Miriam Germán Brito destaca “compromiso con la persecución de los delitos de crimen organizado se fortalece cada día más”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al presentar las memorias de su gestión correspondiente al año 2023,  la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, resaltó el avance institucional que experimenta el Ministerio Público y destacó los logros obtenidos en la persecución de las diferentes modalidades de la delincuencia y el crimen.

La procuradora general aseguró que el compromiso con la persecución de los delitos de crimen organizado se fortalece cada día más. “Tanto es así, que hemos creado, junto a las demás instancias vinculadas a la seguridad nacional, la primera Fuerza de Tarea Nacional para analizar e investigar las manifestaciones delictivas de carácter transnacional con miras a su procesamiento y desarticulación. Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos y a la Presidencia de la República, por su colaboración para que esto fuera posible”, manifestó.

En ese orden, resaltó, también, que en el 2023 el Ministerio Público estableció récord en la región en materia de decomiso y acuerdos de culpabilidad en casos de corrupción, lo que a su juicio evidencia la fortaleza de los procesos. Asimismo, dijo que se investigó y judicializó un total de 24 casos de trata de personas en diferentes modalidades, la mitad de éstos por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

“En los esfuerzos por erradicar el comercio ilícito, en otro orden, fueron destruidas cerca de 20 millones de unidades de mercancías ilícitas, entre las cuales se encontraban tabaco, medicamentos y bebidas alcohólicas.

Además, dijo que otros tanto han logrado en materia de medioambiente con 3,202 casos iniciados a nivel nacional (desde contaminación sónica, hasta las violaciones de áreas protegidas). “La mitad de esos casos culminaron con conciliación, a una parte se les aplicaron sanciones pecuniarias que promueven la reparación del daño, y en los más graves se impusieron medidas de coerción, secuestros u órdenes de cierre”, dijo.

Resaltó el incremento significativo de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. “Globalizado es el crimen, globalizada tiene que ser la persecución y en ese sentido en los últimos años hemos trabajado en conjunto a autoridades nacionales y de otros Estados para coordinar y lograr las extradiciones de 123 personas, en su gran mayoría imputados por delitos graves”, detalló.

Otros logros del Ministerio Público

La magistrada Miriam Germán Brito dijo que las personas que acuden al sistema de justicia lo hacen en la mayoría de los casos por conflictos ciudadanos. “En la actualidad en la República Dominicana, de cada 100 homicidios, 63.7%, son a causas de conflicto social de ahí la importancia de establecer políticas y estrategias focalizadas a la erradicación de los factores que generan esos alarmantes indicadores”, detalló.

Precisó que durante el año 2023 a nivel nacional se realizaron 12,335 soluciones alternas del conflicto. “El 76.5% de ellas realizadas en la etapa de investigación, lo que refleja la consolidación y resultados eficientes de esta política que hemos impulsado”, resaltó.

Añadió “es más, en octubre del 2023, la República Dominicana fue seleccionada por el Comité Científico de Proyectos Exitosos de Alcance Global del XIX para presentar en el Congreso Mundial de Mediación las buenas prácticas que realiza a través del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de República (Sinarec-PGR).

Sobre la lucha contra la violencia de género, dijo, que, desde la Dirección contra la Violencia de Género, se han obtenido avances relevantes en el 2023 gracias a varias contribuciones de instituciones como el Voluntariado Banreservas, el Banco BHD, CEDI-Mujer, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Unión Europea.

La máxima representante del Ministerio Público, igualmente, destacó los acuerdos interinstitucionales orientados a fortalecer los lazos de colaboración con otras entidades públicas y ONG vinculadas al sector justicia, entre ellos, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante el cual se implementó el proyecto Ciudad Mujer. Dentro del mismo, se llevará a cabo un piloto innovador para la inserción laboral de mujeres que sufren violencia.

Por igual, indicó “para la transformación del sistema penitenciario hemos alcanzado un hito mediante un acuerdo pionero con la JCE. Los internos bajo medidas de coerción tienen por vez primera la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Además, hemos consolidado acuerdos con la Universidad de la Tercera Edad y la Fundación de Mujeres, facilitando programas técnicos superiores”.

La procuradora, además, destacó en su exposición, la puesta en funcionamiento de varios centros de atención, proporcionando un espacio seguro y acogedor, por medio de enlaces con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), el Patronato la Nueva Barquita, y el Fideicomiso de Ciudad Juan Bosch.

Resaltó, también, que una de las iniciativas prioritarias que asumieron fue impulsar el fortalecimiento de la carrera.

