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“La democracia es un proceso. No un estado. Es un camino, no un destino”. (Robert Dahl).
Si analizamos nuestra Carta Magna, la auscultamos, nos vamos a encontrar que, a 14 años de su promulgación sigue siendo altamente aspiracional. Hay un abismo en gran parte de sus articulados y la realidad real. 277 artículos y ya tan tempano como en el 2015 fue modificada, sin que todavía se hayan elaborado leyes sustantivas, fundamentales para la participación ciudadana y el ejercicio de la democracia.
Lo mismo está ocurriendo con muchas leyes que no se cumplen, sobre todo alrededor de instituciones que tienen presupuestos asignados por leyes específicas. Son 21 instituciones amparadas en leyes que, de llevarse a cabo, de ejecutarse conforme a lo establecido, representarían un 12.1% de los ingresos tributarios, cuando la presión tributaria ronda cada año entre un 13.5 a un 15%. La realidad y la falta del poder institucional lleva al desconocimiento del incumplimiento de las mismas y todos los años los distintos gobiernos realizan adendas en los presupuestos, para señalar que porcentaje real darán a cada una de ellas. Una verdadera desviación entre lo normalizado y la realidad. El caso más patético lo constituyó la Ley de Educación de 1997: 4%. Fue solo 16 años después que comenzó a cumplirse.
El presupuesto de la UASD para el año 2024 debería ser de RD$62,000 millones de pesos, sin embargo, con 150,000 estudiantes, alrededor de 15,000 participantes de maestrías, más de 22 recintos, centros y subcentros, 5,000 profesores, 6,000 empleados, alrededor de 4,000 jubilados/pensionados, 7 grupos culturales y una Dirección de Bienestar Estudiantil que otorga becas y créditos educativos y un comedor que brinda servicios de almuerzo y cena a 10,000 estudiantes, apenas le darán RD$13,200 millones de pesos, esto es, una cuarta parte de lo que le corresponde por ley.
Lo que sucede con los ayuntamientos es cuasi un crimen de ausencia de legalidad y legitimidad. Actualmente le tocarían RD$123,000 millones de pesos y solo le aprobaron RD$23,000, esto es, un 18/100. De igual manera ocurre con la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría. A la Junta, que por Ley sería un 1.5%, equivalente a RD$20,000 millones, pero solo los congresistas le aprobaron RD$11,200 millones de pesos.
Ahora nos encontramos con un monumento a la crisis del liderazgo responsable. A los partidos políticos, por la Ley 20-23 le toca un 0.25% en años no electivos y 0.50% en periodos electorales. Cabe confesar que esta Ley que está en la Ley 97- 75, no se consignó en la Ley 15-19, aunque se llevó a cabo, pero luego se puso en la 20-23. Nunca se ha asumido conforme a lo estipulado en la ley. Desde 1998 el Estado dominicano ha erogado en estos 26 años cerca de RD$28,000 mil millones de pesos. Ver cuadro a continuación:
AÑO MONTO FINANCIAMIENTO
1998 171,683,880.00
1999 105,823,186.00
2000 224,231,085.00
2001 147,982,947.00
2002 297,376,015.00
2003 170,287,713.00
2004 412,855,042.00
2005 302,761,582.00
2006 593,679,949.00
2007 296,839,482.00
2008 1,060,063,874.00
2009 526,502,169.00
2010 1,085,488,234.00
2011 590,960,548.00
2012 1,403,210,000.00
2013 805,043,460.00
2014 805,043,460.00
2015 805,043,460.00
2016 1,610,000,000.00
2017 805,043,460.00
2018 1,260,000.000.00
2019 1,506,933,594.00
2020 4,013,903,594.00
2021 1,260,400,000.00
2022 1,260,000.000.00
2023 1,260,000,000.00
2024 2,520,000,000.00
2024* 2,578,000,000.00
Total 27,879,156,734.00
*Entregado por la Junta a los partidos del presupuesto propio de la Junta
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el Presupuesto que regiría para el 2024, desde septiembre de 2023. Se destacaba que se le otorgaría a los partidos RD$2,520 millones, esto es, un 50% de lo establecido en la Ley. Se aprobó el presupuesto del 2024 mediante la Ley 80-23. Para el mes de febrero se les entregó a los partidos los RD$2,520 millones. Una violación a una Resolución de la propia Junta que había contemplado la periodicidad con que se adjudicarían y al proceso de asignación, ya que estas son ratificadas mensualmente, vía una doceava parte de la totalidad cada 30 días, conforme a las recaudaciones mensuales y que constituye un horizonte de todo el año.
¿Qué ocurrió? Que varios partidos montaron un relato de manipulación y de mentira, construyendo una diferenciación entre el relato y la información. Señalaban que el gobierno los tenía asfixiados, que no le daban el dinero consignado en la Ley 20-23. No decían lo que aprobó el Congreso. Por eso, cuando van al Tribunal Superior Administrativo el dispositivo de Sentencia 00-30-03-2024, sintetizada reza así: “Declarar inadmisible el amparo, porque el tribunal no puede ordenar un cambio a la ley de presupuesto”. Como diría un jurista “igual queda entonces el hecho de como entregar fondos no reconocidos en la ley de presupuesto cuando no ha intervenido otra ley de modificación”. Es lo que nos dirían algunos abogados, lo que la ley no distingue no se puede disponer.
