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Un reciente escándalo sacude al Ejército de Perú involucrando al comandante General, César Briceño Valdivia. El foco de la polémica es la compra de 10 mil fusiles valorados en 27 millones de dólares, transacción que ahora se encuentra en proceso de inspección. Cabe destacar que, durante la realización de esta adquisición de gran valor, Briceño Valdivia estaba al mando de la institución militar encargada de realizar la compra.
Según el reporte inicialmente advertido por el periodista Ángel Páez, la compra de 10 000 ejemplares israelíes ARAD 7 fue programada en agosto del año pasado. Para adquirir estos fusiles, el Ejército del Perú y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. (FAME) —entidad estatal adscrita a las Fuerzas Armadas— suscribió un contrato que inicialmente debía realizarse por medio de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA).
En el informe del hombre de prensa, este cambio en la entidad que debía realizar la compra fue solicitado por el mismo Ejército del Perú; y acatado sin reparos por el Ministerio de Defensa, a cargo de Jorge Chávez Cresta. Esta modificación generó que la FAME sea la encargada de efectuar el contrato, la misma que en ese momento se encontraba bajo el mando de Briceño Valdivia.
Una vez con la FAME a cargo de la licitación, se acordó la adquisición entre esta y el Ejército para hacerse de un total de 10 000 fusiles de asalto de procedencia israelí con modelo Arad 7 calibre 7.62 x 51 mm; los cuales debía de seguir un proceso de ensamblado. El costo final de este contrato significó un total de US$ 27 millones 737 mil 119 que, al cambio, dan unos 103 millones 740 mil soles.
En las pesquisas ejecutadas por Páez, se detalló que este significativo gasto se realizó “sin licitación o concurso de precios”, además de no haber sido probados adecuadamente por las Fuerzas Armadas antes de su adquisición.
Sin embargo, uno de los hechos que más suspicacia generan es que el Ejército habría aceptado la compra a ojos cerrados; pues las investigaciones revelaron que estos fusiles “no fueron probados en territorio peruano, sino en la misma compañía Israel Weapon Industries (Industrias de Armas de Israel – IWI).
Como si las dudas respecto a la irregularidad advertida en esta contratación no fueran suficientes, un informe de contraloría detalló que el contrato de los fusiles se había establecido como requerimiento para la adquisición de las armas “una garantía técnica de 12 años”; sin embargo, la Contraloría General de la República señaló que el contrato suscrito entre la FAME y el Ejército solo establecía una “garantía técnica de fábrica de 2 años para los 10 000 fusiles de asalto modelo ARAD 7″.
En el hecho adverso alertado por la Contraloría, se señalaba que la “situación no permitiría que los bienes adquiridos cuenten con un mayor periodo de cobertura ante desperfectos o fallas de origen”. Según la explicación detallada, con este cambio de garantía; el Ejército pasaría de tener una garantía de 120 000 disparos a una garantía menor de apenas 20 000 disparos.
Contraloría no encontró justificación para reducir la garantía
En el marco de estas pesquisas, una representante de la Contraloría también señaló que “de toda la revisión documentaria que ha hecho la comisión de control a cargo, ha verificado de que no ha encontrado una justificación que sustente esta variación”; motivo por el que se dispuso la situación adversa en el informe.
“Estamos a la espera de la respuesta que va a tener el Ejército a fin de que adopte las medidas preventivas y/o correctivas. Este plazo todavía está corriendo, tenemos hasta fin de mes, el 29 de enero aún”, aseveró la funcionaria.
Como si los dos informes presentados por la Contraloría General de la República no fueran suficientes, el periodista conversó con dos de las empresas que fueron consultadas a participar en la licitación para la adquisición de las municiones de la FAME. Aunque los representantes de estas empresas pidieron mantener la reserva de las mismas “por razones de seguridad”, aseveraron que existió en un inicio una invitación formal por parte del Servicio Material de Guerra del Ejército; pero que su participación no se llegó a concretar “porque el proceso había sido cancelado”.
En sus declaraciones, uno de los representantes aseveró que “de haber ocurrido una licitación, el Ejército debió poner a prueba todos los modelos, como sucedió en otras oportunidades en las que participamos. Esta vez todo se organizó para que ganara IWI”.
“Si el Ejército deseaba el mejor modelo para sus intereses, debió poner a prueba todos los modelos. Lamentablemente, en esta ocasión, no lo hizo. Si dicen que el Arad 7 es el mejor de todos, ¿por qué no se sujeta al protocolo de pruebas, como lo hizo nuestra empresa y otras más en anteriores concursos?”, inquirió otro de los representantes.
Otro de los representantes agregó incluso que “cuando nuestra empresa participó en otros procesos, las pruebas de resistencia al agua, a la tierra y otras se hicieron en Lima, en instalaciones del Ejército. Esta vez se hizo en la misma fábrica de IWI, lo que resulta cuestionable”.
En el documento de control recurrente de la Contraloría General de la República al que Infobae Perú tuvo acceso, el Comandante General del Ejército ha sido conminado por dicha entidad a fin de que explique los motivos y el contexto en el que se dio dicha contratación; además de solicitarse que “adopte acciones preventivas respecto a las situaciones adversas” que se advirtieron en el informe.
“Hacer de conocimiento al Comandante General del Ejército que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva”; dicta el documento presentado el último 13 de diciembre.
Hasta la fecha, y según lo aseverado por la representante de la Contraloría, no se ha obtenido respuesta alguna por parte del Comandante General del Ejército, ni tampoco se ha detallado situación correctiva respecto a esta irregularidad que le ha costado al Perú un total de US$ 27 millones de dólares.
César Augusto Briceño Valdivia, nacido en Lima el 20 de junio de 1964, inició su formación en el Colegio Champagnat de Miraflores y posteriormente ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en marzo de 1983. Se graduó como Subteniente de Ingeniería en enero de 1987, destacándose como el Espada de Honor de la 91 Promoción “II Promoción Andrés Avelino Cáceres”.
Con una carrera militar de 36 años al servicio de la nación, Briceño Valdivia ha desempeñado roles en diversas unidades y dependencias del Ejército. Ha cumplido funciones como instructor en la Escuela Militar de Chorrillos y en la Escuela de Ingeniería del Ejército. Además, ocupó el cargo de Director de la Escuela de Ingeniería del Ejército en 2013 y Jefe de Educación del Ejército en 2014.
El Gobierno de Dina Boluarte oficializó su nombramiento como comandante general del Ejército del Perú. Según la Resolución Suprema 140-2023-DE, publicada en el diario oficial El Peruano, Briceño Valdivia asumió sus funciones el 1 de enero de 2024.
Este caso se suma al reciente escándalo revelado por el mismo hombre de prensa, en el que se detalla la injerencia y presuntas presiones por parte del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, para que el Ejército proceda con la adquisición de blindados 8×8 con una empresa turca en específico.
En dicha investigación, se detalló que Ojeda Parra intentó interferir en la contratación de la empresa Otokar hasta en tres oportunidades. Ante cada uno de estos requerimientos, la Agencia de Compra de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) emitió su respectivo comunicado rechazando las presiones del jefe del CCFFAA; ello al advertirse irregularidades en el proceso de selección que posteriormente fueron detalladas por Infobae Perú.
