A propósito de las críticas a la aprobada Ley 1-24, que abarca la esencia y el rol de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), el abogado Olivo Rodríguez Huertas señaló que, más que la inconstitucionalidad en sí que denuncian sobre algunos artículos, el asunto está en la manera en que fueron redactados porque caen en la ambigüedad, pero, al mismo tiempo, valoró de positiva la iniciativa.
“Creo que esta iniciativa hay que saludarla, es una deuda que se tiene con la Constitución del 26 de enero de 2010, que recoge la necesidad de una legislación que regule, incluso más allá de lo que es el DNI, que es parte del sistema nacional de Inteligencia”, precisó.
Manifestó que esa ambigüedad la tiene, sobre todo, uno de los artículos capitales, que es el número 11 de esa ley que deriva en cierta imprecisión
Dijo que la ley se concentra en ese artículo específico que amerita que se haga esa precisión, no por lo que pueda ocurrir en la actualidad, sino porque en el futuro se podría interpretar el alcance de este de otra manera.
“Lo que está claro es que, dentro de la disposición de la ley se establecen medidas extraordinarias que se necesitan para los fines de la labor de inteligencia y contrainteligencia de un Estado, pero, claramente, se habla de que sin desmedro del respeto a lo que está establecido en la Constitución”, explicó Rodríguez Huertas.
El abogado señaló que la ley es bien clara con muchos aspectos y, además, ha sido completada con una abundante jurisprudencia por parte del TC, como es el caso del derecho a la protección de datos personales y temas de la intimidad,
“Desde luego que, lo mejor es que se aproveche esta experiencia y el texto se rodee de la mayor de las garantías posibles”, sugirió el abogado durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., cada sábado por Entelevisión a las 9:00 de la noche.
Sobre qué se debe hacer al respecto, Rodríguez Huertas dijo que entiende que el Poder Ejecutivo bien pudiera no esperar a que esto lo decida el Tribunal Constitucional, porque si el propio gobierno no tiene inconvenientes en que se hagan las precisiones de lugar en el texto, pues lo lógico sería que esto vaya al trámite legislativo de una modificación de ese articulo o de los que interrelacionan con el mismo.
Llamó a la sociedad a entender que no puede demandar seguridad sin que el Estado cuente con herramientas especiales que no pueden ser para el combate de los desafíos tradicionales, sino que tiene que guardar proporción con la naturaleza de los desafíos de todo tipo que, tanto en la parte pública como privada, se ven afectados.
