Santo Domingo, RD.- La oposición política del país espera que en cualquier momento, antes de la elecciones del 19 de mayo, el Ministerio Público (MP) pretenda dar un golpe de efecto, anunciando nuevos sometimientos a la justicia de ex funcionarios y empresarios suplidores del Estado, o en su defecto, informar de acuerdos de delaciones premiadas.
El pasado día ocho de abril, la jueza Franchesca Potentini intimó hoy al Ministerio Público para que presente en un plazo de 15 días la acusación contra los implicados en el caso de corrupción denominado Operación Calamar, en el cual se señala a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otros exfuncionarios.
Aunque no se especificó si son días calendarios o laborables, se asume que ese plazo vence el próximo lunes 29, pero al momento de la jueza intimar la MP el director de la Procuraduría Especalizada de Percusión contra la Corrupción (PEPCA), Wilson Camacho. Adelantó que el llamado caso Calamar habrían nuevos acusados y presentarían pruebas adicionales.
Trascendió que han citado para interrogarlos al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; el exministro de Obras Públicas, Ramón Pepín; el ex administrador del Instituto Agrario Dominicano(IAD), Emilio Toribio, y dos empresarios, uno de ellos Mustafá Abu Naba’a.
Una fuente reveló a 7dias.com.do que Mustafa Abu Naba’a habría llegado a un acuerdo con el Pepca para servirle como testigo en el caso Calamar, a cambio de no ser incluido en el expediente. Este empresario es el mayor suplidor de asfalto caliente del Gobierno, material que se usa para la pavimentación de las calles y carreteras.
Mustafa Abu Naba’a es copresidente de Global Oil Management Group, una empresa petrolera internacional con sede en Florida, que abarca toda la cadena de valor del petróleo, desde el refinado hasta el transporte y la comercialización, tanto a escala nacional como internacional.
Se cree que vinculación de Abu Naba’a con el expediente del caso Calamar tiene que ver con las compras mediante procesos de excepción de hormigón asfáltico caliente (HAC), a casi 40 empresas preaprobadas y contratadas, casi todas por 300 millones de pesos, para un total de más de 11 mil 500 millones de pesos, entre abril y septiembre del 2019, durante la gestión de Gonzalo Castillo frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC.