El miércoles, todos los ojos estuvieron puestos en Juan José Zúñiga Macías, ex comandante del Ejército boliviano, a quien se acusa de ser el autor material e intelectual de un intento fallido de golpe de Estado. Zúñiga, ratificado en enero del año presente por el presidente Luis Arce, ha sido un personaje polémico tanto dentro como fuera del ámbito castrense.
Conocido por su experiencia en inteligencia militar, Zúñiga no fue uno de los oficiales más sobresalientes en su promoción: ocupaba la posición 48 de 65 oficiales graduados en 1990, según registros de 2020 citados por el diario boliviano El Deber. A pesar de ello, Zúñiga ha mantenido estrechos lazos con los movimientos sociales y sindicatos, lo que poco a poco le permitió granjearse el apodo de “general del pueblo”.
En su trayectoria, Zúñiga sirvió como jefe del Estado Mayor antes de ser comandante del Ejército, y fue sujeto de múltiples acusaciones de corrupción. En 2013, un informe atribuido al suboficial Porfirio Quispe señalaba a Zúñiga como el principal responsable del robo de más de 2.7 millones de bolivianos, fondo destinado al Bono Juancito Pinto (destinado a los niños y niñas de la escuela primaria), la Renta Dignidad (una pensión para mayores de 60 años) y viáticos militares.
El documento, fechado el 28 de noviembre de 2013 y redactado por Quispe, detalla que por órdenes de Zúñiga, Quispe entregó todos los saldos correspondientes a dichos pagos sin saber el destino final de esos recursos. El informe de 2013 que implica a Zúñiga también menciona amenazas contra el suboficial Quispe y su familia.
Estas alegaciones se suman a acusaciones de narcotráfico, lanzadas por el general Luis Begazo, quien fue suspendido sin explicaciones. Begazo acusó a Zúñiga de estar involucrado en actividades ilícitas transfronterizas desde la gestión del expresidente Evo Morales. El propio Morales también señaló a Zúñiga como el ejecutor del “plan negro” en su contra, estrategia que tendría como objetivo desacreditarlo.
Más allá de estas acusaciones, Juan José Zúñiga Macías ha sido vinculado al grupo denominado “Pachajchos”, una red de poder dentro del Ejército que se encarga de tareas de inteligencia y que, según denuncias, facilita el contrabando en las fronteras.
Este grupo, creado durante la administración de Evo Morales, tiene una fuerte influencia al momento de designar destinos de oficiales y es liderado por la cúpula de las Fuerzas Armadas. El ingreso a este grupo es altamente restrictivo, requiriendo el cumplimiento de diversos requisitos. Zúñiga admitió públicamente la existencia del grupo “Pachajchos” y defendió sus actividades en inteligencia militar.
En 2022, el propio Morales acusó a Zúñiga de ejecutar un “plan negro” para desacreditar su imagen, alertando sobre posibles acciones de este grupo contra él y otros dirigentes.
Desde el Gobierno de Luis Arce, se ha negado en repetidas ocasiones la existencia de una estrategia para perjudicar a Morales, quien asegura que Zúñiga habría dado instrucciones a la compañía de inteligencia del Ejército para revisar las pertenencias de quienes podrían haber filtrado información. “Instruyó y no encontró nada,” declaró Morales en septiembre de 2022.
