Experto seguridad jurídica advierte expediente Bahía de Las Águilas no quedó cerrado con recuperación de áreas playeras

SANTO DOMINGO, RD.- El abogado penalistas y experto en fraudes inmobiliarios y seguridad jurídica, Danilo Lapaix, aseguró el caso de Bahía de Las Águilas No ha concluido porque a la fecha “no hay preso” ni uno de los implicados.

Dijo que esa situación es resultado de un “entramado inmobiliario” que opera en el país con complicidad de autoridades civiles y militares y hasta miembros del Poder Judicial y del Ministerio Publico.

Dijo que sobre ese escándalo, el gobierno solo recuperó los terrenos ocupados y adjudicada ilegalmente, pero aún no ha habido la sanción correspondiente por esos hechos, por lo tanto, consideró que está pendiente la intervención de la máxima autoridad del Ministerio Püblico, la Procuradora General de la Republica, para proceder judicialmente contra quienes se repartieron esos terrenos en violación a las de la Republica Dominicana.

“En la jurisdicción inmobiliaria urbana, entiéndase condominio, torres y casas y los terrenos rurales o de playa hay algo en común y es la complicidad”, agrego.

Expresó que también existe la falta de asesoría, como en los casos de playas “para apropiarse de terrenos ajenos con falsificaciones de acta de nacimiento y defunción, sentencias”.

Al jurista dijo que “en esa falsificaciones existen los que invaden los terrenos con la complicidad de agrimensores abogados algo asiles notarios y muchos casos jueces y militares y policías para hacer ese entramado inmobiliario”.

El doctor Lapaix denunció “en el caso de la jurisdicción inmobiliaria te dan una certificación de inmueble que dura 30 días para determinar el estado jurídico, el estatuto jurídico de ese apartamento de esa casa, y hay casos específicos, no contratan un abogado por no pagarle los honorarios para determinar si ese inmueble está sometido a la ley de condominio, si pagan los impuestos, si tiene impuestos pendientes o si tiene alguna Litis”.

Indicó que en esos casos, muchas veces cuando los afectados acuden a los tribunales civiles a demandar la ejecución de su contrato no se va a la jurisdicción penal, que es la instancia correspondiente.