudes que los trabajadores de la tierra pasan luego del desalojo: deudas en bancos, colmados y su único medio de sustento: hacer parir la tierra, hace 14 años que sacaron a sus dueños de sus respectivas parcelas para llevar a cabo la ejecución del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande.
“Yo como madre estoy muy preocupada por la situación, ya que hay no haber medio de producción las personas pueden salir a delinquir en medio de su desesperación”, señaló Méndez.
En visita al periódico Listín Diario, llama a las autoridades para que antes de inaugurar evalúen las plantaciones agrícolas que faltan, “porque de lo contrario no vamos a participar de la inauguración”, mientas tilda «engaño» que el presidente entregue sin antes cumplir “con nosotros”.
Manuel Antonio Pérez (Manuel Lemba), otro líder comunitario, mostró preocupación ante el consumo de agua por parte del Consorcio Azucarero Central.
“Más de 400 mil tareas que hay de producción el 70% es del Consorcio Azucarero Central, si el consorcio esta utilizando el 70% del agua del río Yaque del Sur asimismo van a utilizar el 70% de la presa”, expresó.
La falta de acción por parte de las autoridades agudiza la desesperanza y la frustración en esta comunidad.
Muchos de los afectados han perdido sus medios de vida y luchan cada día para asegurar el bienestar de sus hijos. La promesa de una reubicación digna y justa parece lejana, y la sensación de injusticia crece con cada día que pasa.
Los Güiros, La Meseta, San Simón, Manzanillo, Boca de la Mula, Hato Nuevo, fueron desalojadas para darle paso al proyecto, pero manifiestan que han pasado tres presidentes y cuatro procesos electorales y que “ninguno le cumple”.
Según el vocero de la Coalición Leonardo Mercedes hay más de 700 mil tareas que tienen la capacidad para producir que solo necesitan las condiciones de lugar para sacarla “hacia delante”.
También, llamó al presidente Luis Abinader a “honrar su palabra” y esperan a que antes de las elecciones responda.
Serapio Ferreras, señaló que las personas que antes producían a través de las tierras ya no saben a dónde ir y que con ese medio de sustento padres de familias lograron sacar sus adelante ayudándolos para que sean profesionales pero hoy “no saben qué hacer”.
A pesar de la adversidad, están unidos en una causa común para exigir que se cumplan las promesas hechas por el gobierno.
“La unidad es la fuerza para nosotros convertir la vida de hambre y de miseria como pequeños agricultores para crear riquezas para convertirlo en fuente de empleo para la agricultura”, dice Manuel Lemba.
Antes del desalojo la tierra producía diferentes cultivos entre ellos; yuca, limón, maíz, tomates, melón, berenjenas, batatas y plátanos siendo estos últimos el principal, así como crianza de animales.
Por incumplimiento con las tierras campesinos dijeron una vez más que no acudirán a la inauguración de la presa. Los campesinos recalcaron en varias ocasiones que no asisitaran y que para ellos eso sería un acto “bochornoso”.
Afirman que ningunos de los puntos acordados se cumplieron y por eso se sienten «engañados» por quienes dirigen el Estado dominicano.