Dos de los sindicatos más grandes de Haití anunciaron sus planes de emprender una huelga general que busca paralizar las actividades en Puerto Príncipe desde el lunes 29 de enero, en protesta contra la situación de seguridad que experimenta el país por la acción de grupos criminales. Las pandillas, que operan como bandas del crimen organizado, ya controlan el 80% de la capital y se estima que están próximos a tener el poder absoluto. Entre tanto, el estancamiento del envío de la misión internacional aprobada por la ONU ha generado incertidumbre y desesperanza entre la población.
Los trabajadores haitianos se rebelan contra la violencia en la isla. El pasado 25 de enero, la Brigada Sindical Anticorrupción (BSAC) convocó a la fuerza laboral haitiana para materializar una huelga masiva, con el objetivo de mostrar su inconformidad con la gestión del primer ministro, Ariel Henry, ante la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, que se suma a la extendida pobreza y la inestabilidad política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021.
Con el apoyo de la Central Nacional de Trabajadores Haitianos (CNOHA), la huelga se extenderá hasta el 31 de enero, focalizando su inconformidad en los bloqueos viales que imponen algunas pandillas a lo largo del territorio, los cuales bloquean el tránsito y la llegada de suministros básicos desde la periferia a la capital, donde la crisis humanitaria empeora cada día.
"El precio de las artículos básicos está aumentando en el sur y en el extremo norte del país. Los agricultores del sur no pueden transportar sus productos a la capital. Todos somos víctimas en la población", expresó Sonson Dumé, coordinador general de la BSAC, a medios de comunicación locales.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Möise, en 2021, Haití se ha sumido en una crisis política de la que no ha podido salir. Esto se suma a la crisis humanitaria y económica que atraviesa el país desde hace más de una década, acrecentada con el terremoto de 2010, del cual la isla no se ha podido recuperar totalmente después de catorce años.
Con el vacío de poder existente, generado por el cúmulo de tragedias existentes en la nación caribeña, la más pobre de América, las organizaciones criminales han tomado las armas para enfrentarse directamente a las débiles fuerzas de seguridad haitianas, buscando arrebatar el control de la capital haitiana al Gobierno, empleando una ola de terror contra la población.
Ante la impunidad de los grupos criminales haitianos, el Gobierno urgió en 2022 por asistencia internacional para enfrentar su inestabilidad interna, sin embargo, la comunidad internacional no había encontrado entre sus miembros un Estado voluntario que estuviera dispuesto a liderar una misión de dicha Índole en la isla.
Kenia levantó la mano en julio de 2023, postulándose ante Naciones Unidas para comandar una misión internacional, con el objetivo de reforzar a la Policía nacional y facilitar el combate contra las pandillas. .
Aunque la ONU aprobó la misión en octubre pasado, la Suprema Corte keniana calificó el plan de enviar fuerzas de seguridad nacionales a Haití como "inconstitucional" el pasado 25 de enero, alegando que no existe un "acuerdo recíproco" con el país receptor.
La decisión del órgano judicial del país africano ha provocado desesperanza en Haití.
La situación se ha desbordado. Ya es suficiente, cada día sientes que no hay esperanza", mencionó Malory Laurent, un pastor que se comunicó con la radio local el 25 de enero, tras enterarse del fallo de la corte en Nairobi. Dicha misión multinacional también incluiría el apoyo de Jamaica, Belice, Burundi, Senegal, Chad y Bahamas.
La ola de violencia en Haití atraviesa un "punto crítico", así lo señaló la enviada especial de Naciones Unidas para la isla, María Isabel Salvador, durante una reunión con el Consejo de seguridad del organismo el pasado 25 de enero, en donde alertó que las cifras de víctimas de las pandillas en territorio haitiano aumentó un 122% el año pasado con relación a 2022, contando alrededor de 8.400 personas que han sufrido los estragos de la violencia.
La necesidad de una misión internacional que impulse la lucha en contra de las pandillas está materializada en la debilidad de los cuerpos policiales de Puerto Príncipe. Según información de la ONU, solo existen 10.000 efectivos policiales disponibles en todo el territorio haitiano, que alberga alrededor de 11 millones de personas.
Para solventar las necesidades de la población, el brazo policial debería estar compuesto por unos 25.000 activos, según apuntes de Naciones Unidas. Sin embargo, los bajos salarios, las pobres condiciones laborales y la peligrosidad que conlleva la labor policíaca han provocado una tasa de deserción preocupante, con más de 1.600 policías que dejaron su puesto en 2023.
"En ausencia de una misión exterior sólida que se despliegue muy pronto, nos enfrentamos a un escenario bastante trágico en Haití", sentenció Diego Da Rin, experto en Haití dentro del International Crisis Group y quien remarca la necesidad de un "plan B" para Haití.
La decisión del Poder Judicial keniano provocó la reacción de Washington que, a pesar de "reconocer" la legitimidad en la decisión de la Suprema Corte en Nairobi, mostró su preocupación por la situación de dicha misión internacional, subrayando su importancia para la estabilidad de la región y expresando su compromiso con la causa.
"El compromiso de Estados Unidos con el pueblo haitiano sigue siendo inquebrantable. Reafirmamos nuestro respaldo a los continuos esfuerzos internacionales para desplegar una misión multinacional de apoyo para Haití", apuntó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de un comunicado.
Entre tanto, el Gobierno de Haití también ha reaccionado al estancamiento de la misión internacional que Kenia lidera, afirmando que le están dando un "seguimiento a la evolución del caso", del que esperan un resultado "rápido y positivo".
Además de agradecer a la comunidad internacional y en específico al presidente keniano, William Rutto, la carta publicada por el Gobierno haitiano también enfatiza en que "no es el momento de aventurarse, ni de volver a las maniobras que en el pasado contribuyeron a agravar la situación del país".
Con un oscuro pasado respecto a las misiones humanitarias internacionales, en particular por el escándalo de los "cascos azules" de Naciones Unidas, Haití se enfrenta a otra crisis devastadora que obliga a la isla a recurrir por asistencia internacional, que parece obstaculizada.
Mientras tanto, Haití sigue sumergida en una de las peores crisis, que ya ha provocado el éxodo de más de 300.000 nacionales dentro de su propio territorio.
