Departamento de Estado de EEUU acusa al país de violación a derechos humanos y corrupción

Washington, EEUU.- El Departamento de Estado, de los Estados Unidos, publicó este lunes un informe en donde acusa al Gobierno del presidente Luis Abinader de no tomar medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.

En un llamado "Resumen ejecutivo" del informe, el Departamento de Estado comienza por aludir a funcionarios no castigados responsables de "la expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos de estatus legal, y los abusos de derechos humanos asociados".

Sobre torturas el informe dice que, ¨…aunque la ley prohibía la tortura, las golpizas y el abuso físico, hubo informes de que miembros de la Dirección General de Migración (DGM) y otras fuerzas de seguridad del gobierno sometieron a personas, principalmente personas de ascendencia haitiana, a tratos degradantes y abuso físico ¨.

El texto prosigue con señalamientos muy severos contra funcionarios responsables de "homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno; así como condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad".

Habla de la devolución de refugiados haitianos a un país donde "enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos".

Se refieren también a la "grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica y los feminicidios; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra personas de ascendencia haitiana; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, o intersexuales; y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil".

De igual forma, el informe se refiere a la  prisión preventiva : ¨Muchos sospechosos soportaron una larga prisión preventiva. Un juez podría ordenar una detención que dure entre tres y 18 meses. Según la Oficina Nacional de la Defensa Pública, casi el 60 por ciento de todos los presos se encontraban en prisión preventiva¨

Agregó que, ¨la duración de esas detenciones en ocasiones igualaba o excedía la pena máxima por el presunto delito y, según informes, algunas detenciones duraban años. El tiempo cumplido en prisión preventiva contaba para completar la sentencia.