Empresario intima Congreso para que interpelen funcionarios dice violan la Constitución y sentencias TC

En el Día Internacional de la Democracia Carbone aboga para que se haga honor a ese precepto tan importante para las sociedades

SANTO DOMINGO, RD.- El empresario canadiense Antonio Carbone solicitó formalmente al Congreso Nacional que investigue e interpele a funcionarios administrativos y judiciales por obstaculizar la ejecución de una sentencia que ordena la devolución de sus bienes.

Mediante acto de alguacil, Carbone emplazó a ambas cámaras legislativas, la del Senado y la de Diputados, alegando que no ha logrado recuperar su patrimonio de más de 580 millones de dólares pese a gestiones ante diversas instancias gubernamentales, incluyendo la Presidencia de la República, la Procuraduría General y el Ministerio de Hacienda.

La solicitud se fundamenta en los artículos constitucionales 93,94 y 95 que facultan al Congreso a fiscalizar acciones gubernamentales e interpelar funcionarios. 

Carbone cita la sentencia TC/0367/2021 del Tribunal Constitucional, que establece la devolución de objetos secuestrados no sometidos a decomiso.

Pidió la intervención inmediata del Congreso para investigar los desacatos a la Constitución y sentencias, así como a los funcionarios que violan nuestras leyes.

“Hoy es el Día Internacional de la Democracia y en un país donde no se respeten las ordenanzas de la ley de leyes no se puede hablar de una democracia plena”, aseguró el inversionista.

El empresario también llamó la atención de los congresistas sobre las presuntas irregularidades en el sector del juego, mencionando operaciones ilegales con las que supuestamente estafan a turistas en casinos del país.

Este caso ha atraído atención internacional, con Carbone afirmando que autoridades estadounidenses e Interpol están investigando el engaño a los extranjeros mediante el juego que está prohibido por resolución.

La solicitud de interpelación marca un nuevo capítulo en la disputa legal de Carbone por recuperar sus bienes en República Dominicana, cuestionando el cumplimiento de sentencias judiciales y la supervisión legislativa sobre el ejecutivo.