Señaló, que, además de los ajustes salarial y beneficios que se implementaron a partir del 2022, que representaron un impacto de 559 millones anuales, el año pasado continuaron implementando acciones con el interés de aumentar la calidad de vida de los fiscales y sus familias.

Resaltó que “a esto se suman los 121 millones que disponemos para la implementación de los concursos internos y de oposición, para la promoción interna, las titularidades y el ingreso de nuevos miembros.  Se puede advertir, entonces, que sólo la partida exclusiva de compensación de los fiscales se ha incrementado aproximadamente en 800 millones anuales”.

“El desarrollo de la carrera es el resultado de una combinación estructurada y programada de capacitación más desempeño, así como de evaluaciones periódicas y concursos, ponderados, junto a la antigüedad en el servicio, como criterio complementario”, subrayó la magistrada Germán Brito.

Adelantó que se programarán, además, los concursos pendientes de ascensos, de titularidades y de oposición para cubrir 65 plazas en provincias críticas.

En torno a la gestión administrativa y operativa, declaró que uno de los proyectos que mayor impacto ha tenido en la gestión administrativa es el proyecto Identificación del Personal, cuyo objetivo es auditar al personal, actualizar sus registros de datos básicos, funciones, ubicaciones, y, al mismo tiempo, dotarlos de un nuevo formato de tarjeta de identificación.

Destacó como otro avance significativo, el diseño e implementación del proyecto Transformación Digital, con el objetivo de abarcar la totalidad de los procesos judiciales que sean de competencia de las diferentes dependencias y Procuradurías Especializadas que conforman el Ministerio Público. “Estamos abordando el flujo automatizado de los expedientes, desde la recepción de las denuncias hasta la conclusión de los casos”, informó.

Refirió, que, con el propósito de mejorar las instalaciones para ofrecer un mejor servicio al ciudadano, han sido remozadas varias fiscalías a nivel nacional.

“Y, no menos importante, en cumplimiento de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos, a consecuencia de sentencias penales que autorizan decomisos de bienes, hemos podido obtener fondos por valor de más de 391 millones de pesos”, apuntó.

Del sistema penitenciario, a cargo de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), la magistrada Germán Brito explicó que se creó el Complejo Correccional de Batey Bienvenido y que con los esfuerzos aunados del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotec), se certificaron a 3,232 personas privadas de libertad, de 36 Centros de Corrección y Rehabilitación por haber completado su capacitación en 92 programas de formación.

“Es lamentable el siniestro ocurrido recientemente en la Penitenciaría de La Victoria, que costó la vida de trece internos. Las autoridades competentes han estado realizando las investigaciones de lugar para determinar el origen del mismo, y en la Procuraduría se ha creado un gabinete especial para tomar las medidas de contingencia necesarias para garantizar los derechos de los internos y la continuidad de los servicios penitenciarios”, dijo, tras expresar su compromiso de continuar los esfuerzos para fortalecer el sistema penitenciario.

Con relación al trabajo desarrollado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, resaltó que durante el año 2023 impartió capacitaciones que impactaron a 12,238 miembros de la institución (incluyendo personal técnico y administrativo), sobrepasando la meta propuesta, mediante la ejecución de 63 acciones formativas de diversos temas.

En el plano internacional, destacó “nuestra escuela capacitó a Ministerios Públicos de más de 21 países de Iberoamérica, alcanzando un total de 4,535 fiscales, promoviendo la integración de la comunidad internacional y la cooperación.

De igual manera, dijo que el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales, contó con la participación de 3,127 servidores penitenciarios y correccionales en 28 distintos programas de educación continua. En el caso de recién ingreso, señaló que han sido nombrados unos 286 agentes de un total de 650 vacantes.

En otro tema, la procuradora general de la República expresó “cumpliendo con la Ley No. 20-23, ha quedado nombrado el Fiscal Electoral, con la función principal de asistir a las fiscalías en el ámbito de la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales, para hacer frente a los delitos que puedan cometerse en las próximas elecciones a celebrarse en mayo”.

“Me siento realmente satisfecha con lo logrado, por mi parte y de parte del equipo que me ha acompañado, con la única intención de que el Ministerio Público sea un órgano con mayor transparencia, autonomía y eficiencia”, expresó la titular del Ministerio Público, al presentar la última rendición de cuentas del actual período de gestión gubernamental, durante un acto realizado en el Auditorio Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de miembros del Ministerio Público y de diversas instituciones del país.