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único que blinda la constitución es que no se le toque. Cualquier reforma, aunque sea preñada de buena fe, es iniciar un camino desconocido, en el cual se conoce el punto de partida y hay incógnitas de cómo será el final.
Todas las reformas constitucionales se han hecho como un traje a la medida, para alcanzar propósitos partidistas y cumplir con compromisos políticos. En ocasiones ha sido por el deseo faraónico de seguir en el poder.
La Constitución pone límites en el accionar de los líderes políticos. La Carta Magna habla bien claro por intermedio de sus artículos, los que la violan, son los responsables de sus blanduras y acometimientos.
Cierto, la Constitución en un momento dado tiene que ser reformada para que vaya de acuerdo con las necesidades nacionales, pero ahora mismo no hay condiciones para ello, ni es el mejor momento.
Una proyectada unidad nacional, por lo menos una convocatoria a la concertación, serían líneas muertes y sin respuestas, tan pronto y se someta el proyecto de reforma constitucional.
Nadie podrá impedir las reformas que se hagan, ni evitar que se dé la constituyente. El presidente Luis Abinader tiene todo el poder congresual para hacer sus reformas. La vigilancia seria para que actúe con mucho comedimiento.
El próximo 16, día de la Restauración, será también el momento de las reformas. Lo que se ha divulgado indica que hay interés en institucionalizar el país, en temas que son controversiales y deben quedar claros.
La oposición se va a refugiar en una crítica despiadada a las reformas que hará el presidente. De hecho es seguro que en lo que resta de año sea el tema preferido de los teóricos.
Pero las reformas son inevitables. En la democracia el que tiene mayoría es el que gobierno y pone sobre la mesa las reglas del juego. La constitución no está blindada, sino que es sumamente frágil.
Una de las reformas que nos parece interesante es que el Procurador General de la República sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Desde hace tiempo ese es nuestro argumento, pero con la aclaración de que para que eso ocurre se tiene que modificar la Constitución.
Es preferible que el Procurador sea designado por un decreto a que se lance el oficialismo a una reforma constitucional. Están los votos, pero esa asamblea rompería con la concertación, y un posible diálogo nacional. ¿Valdría la pena ese precio?
