Jueza SCJ favorece sanción diferente a la privación de libertad para delitos por consumo problemático de drogas

La magistrada Vanessa Acosta Peralta, jueza de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, favoreció un cambio de paradigma y un abordaje distinto a la represión para personas infractoras relacionadas con el uso problemático de las drogas, a fin de encontrar alternativas que les permitan reivindicarse en la sociedad y la familia.

La jueza sostuvo que para el Poder Judicial constituye una gran responsabilidad tener un rol preponderante en la restauración de estas personas y ser copartícipe de esa transformación.

“Nuestra cultura de penalización ha sido un gran obstáculo para ese fin de reinserción y recuperación de la persona que infringe la ley penal, pues se ha considerado la sanción privativa de libertad como la respuesta a la criminalidad”, enfatizó

La magistrada Vanessa Acosta hizo el señalamiento durante su participación en el taller “Sensibilización en género, justicia penal y alternativas al encarcelamiento”, celebrado por el programa Género en el Sistema de Justicia Penal, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la Comisión Interamericana de Mujeres (OEA/CICAD/CIM) y Canadá. 

Acosta subraya que, al dar prioridad a la privación de libertad, se obvian cuestiones importantes como la salud mental y la participación de la víctima en este proceso de recuperación.

Insistió en que las personas privadas de libertad merecen tener la oportunidad de reinventarse y dar un salto cualitativo a su vida.

Apuntó que existen alternativas al encarcelamiento por delitos de drogas que algunos países están implementando, con el objetivo de reducir las tasas de reincidencia, descomprimir los sistemas penitenciarios y ofrecer oportunidad de rehabilitación más efectiva, tomando en cuenta al ser humano.

Expuso que implementar estas alternativas requiere un cambio significativo en la legislación, una mejora en la colaboración interinstitucional y un fuerte compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género.

“El objetivo siempre debe ser tratar la raíz del problema y proporcionar soluciones sostenibles que beneficien la persona y la sociedad en su conjunto”, concluyó la magistrada Acosta Peralta.