Santo Domingo,RD.-La Presidencia de la República, a través de su vocero, Homero Figueroa, adelantó que estudia el informe emitido por el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, en donde acusa al Gobierno del presidente Luis Abinader de que no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos, entre otros temas.
Figueroa dijo que están estudiando el informe y responderán en el momento oportuno a través de los canales oficiales apropiados, sin embargo, a nombre del Gobierno, manifestó su asombro ¨ante el tono agresivo e infundado del informe, que no reflejan la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos¨.
Indicó que el Gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos y estan dispuestos a dialogar constructivamente con ¨nuestros amigos sobre cualquier preocupación legítima en esta área¨.
En un llamado "Resumen ejecutivo" del informe, el Departamento de Estado comienza por aludir a funcionarios no castigados responsables de "la expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos de estatus legal, y los abusos de derechos humanos asociados".
Sobre torturas el informe dice que, ¨aunque la ley prohibía la tortura, las golpizas y el abuso físico, hubo informes de que miembros de la Dirección General de Migración (DGM) y otras fuerzas de seguridad del gobierno sometieron a personas, principalmente personas de ascendencia haitiana, a tratos degradantes y abuso físico¨
El texto prosigue con señalamientos, muy severos contra funcionarios responsables de "homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno; así como condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad".
Habla de la devolución de refugiados haitianos a un país donde "enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos".
Se refieren también a la "grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica y los feminicidios; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra personas de ascendencia haitiana; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, o intersexuales; y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil".
De igual forma, el informe se refiere a la prisión preventiva : ¨Muchos sospechosos soportaron una larga prisión preventiva. Un juez podría ordenar una detención que dure entre tres y 18 meses. Según la Oficina Nacional de la Defensa Pública, casi el 60 por ciento de todos los presos se encontraban en prisión preventiva¨ Agregó que, ¨la duración de esas detenciones en ocasiones igualaba o excedía la pena máxima por el presunto delito y, según informes, algunas detenciones duraban años. El tiempo cumplido en prisión preventiva contaba para completar la sentencia
