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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España ha decidido por unanimidad investigar al expresidente catalán y actual eurodiputado Carles Puigdemont, por el asalto al aeropuerto de Barcelona en 2019, situándole como líder de la organización Tsunami Democràtic.
La decisión puede tener una infinidad de ramificaciones en la política nacional, desde el decaimiento de la ley de amnistía para los involucrados en el 'proces' catalán, que se está tramitando en el Congreso, hasta un final inesperado de la legislatura que comenzó el pasado 17 de agosto.
No necesariamente. La jueza designada por la Sala de lo Penal investigará y sus pesquisas pueden desembocar en un juicio o bien concluir con el archivo de la causa.
Por el camino, Puigdemont puede ser citado como investigado, para lo cual es necesaria la luz verde del Parlamento Europeo al estar aforado.
Si se llegara a una hipotética condena del político catalán, podría recurrir la sentencia tanto al Tribunal Constitucional de España como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El expresidente catalán está señalado de promover acciones violentas y de ser el líder de una organización terrorista. Para ello, la parte acusadora se basa principalmente en dos evidencias.
Por un lado, las reuniones que se produjeron en Ginebra, entre los días 29 y 31 de agosto de 2019, a las que acudió Puigdemont y en las que pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic, si bien no se tiene certeza de su contenido.
Por otra parte, en su apoyo público a las actuaciones de protesta de la organización, argumentando que sin él no se habrían producido.
El caso se centra en los hechos que se imputan a la organización anónima Tsunamic Democràtic, durante las protestas que se desataron en Cataluña en 2019, cuando se conoció la sentencia condenatoria a líderes independentistas catalanes por el referéndum ilegal de independencia, celebrado en 2017.
Principalmente se enfoca en las acciones acaecidas el 14 de octubre de 2019, cuando se produjo la toma del aeropuerto de Barcelona. Según el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Manuel García-Castellón, son susceptibles de considerarse delitos de detención ilegal el bloqueo de la entrada y salida al aeródromo por una multitud de personas, congregadas con falsos billetes de avión y tarjetas de embarque.
El juez también sostiene que se perturbó el servicio de aviación internacional, se impidió el acceso a usuarios y tripulación y se aisló la torre de control del aeropuerto. Define la situación de absoluto caos y violencia y afirma que los partidarios de Tsunamic Democràtic emplearon instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes.
El magistrado también aprecia delitos de lesiones a miembros de cuerpos de seguridad, a quienes lanzaron piedras y adoquines; falsificaciones masivas de billetes de avión y tarjetas de embarque; así como daños patrimoniales.
Por su parte, el Tribunal Supremo considera que para que exista delito de terrorismo callejero se debe perseguir subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella
En seis días se tendrá una respuesta concreta a esta pregunta, porque entonces se agotará el plazo para que la Ley de amnistía, que fue rechazada en una primera votación en el Hemiciclo el pasado 30 de enero, vuelva a pasar por el Congreso de los Diputados. Por lo pronto, parece que su aprobación se complica después de la decisión del Tribunal Supremo.
En enero, la norma decayó por el rechazo de Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán, que exigió incluir los delitos de terrorismo que no violaran gravemente derechos humanos entre aquellos que se amnistiarían. Ahora tienen hasta el 7 de marzo para llegar a un acuerdo que presentar a la Cámara Baja.
Si la amnistía no sale adelante, la presente legislatura se podría ver seriamente comprometida. La ajustada aritmética salida de las urnas hace imprescindible el apoyo de Junts para el Gobierno bicolor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.
Sin sus votos favorables, el Gobierno no podría sacar adelante ninguna iniciativa legislativa, ni siquiera la más importante de todas, los Presupuestos Generales del Estado.
Junts ya ha reiterado en numerosas ocasiones que no siente ninguna obligación de contribuir a la gobernabilidad del Estado español, pero posiblemente la alternativa les sería menos favorable.
Si el Gobierno cae y el presidente Pedro Sánchez se ve forzado a convocar elecciones anticipadas, existe la posibilidad de que llegara al Gobierno el conservador Partido Popular (PP), que solo podría lograrlo con el apoyo de la ultraderecha de Vox, una formación que ya ha sostenido en varias ocasiones su apuesta por la ilegalización de los partidos políticos independentistas.
Si bien esa prohibición no es una opción, por inconstitucional, sí se cerrarían todas las puertas a las negociaciones de cualquier tipo con los partidos catalanes.
