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SANTO DOMINGO, RD.- Probablemente una gran parte de los dominicanos, para no decir todos, apostaron a que los casos de corrupción atribuidos a varios funcionarios de pasadas gestiones de gobierno no sobrevivirían las imputaciones consignadas en cada expediente instrumentado por el Ministerio Publico.
Para sorpresa de la ciudadanía solamente al finalizar el 2023 se produjo una sola condena a los sometidos en los grandes casos de corrupción administrativa de funcionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Imputados en conocidos casos como Anti pulpo, Medusa, Coral y Calamar lograron que de prisión preventiva se les cambiara a prisión domiciliaria y luego a presentación periódica, entrega de garantía económica e impedimento de salida del país.
En el año que termina, el Ministerio Público esperaba sentencias condenatorias para los involucrados en los diferentes procesos, pero no se materializó esa aspiración de la parte acusadora.
El primer caso en ser enviado a juicio de fondo es Antipulpo, el martes 7 de febrero, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dictó auto de apertura a juicio contra los implicados entre ellos están Alexis y Carmen Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina.
No todos los involucrados en este caso fueron enviados a juicio de fondo en la sentencia de la audiencia preliminar, ya que algunos encartados recibieron condenas de 5 años y juicio penal abreviado, a razón de que estos pactaron con el Ministerio Público.
Es el caso del exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, quien accedió a declararse culpable. Por dicha razón, el exfuncionario fue condenado a cinco de años de prisión, bajo la modalidad dos años cumplidos y tres suspendido. Asimismo, Pagán se comprometió a devolver más de RD$ 50 millones en bienes y efectivo.
El juez Peguero también acogió los acuerdos con los imputados Lewyn Ariel Castillo Robles, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Julián Esteban Suriel Suazo.
Castillo Robles obtendrá una suspensión penal, pero le advirtió que, de no cumplir con lo acordado, la decisión sería revocada y volvería a la etapa preliminar.
Pagán y Suriel Suazo obtuvieron el juicio penal abreviado por declararse culpables y por devolver propiedades y dinero en efectivo.
Este caso empezó el 29 de noviembre de 2020, con los apresamientos y allanamientos por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que incluyó a 27 personas físicas y 21 compañías.
El expediente incluye el delito de enriquecimiento ilícito por supuestamente tráfico de influencias entre los años 2012 y 2020, práctica ilegal que habría conllevado la sustracción de RD$ 4 mil 796 millones de los fondos públicos al obtener contratos millonarios espurios con diversas instituciones oficiales.
Actualmente, es conocido por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La continuación del juicio de fondo fue fijado para el 8 de enero del 2024 a las 9:00 de la mañana.
Otro caso enviado a juicio de fondo fue Operación Coral, por la magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha 10 de julio del año en curso.
El Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas (30 físicas y 18 jurídicas), quienes son procesadas por presuntamente defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Los encartados fueron arrestados en abril del 2021, en donde se realizó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
El juicio de fondo de Operación Coral, lo está conociendo el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quien pautó la próxima vista para el 16 de enero del 2024 a las 9:00 de la mañana.
El caso Medusa que explotó en los medios de comunicación en junio del 2021, involucra a un total de 41 personas y 22 empresas, incluyendo al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez.
A los implicados se les acusa de formar parte de una red de corrupción, donde se manejó más de RD$ 6 mil millones en sobornos, en el período del 2016 al 2020.
Este proceso se encuentra en audiencia preliminar a cargo del juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la audiencia esta aplazada hasta el 29 de diciembre.
En declaraciones recientes de la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), manifestó que los procesos judiciales para los primeros meses del 2024 se esperan condenas de los casos judiciales.
Otra gran caso de corrupción que quedará para el año 2024 es el llamado Operación Calamar, que tiene como principal imputado al exministro de Hacienda Donald Guerrero. También se encuentra sometido en este expediente José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia del gobierno de Danilo Medina.
Según el documento, Donald Guerrero utilizó una estructura compuesta por Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo, a través de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, dependencia del Ministerio de Hacienda encargada de regularizar y fiscalizar las bancas deportivas, loterías y el uso de las tragamonedas.
El pasado día 20 de diciembre la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, aplazó la audiencia de prorroga del plazo a la investigación por parte del Ministerio Público contra los implicados en caso Calamar.
La magistrada tomó la decisión a raíz de que la imputada Ana Linda Fernández Paola, quien se dializa tres veces a la semana, no pudo presentarse a la audiencia.
En este mes de agosto, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la Suprema Corte de Justicia dispuso que además de dejar sin efecto la condena impuesta al empresario Ángel Rondón y el exfuncionario Víctor Díaz Rúa hace tres años por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la Suprema Corte de Justicia ordenó la devolución de todos los bienes que les habían decomisado.
Los bienes incautados a Rondón eran las sociedades accionarias de la empresa Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa SRL con registro nacional de contribuyente 1-01-62007-2 junto a todos los bienes muebles e inmuebles y los productos financieros que estas registren en entidades de intermediación financieras y de valores, nacionales y extranjeras.
En el caso de Día Rúa, le deben ser devuelta una propiedad en Casa de Campo, en La Romana; el yate "Balbie", un apartamento ubicado en la torre Caney en Bella Vista, Distrito Nacional, las sociedades Albox, Radio-Difusora Sky Land e Inversiones Monttoba, así como varias cuentas en pesos y dólares del Banco de Reservas a su nombre.
Rondón y Díaz Rúa, únicos imputados que recibieron condenas, ahora libres
Rondón y Díaz Rúa eran los únicos de los 14 imputados inicialmente en el caso de corrupción Odebrecht, pero hoy, la Suprema Corte de Justicia dio a conocer la sentencia que los absolvió. El alto tribunal falló a un recurso de casación que sometieron sus abogados. La sentencia tiene fecha del 31 de julio del 2024.
La alta corte concluyó que ni con respecto a estos dos imputados, el Ministerio Público pudo probar su acusación de corrupción, soborno, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Un tribunal de primera instancia los condenó a ocho y cinco años de prisión, aunque se mantuvieron en libertad condicional. Luego, la Corte de Apelación le ratificó la condena, pero en casación la Suprema emitió el fallo a favor de los procesados.
Con esta decisión, el caso judicial Odebrecht, que comenzó en mayo de 2017 con el arresto de 14 funcionarios, empresarios y abogados, alcanzó la cosa irrevocablemente juzgada.
El expediente comenzó luego de que la constructora brasileña Odebrecht admitiera que pagó más de 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos para alzarse con las obras del Estado.
En el fallo, los jueces que integran la Segunda Sala Suprema Corte, Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, determinaron que el Ministerio Público no demostró el destino del dinero con el que fueron estafados funcionarios dominicanos, es decir, imputó a Rondón de ser el encargado de repartir el dinero del soborno como representante de Odebrecht en el país, sin embargo, no demostró quién o quiénes recibieron tales sumas
