Delitos atribuyen a opositor venezolano Edmundo González Urrutia implicarían una condena de hasta 30 años de prisión

Caracas. -Los delitos mencionados en la orden de aprehensión librada la noche de este 2 de septiembre contra Edmundo González incluyen penas que alcanzan hasta 16 años de cárcel y que, sumadas, podrían derivar en una condena de 30 años, la máxima permitida en Venezuela, donde las personas mayores de 70 años solo pueden ser sometidas a arresto domiciliario

Caracas. Por los seis delitos apuntados en la orden de aprehensión solicitada contra Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial por la oposición mayoritaria agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), podrían sumar una condena de hasta 30 años de prisión, la máxima permitida en la jurisprudencia venezolana.

Aunque, si bien el candidato opositor sobrepasa los 70 años, edad hasta la que está permitida la imposición de penas de presidio en Venezuela, este podría ser sujeto de un arresto domiciliario por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia, conspiración, sabotaje a los sistemas electorales y asociación para delinquir.

El artículo 75 del Código Penal establece que “al que ejecuta un hecho punible, siendo mayor de setenta años, no se le impondrá pena de presidio, sino que en lugar de esta y de la prisión se aplicará la de arresto que no excederá de cuatro años”.

En entrevista ofrecida a la WRadio de Colombia por el abogado de González Urrutia, José Vicente Haro, este explicó que en el caso de su cliente están abiertas “todas las posibilidades” en contra, pues no hay parámetros de derecho.

Por su parte, el también jurista Joel García, explicó a Crónica.Uno que los delitos por los que imputan al excandidato están tipificados en distintas leyes vigentes e implican penas que tildó como “gravísimas”, pues algunas alcanzan condenas de hasta 16 años.

A juicio de García, en el caso de González, como en el del resto de los líderes políticos detenidos en el último mes tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, no está garantizado el debido proceso, por cuanto no se les permite una defensa privada, ni acceso a los expedientes o detalles de las investigaciones que cursan en su contra.

La orden de captura contra González Urrutia fue emitida, a menos de una hora de ser solicitada por el Ministerio Público, por el Juzgado primero de Primera Instancia en casos vinculados al terrorismo y firmada por el juez Edward Briceño.

Para García esta orden, que tuvo lugar luego de tres citaciones a declarar no atendidas por el diplomático de carrera, no siguió el procedimiento pertinente. Al respecto indicó que al excandidato opositor debieron citarlo en calidad de imputado y se le debió pedir comparecer a la Fiscalía con su abogado defensor para rendir declaración, a lo que tenía derecho a negarse, a tenor de lo que establece el artículo 49, numeral 5 de la Constitución.

Edmundo tiene dos opciones: una, ponerse a derecho ante el tribunal que lo está requiriendo, en este caso es el primero de control con competencia de terrorismo, ponerse a derecho allí, acompañado de su abogado defensor; o dos, no ponerse a derecho y mantenerse así, solicitado, perseguido, buscado”, señaló.

En este sentido, el abogado destacó que “cualquier persona, no vamos a poner el calificativo opositor, sino cualquier persona, tiene el derecho de designar su abogado de confianza, y si no lo tuviese, el Estado tendría la obligación de proveer uno”.

Aclaró que a los detenidos tras las elecciones cuyos resultados oficiales -ampliamente cuestionados y tildados de fraudulentos- dieron como ganador a Nicolás Maduro, no se les ha permitido que puedan designar su defensor. El abogado consideró que esto es “violatorio al derecho a la defensa y en consecuencia al debido proceso y a los derechos humanos”.

Aunque, hasta la fecha , el propio González Urrutia no ha reaccionado a la orden de detención en su contra, las respuestas que señalan como una persecución este hecho dentro y fuera de Venezuela no se hicieron esperar.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), expresó en redes sociales su “preocupación” por la orden de aprehensión que se emitió ayer y reiteró su llamado a la transparencia electoral de los comicios que la oposición asegura que ganó González Urrutia y cuyos resultados pormenorizados aún no han sido publicados por el Poder Electoral.