SANTO DOMINGO, RD.- Miembros prominentes de la campaña a la reelección del presidente Luis Abinader se mantienen en influyentes posiciones del gobierno, pese a que una disposición de la Junta Central Electoral lo prohíbe.
La casi totalidad de esos actuales funcionarios acompañó al primer mandatario en su candidatura presidencial de 2020 y este año pasó a integrar el equipo político de confianza del gobernante.
El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y renunciante ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, es el coordinador general de la campaña para que el presidente continúe hasta el 2028.
Paliza es una de las personas de mayor confianza del equipo del presidente Abinader desde que el PRM era partido de oposición.
Junto a él figuran además Wellington Arnaud, director de INAPA; Eduardo Sanz Lovatón, director General de Aduanas y Samuel Pereyra, administrador del Banco de Reservas.
Arnaud, miembro de la Dirección Ejecutiva coordina la campaña del partido oficial en Santo Domingo Este, principal plaza del país en términos electorales.
En las pasadas elecciones ocupó un cargo nacional en la campaña del hoy presidente de la República y coordinó el proyecto en el Sur y fue precandidato presidencial del PRM en las primarias internas de 2019.
En el proceso de renovación del PRM logró un salto cualitativo en su carrera política al quedar como miembro de la Dirección Ejecutiva.
Sanz Lovatón, también miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM es secretario nacional de finanzas de la organización.
Samuel Pereyra, miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM, tiene en la actual campaña su tercera experiencia como encargado de finanzas del proyecto de Abinader. El mismo cargo ocupó en el proyecto del hoy presidente en las elecciones de 2016 y de 2020.
Es una de las figuras claves en el éxito del proyecto político de Abinader. Estuvo entre los fundadores cuando Abinader hizo el primer intento por la candidatura presidencial para el 2012 en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
En esas elecciones, Abinader fue el candidato vicepresidencial del partido blanco y ya Pereyra estaba en su equipo.
Otros funcionarios, como Rafael Burgos Gómez, director de Bienes Nacionales y honorifico del Consejo Estatal del Azúcar ocupan funciones relevantes en en la estructura de campaña de Abinader desde la presidencia del PRM en la provincia Santo Domingo.
Otros funcionarios claves y que se mantiene en sus posiciones son Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas; Rafael Santos director de INFOTEP, entre otros.
La Junta Central Electoral (JCE) emitió este viernes la resolución 38-2023 que regula la participación de funcionarios públicos en el periodo de la campaña y en la precampaña electoral para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de febrero y mayo del año 2024.
La campaña electoral se inicia desde el día en que se emita la proclama de los candidatos por parte de la JCE, y concluye a las doce de la noche del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones. Este jueves 7 de diciembre quedó abierta la campaña municipal de cara a las elecciones del 18 de febrero.
En la resolución queda establecido que la celebración de los actos públicos realizados por las entidades estatales no podrá servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos postulados por los partidos, agrupaciones o movimientos.
• Se prohíbe la realización de marchas, mítines o cualquier tipo de manifestación o la presentación de pancartas, letreros o propaganda en estos actos o alrededor de ellos, que promuevan un determinado candidato a puestos de elección popular; así como cualquier otra actividad de carácter político electoral que afecte la solemnidad institucional que debe caracterizar a estos eventos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, la publicidad en los actos de gobierno estará sujetas a las siguientes reglas:
Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno, nacional o municipal, no podrá contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos de elección popular.
No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargos de elección popular.
No podrán ser aumentados ni los beneficiarios ni los montos asignados a estos programas.
Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido, agrupación, movimiento político o candidato.
Los funcionarios públicos no podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio.
Está prohibido durante los cuarenta (40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta (60) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías.
La Administración Pública Central, las entidades públicas autónomas y descentralizadas y las alcaldías, se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitario extraordinarios, exceptuando los casos en que ocurran catástrofes o eventos naturales de fuerza mayor que por sus características requieran de dichos programas.
En ese sentido, se excluyen de la prohibición relativa a la publicidad en los actos de gobierno, los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado, los cuales podrán desarrollarse conforme dicha planificación.
