Familias afectadas por explosión de San Cristóbal demandan al Gobierno y al ayuntamiento

San Cristobal.- Representantes legales de 17 de los afectados por la explosión que el pasado 14 de agosto cobró la vida de 42 personas, anunciaron el sometimiento y demanda por daños y perjuicios patrimonial y civil contra el Estado, el Ayuntamiento municipal y su alcalde José Bienvenido Montas, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,  y a su  ministro Deligne Ascensión, y a empresa Consorcio RYLCO y Asociados. 

Los abogados Roberto Oscar Faxas Sánchez, Bernardo Ledesma, Pedro Casado Jacobo y Rafael Manuel Nina Vásquez, informaron que el sometimiento de demanda fue depositada este miércoles a través del Tribunal Superior Administrativo, en cumplimiento al artículo 148 de la Constitución de la Republica, que según estos juristas, establece que el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como la ocurrida el pasado 14 de agosto en San Cristóbal, y más en este caso donde el control, guarda y cuidado del lugar donde se produjo el incendio, estaba bajo el dominio de las autoridades en el momento de la tragedia.

Asimismo, afirmaron que es la primera vez que en el país se hace este tipo de demanda judicial lo que representa un hecho sin precedencia.

Y es que, al cumplirse seis meses de aquella detonación, familiares de los fallecidos y afectados aun exigen una investigación más profunda para dar con toda la verdad de los hechos.

En medio del dolor, con pancartas en manos, decenas de familias siguen pidiendo justicia para tener un poco de consuelo.  Lamentaron que a seis meses de aquella trágica tarde 14 de agosto, todavía no se conozcan con certeza las causas de aquella explosión que acabó con las vidas de 42 personas y afectó a otras tantas.  

De su lado representantes de la Comisión de la Verdad,, reiteraron su llamado a hacer una investigación responsable sobre los hechos ocurridos aquella trágica tarde. 

Cabe resaltar que hasta el día de hoy, ni el Ministerio Público ni las demás autoridades competentes han hecho las indagatorias que la Comisión de la Verdad de San Cristobal demanda en espera de toda la verdad de los hechos.