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Santo Domingo, RD.- Las empresas distribuidoras recibirán este año US$1,500 millones en subsidios, en medio de lo cual sale a flote que el gobierno dominicano tiene en agenda privatizar el servicio eléctrico, un bien estratégico para el desarrollo nacional, proyecto con el que la administración de Edenorte, Edesur y EdeEste al 2026, mediante un proceso de licitación pasarán del público al privado.
En ese sentido, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), tiene listo el proyecto de reforma del sistema eléctrico estatal, con una meta a cuatro años e implica bajar las pérdidas en 19 % y reducir el subsidio a un tercio del monto actual.
La información la ofreció el presidente del CUED y director ejecutivo del Gabinete Eléctrico estatal, Celso Marranzini, quien aclaró que esa labor está a cargo de ese Consejo y no del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que dirige Antonio Almonte.
“Yo vi que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, daba unas pinceladas de un proyecto que, aparentemente se está generando en el MEM. Los que estamos haciendo un proyecto, hasta donde yo sepa, somos nosotros en el Consejo, que es el mandato que yo tengo“, dijo Marranzini en una entrevista en el programa El Despertador, que se transmite por Color Visión.
Indicó que la parte eléctrica fue separada del MEM, “y esa responsabilidad nos toca a los que estamos en el Consejo y a los que están por debajo del Consejo, que son las gerencias de las EDE”.
Sector privado las administrará
Marranzini explicó que en los próximos dos años el CUED trabajará en una serie de acciones para reducir las pérdidas de las EDEs. De manera específica este año le bajarán dos puntos a Edenorte, dos puntos a Edesur y tres puntos a EdeEste, cuyas pérdidas totales pasarían de 38% (actualmente) a 36% al cierre del año, indicó el funcionario.
“Luego, en los años por venir seguirían bajando relativo a un plan que está diseñado.”
Sobre la administración de las EDE, explicó que será a partir de 2026 cuando estarán a cargo de una empresa que sería escogida mediante licitación. “Nosotros vamos a llamar a una licitación de operación y mantenimiento”, dijo el también administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
“Las distribuidoras siguen siendo 100% propiedad del Gobierno y la empresa que gane esa licitación tiene la responsabilidad de cumplir con una serie de indicadores; tendrá su valor agregado de distribución (VAD) establecido, con el que va a ganarse dos, tres o cuatro centavos de VAD”, agregó, para seguir con la aclaración de que esa empresa sería evaluada por desempeño, “porque si no cumple, tendrá al CUED de frente, que le dará seguimiento”.
Mientras se diseñan las bases para la licitación de la administarción de las EDE, el CUED pondrá en marcha un plan estratégico que incluye el diseño de un presupuesto para las tres empresas, así como un plan anual de compras que estará a cargo de las propias distribuidoras con la supervisión del CUED. “Eso se le devolvió a los gerentes, pero el que no cumpla con eso tendrá problemas serios”, manifestó.
Sobre las pérdidas, dijo que en el segundo año deben bajar seis puntos, en el tercer año cinco puntos y en el cuarto año otros seis, con lo que sumaría una rebaja de 17%, más los dos puntos de este año, es decir, que se ubicarían de 38% a 19%.
Así mismo, también el subsidio, que este año es de US$1,450 millones, bajaría a US$500 millones en 2028.
Para eso se requerirá una inversión en rehabilitación de redes por el orden de los US$300 millones anuales. Habrá compra a tiempo de medidores y se reactivará la Procuraduría Contra el Fraude Eléctrico. Incluso, se van a publicar las empresas a las que se les detecte fraude.
Se le solicitará a la Superintendencia de Electricidad (SIE) que publique cada año el detalle del Fondo de Estabilización de la Tarifa (FETE), para determinar qué parte del subsidio anual representa ese monto.
Además, el Plan inlcuye un mayor nivel de transparencia, de forma que cada mes se publique el desempeño de las EDE, para que la población esté al tanto de la forma en que se invierten los recursos.
Para este año el Gobierno tiene presupuestados US$1,450 millones que cubrirán el subsidio al déficit de las empresas distribuidoras de lectricidada (EDE). Sin embargo, Celso Marranzini aclaró que no todo es por deficiencia en la parte de gestión, sino por decisiones políticas que implican, por ejemplo, el suministro permanente de electricidad a sectores que no pagan, así como el hecho de no ajustar la tarifa eléctrica a los valores que demanda el costo de la generación.
En esos dos elementos, dice Marranzini, se van US$800 millones del subsidio eléctrico. Agregó que otros US$150 millones corresponden a la energía que consumen la mayoría de los ayuntamientos y corporaciones de acuerductos que no pagan la facturación correspondiente.
Esto, con el agravante de que no se les puede cortar el suminsitro, porque provocaría apagones del alumbrado público y desabastecimiento de agua. El resto (US$500 millones) sí es de pérdidas por deficiencia.
