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Puerto Príncipe, (EFE).- La ola de violencia que vive actualmente Haití está teniendo enormes consecuencias en la economía del país y, frente a ello, los expertos advierten que los desafíos al respecto van en aumento, pese a que 2024 había comenzado dando señales de una tímida mejoría respecto al ejercicio anterior.
Según el Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI, por sus siglas en francés), las reservas internacionales presentaban una cierta mejoría, aunque sobre una base baja; las recaudaciones aduaneras habían aumentado casi un 50 %, el tipo de cambio exponía una relativa estabilidad y la evolución interanual de la inflación se situaba en 20,9 % en enero pasado, frente al casi 50 % en el mismo mes de 2023.
Pero la escalada de violencia ha echado por tierra esas cifras y, en opinión de la inmensa mayoría de los expertos, que ya planteaban previsiones pesimistas para la economía local (quinto año de crecimiento negativo, inflación y aumento de los tipos de cambio y del coste de la vida), los retos económicos se incrementan.
Haití es el país más pobre de América y tiene muchas dificultades a la hora de atraer inversiones y generar confianza. Este es el contexto en el que la crisis nacional se agrava desde hace ya tiempo: el precio del dólar se ha triplicado en los últimos diez años, la economía utiliza la divisa estadounidense como referencia con consecuencias como ciclos de deflación e inflación que se retroalimentan, y hay un bajísimo poder adquisitivo de la población.
Además, la estructura económica se basa en mano de obra barata, y las remesas de la diáspora haitiana constituyen la primera fuente de ingresos del Producto Interior Bruto (PIB), con la exportación de productos textiles en segunda posición.
Haití se ha enfrentado además a desafíos como el pago de la llamada “deuda de la independencia”, o la compensación a los franceses que, según el diario ‘The New York Times’ hoy sería de entre 21.000 y 115.000 millones de dólares, si se tiene en cuenta el potencial de inversión de estos recursos, o la ocupación estadounidense en 1915 con la pérdida de activos públicos y privados.
Un clima de paz, estabilidad política y seguridad es necesario para que la economía de un país vaya adelante, pero en Haití ocurre todo lo contrario, una situación agravada aún más desde que a finales de febrero empezó la escalada de la violencia.
Hoy día la inseguridad no tiene precedentes: más del 80 % de Puerto Príncipe está dominado por las bandas armadas, incluidos puertos y aeropuertos, y más de 600.000 armas circulan por el país.
Además de la violencia, otro factor que, según los expertos, influye en la economía, en especial en la inflación, es el flujo migratorio y los desplazamientos internos: en solo quince días de marzo unas 53.000 personas dejaron la zona metropolitana de Puerto Príncipe, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
Todo ello impacta en la economía de un país históricamente con muy poca industrialización y una producción agrícola muy por debajo de su potencial, escasos productos locales y la existencia de grupos que ganan con las importaciones y la reventa y que han dominado y monopolizado puertos y aduanas durante mucho tiempo, junto a un sector servicios actualmente muy pequeño.
Durante casi todo marzo, la actividad en la capital estuvo prácticamente paralizada. En momentos de alta inseguridad como el actual pocos grupos se salvan y, por ejemplo, grandes empresas importadoras fueron saqueadas, lo que también afecta a los exportadores, principalmente dominicanos.
En este tiempo, Haití no ha podido importar a través de sus principales puertos y aeropuertos por la violencia de las bandas, que también controlan varias rutas de entrada a la capital.
Además, Haití no ha sido autosuficiente en alimentos, en lo que influye que el departamento de Artibonite, donde está en gran medida el sector agrícola, esté completamente bloqueado.
En cuanto a la industria, el principal parque industrial del país, Sonapi, está cerrado debido a la inseguridad en sus alrededores.
Los únicos sectores que parecen haber crecido son los relacionados con actividades ilícitas, como las propias pandillas, el negocio del secuestro, la extorsión y la intermediación (de comerciantes y transportes, con la imposición de una especie de peajes) o la importación ilegal de armas.
