Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República ha provocado un “avispero” con la defensa a los acuerdos a que ha arribado con imputados en casos de corrupción y las acusaciones contra quienes los han cuestionados, entre ellos periodistas y hacedores de opinión pública.
Aunque reconoce, en un comunicado que dio a conocer el domingo, que los ciudadanos tienen derecho a cuestionar las acciones del Ministerio Público, califica de “deshonesto y poco profesional cuestionar al ministerio público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el ministerio público ante los tribunales”.
Garantizó que en los 52 acuerdos suscritos con abogados que defienden igual número de imputados en delitos y que han optado por firmar acuerdos de su culpabilidad, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de ellos han participado personas que estén en su nómina.
Además atribuye la situación a una campaña que estaría siendo financiada con recursos ilícitos. “Estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al ministerio público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos”.
Por parte de los periodistas que se consideran amenazados y afectados por la Procuraduría General de la República figura Julio Martínez Pozo, quien ha criticado de forma particular el acuerdo arribado con el empresario Ramón Emilio Jiménez, que ha llamado el “Mimilaso”.
Martínez Pozo ha emplazado al presidente de la República, Luis Abinader, a que aclare si autorizó ese acuerdo, porque entre otras cosas, establece que Jiménez se compromete a devolver parte de los recursos distraídos al Estado con futuras contrataciones de obras públicas.