Federales acusan a ciudadanos dominicanos por contrabando de aves a RD

Un gran jurado federal del Tribunal Federal, Distrito de Puerto Rico, acusó a cuatro individuos con nacionalidad de la República Dominicana de contrabando de aves.

Según documentos judiciales, alrededor del 3 de mayo de 2024, los acusados identificados como Frankluis Carela De Jesús, Waner Balbuena, Juan Graviel Ramírez Cedano y Domingo Heureau Altagracia viajaron juntos en una embarcación sin bandera partiendo de San Juan, Puerto Rico a la República Dominicana.

El propósito del viaje era contrabandear varias especies de aves tropicales a la República Dominicana para obtener ganancias financieras. Cuando la embarcación se encontraba aproximadamente a 30 millas náuticas al norte de Puerto Rico, la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) se acercó a la embarcación, vio a la tripulación arrojar objetos por la borda, detuvo la embarcación y abordó la embarcación.

Varios de los objetos arrojados por la borda fueron recuperados con éxito por la USCG de las aguas del océano y fueron identificados como jaulas de madera que contenían aves tropicales.

Un total de aproximadamente 113 aves muertas fueron recuperadas del océano dentro de las jaulas de madera desechadas por los acusados. Los acusados carecían de licencia para exportar vida silvestre y no declararon las aves tropicales como lo exigen las regulaciones federales que rigen la exportación de vida silvestre.

“Los acusados violaron las leyes que protegen a las aves tropicales y que regulan la venta y exportación internacional de vida silvestre. Cuando se enfrentaron a las autoridades, los acusados intentaron encubrir esos crímenes matando a las aves protegidas arrojándolas al mar mientras aún estaban en sus cajas de madera”, dijo el fiscal federal Muldrow.

Los acusados tuvieron sus audiencias de lectura de cargos y detención hoy ante el juez federal Marcos E. López del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y tres de ellos recibieron orden de detención en espera de juicio.

Domingo Heureau-Altagracia fue puesto en régimen de reclusión domiciliaria. Si son declarados culpables, se enfrentan a un máximo total de quince años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza están investigando el caso.

El fiscal federal adjunto Seth A. Erbe, coordinador de litigios ambientales, está procesando el caso con la asistencia del abogado litigante Patrick Duggan de la Sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia de los EE. UU.