Estamos frente a la creación de una narrativa caracterizada por la falacia y la falacia falsa de equivalencia de los actores políticos que no hicieron su papel en el Congreso y una crisis de responsabilidad de la Junta. Ellos no debieron enviar esa carta al Ministro de Hacienda, con copia al Presidente, para que le entregaran el dinero a los partidos conforme a la Ley 20-23, pues sabían lo que el Congreso había decidido al respecto. Al enviar la misiva “se quitaron” el apoderamiento de la ley 80-23 y “mandaron” la pelota a la cancha del Ministro de Hacienda y, de paso a la Presidencia. Falta de carácter, de responsabilidad.
El “bajadero”, que creara un precedente nefasto, es darle el otro 50% a los partidos de los RD$11,200 millones que le aprobó el Congreso a la Junta, que a la luz de la Ley que la ampara debió ser 1.5%, equivalente a RD$20,000 millones. El dinero que la Junta le dará a las organizaciones políticas no anula, no borra que hay una ley que aprobó lo que en el año 2024 les toca a los partidos. La ley está ahí y no ha sido modificada. Cuando la Junta entregue el dinero y luego el Congreso, mediante un presupuesto reformado, le devuelva el referido dinero se está violando la ley del Congreso 80-23.
Estamos en presencia de lo que sabiamente un abogado que valoro en toda su dimensión, me acotaba “Eso se denomina una violación negativa del principio de igualdad que establece el Artículo 39, numeral 3”. Si no se otorga a todos no se puede otorgar a una. El numeral 3 del Artículo 39 de la Constitución es muy categórico: “El Estadio debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión”.
Que el Poder Ejecutivo, en el mal denominado Presupuesto Complementario, que al decir verdad se llama: Presupuesto reformulado, reformado, no soluciona la legalidad del “bajadero” pues el Congreso aprobó RD$2,520 millones. La búsqueda del “bajadero”, del “atajo”, solo apunta a la carencia del poder institucional, a la anomia institucional de nuestra democracia. Una salida costosa para “evitar” ruidos espantosos de una clase política que no parece que una parte de los actores involucrados en este esperpento, pasara por el Estado. Como nos diría Robert Dahl “La democracia, al parecer, es un poco arriesgada. Pero sus posibilidades dependen también de lo que hacemos nosotros mismos”.
Una realpolitic sin el menor grado de legitimidad. El estudio de opinión de ACD Media, auscultó la percepción del dominicano con respecto a darles más dinero a los partidos políticos. El 74.5% está poco de acuerdo y nada de acuerdo: 29.8 y 44.7, respectivamente. Solo un 23.2%, está muy de acuerdo con mayor presupuesto para los partidos políticos ¿No quedará la Junta entrampada en el laberinto legal al otorgar todo el dinero del año a los partidos en los primeros 5 meses? ¿Acaso no hay partidos tratados como mayoritarios que a partir del 19 de mayo pasarán a la categoría de minoritarios y que hoy se les está otorgando un 80% del financiamiento, esto es, 4 partidos recibirán RD$1,008 millones de pesos, cada uno, esto es RD$4,032 millones? ¿Que distribuirá la Junta después de junio y cómo?
Nos pregunta Robert Dahl en su libro La democracia, pagina 54 ¿Por qué la democracia? “La democracia produce consecuencias deseables:
Evita la tiranía.
Derechos esenciales.
Libertad general.
Autodeterminación.
Autonomía moral.
Desarrollo humano.
Protección de intereses personales esenciales.
Igualdad política.
Además, la democracia moderna produce:
Búsqueda de la paz.
Prosperidad.
La democracia se envilece cuando su liderazgo, a todos los niveles y naturaleza, no hace lo que le corresponde correctamente. Hay que recordar que lo correcto es correcto aunque nadie lo esté haciendo y que lo incorrecto es incorrecto aunque todo el mundo lo esté haciendo. Es la necesidad de un liderazgo que se constituya en el puente entre el presente y el futuro con una clara visión de una imaginación fecunda de la misión colectiva. El liderazgo responsable tiene entre sus senos varios puntos cardinales:
Actúan en función del poder legal y la legitimidad.
No producen laberinto, sino que se mueven en función de la transparencia, de la institucionalidad, más allá de la realpolitic, sobre todo, frente a “crisis falsas”, de una letanía de la crisis de la narración sin parangón.
Saben establecer mejores relaciones y ser empáticos, no significa hacer lo que este al margen de las leyes. El pragmatismo salvaje no tiene lugar ni espacio.
Saben que las acciones son más fuertes que las palabras a través del compromiso y la dedicación. Desarrollando la integridad y la persuasión, siendo en todo momento y lugar ético y justo.
Es lo que coadyuvará como sociedad a que no fallemos en lo que hemos alcanzado, porque como dice Ben Ansell en su libro Porque Fracasa La política, “ Cuando la democracia no cuenta con instituciones liberales que le sirvan de apoyo, suele degenerar en populismos agresivos…. Si la democracia es tan deseable, ¿Por qué cuesta tanto adoptar decisiones democráticas? Los problemas de la democracia se derivan del hecho de que los países no son como las personas. Son más bien agrupaciones de individuos con intereses personales. Y la manera en que tomamos decisiones individuales no es análoga al proceso de toma de decisiones colectivas. De hecho, los incentivos personales destinados a conseguir lo que cada uno quiere pueden impedir que lleguemos a acuerdos, y cuando eso sucede es cuando la política fracasa. Nos vemos atrapados en la trampa de la democracia”.
