Advierten esfuerzos anticorrupción parecen “haberse esfumado”en México y Brasil

 MEXICO, DF.-A pesar de una ola de casos de corrupción que han ocupado los titulares de los periódicos, la dura verdad es que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han relegado las medidas anticorrupción a un segundo plano en los últimos años, mientras que los votantes se han movilizado menos en torno a la cuestión.

Con unas pocas excepciones -como en Guatemala en agosto pasado- las promesas anticorrupción ya no definen las elecciones latinoamericanas.

Esto es especialmente cierto en los dos países más poblados de la región, Brasil y México, que en la última década mostraron destellos de esperanza a través de investigaciones de corrupción de alto perfil como la Operación Lava Jato.

Sin embargo, más recientemente, han luchado con una corrupción arraigada y una voluntad política limitada para abordar los problemas relacionados.

 En los últimos cinco años, ambos países han enfrentado un camino particularmente problemático en la lucha contra la corrupción, según lo mide el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), copublicado por Control Risks y la Americas Society/Council of the Americas (que publica Americas Quarterly).

El índice evalúa y clasifica a 15 países latinoamericanos en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

En el Índice CCC 2023, la puntuación de Brasil se estabilizó justo por encima del promedio regional, mientras que la de México cayó por cuarto año consecutivo (la próxima edición del Índice CCC se publicará en 2025). En ambos países, la retórica contra la corrupción ha demostrado ser más fuerte que su capacidad para combatirla.

Desde que se lanzó el Índice CCC en 2019, la trayectoria de la región en materia de lucha contra la corrupción ha estado bajo tensión.

 La atención se ha desplazado hacia otros temas, como la pandemia de COVID-19 y la posterior recuperación económica, el aumento de la delincuencia y, en algunos casos, el retroceso democrático.

 Los recientes acontecimientos relacionados con la corrupción ponen de relieve tendencias preocupantes, desde acusaciones de que las investigaciones de alto perfil tienen motivaciones políticas hasta nombramientos clave que corren el riesgo de hacer descarrilar los esfuerzos anticorrupción.

Al mismo tiempo, la colaboración entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y sus homólogos en América Latina sigue siendo sólida. Algunos ejemplos son el Grupo de Trabajo Anticorrupción del DOJ, cuyo objetivo es combatir la corrupción en América Central, puesto en marcha en 2021; y las alianzas entre el FBI y Brasil, Colombia y Ecuador.

Si bien estos esfuerzos demuestran cierto nivel de interés en perseguir penalmente los delitos de cuello blanco, son insuficientes para revertir la tendencia al estancamiento en la lucha contra la corrupción en la región.