Ciudad de México (EFE).- El crimen organizado tiene un impacto directo en los procesos político-electorales en México y controla algunas elecciones municipales, según revela un estudio presentado este martes por las organizaciones Data Cívica, México Evalúa y el medio Animal Político, hacia los comicios del 2 de junio.
El informe ‘Democracia vulnerada: crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México’ toma como base ‘Votar entre balas’, una base de datos que documenta los ataques a personas del ámbito público por parte de grupos de la delincuencia organizada desde 2018, para profundizar sobre las causas y consecuencias de esta violencia.
Como principales hallazgos, el estudio encuentra que el 77 % de las víctimas candidatas o funcionarias, entre 2018 y 2023, corresponden a puestos en el ámbito municipal; 17 % en el estatal, y un 6 % en el federal.
“Este hallazgo reitera que, a pesar de que la estrategia de combate al crimen organizado la encabeza el gobierno federal, el interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras”, se lee en el reporte.
Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad de México Evalúa, destacó durante la presentación del informe que “este es un proceso que se ha intensificado a lo largo del tiempo, como una forma de incidir en la política local”.
“Entre el periodo 2006-2012 se habían documentado aproximadamente 311 ataques, y en el periodo más reciente, si solamente vemos candidatos y autoridades electas, vemos ya 836 ataques en los últimos 5 años. Estamos hablando de casi tres veces más violencia”, advirtió.
No obstante, indicó que es aún más preocupante “la huella que esto está dejando para la democracia y la administración pública en los municipios mexicanos”.
Por ejemplo, señaló que “este tipo de ataques afectan mucho la percepción que los votantes tienen del riesgo que corren de salir a votar, y existe evidencia además de que el crimen organizado busca movilizar o desmovilizar al mismo electorado”.
Al analizar las elecciones de 2018 y 2021, se encontró que los ataques contra actores políticos se asocian con reducción en la participación electoral.
“Por cada autoridad atacada, el porcentaje de participación se reduce en tres puntos porcentuales”, apuntó.
El reporte también señala que cada candidato asesinado provoca una reducción de 1,3 puntos porcentuales en la participación, además de un aumento de casi 1 % en la ausencia de funcionarios de casilla el día de la elección y su sustitución por alguien de la fila para votar.
Por otro lado, Ernesto Núñez, subdirector de información de Animal Político, destacó que los ataques, -que pueden ser asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y ataques armados con víctimas letales-, son solo la parte más visible de esta violencia.
“En lugares donde no hay violencia visible, puede haber injerencia del crimen organizado de manera silenciosa”, lo que puede provocar votaciones atípicas o manipulaciones en las casillas, señaló.
Por lo que, subrayó la importancia “de arrojar luz” a estas prácticas, por ejemplo, en Guerrero, donde a través de testimonios mayormente anónimos pudieron documentar que candidatos han tenido que “pedir permiso a un mando criminal” para hacer campaña.
Finalmente, la periodista Olivia Zerón resaltó que este informe “busca ser un punto de partida” para analizar el impacto de la violencia político-electoral y cómo afecta a los participantes y a las instituciones más allá de las elecciones del 2 de junio.
“¿Qué pasa después en esos sitios donde la violencia ya incidió en los procesos electorales?”, planteó.
El informe concluye que es necesario que se tomen medidas urgentes para la prevención y atención de esta violencia.
“Desafortunadamente, las autoridades permanecen sin ofrecer un plan de protección para las personas candidatas, mucho menos uno de prevención. El reciente protocolo de seguridad para candidatos, emitido por el Instituto Nacional Electoral, no contempla a la gran mayoría de las víctimas: las y los candidatos municipales”, indica.
Hasta el momento, 273 candidatos que han solicitado protección del Gobierno mexicano, según informó este martes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
En los primeros 3 meses del 2024, se registraron al menos 15 asesinatos a candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular, la mayoría en el ámbito municipal, según el último reporte de 'Votar entre balas'.
México se aproxima así a las elecciones más grandes de su historia, donde más de 97 millones de personas están convocadas a renovar unos 200.000 cargos públicos en todo el país. EFE
